Jorge Gandini, León Morelli y Leonardo Nicolini: tres legisladores en la mira de la Justicia Penal

«Mis afirmaciones no fueron ofensivas (…) no hay negociación posible», dice a LA REPUBLICA Jorge Gandini, quien enfrenta hace tres anos una demanda por difamación e injurias entablada por el secretario de la Comisión Administradora del Mercado Modelo, y quien además deberá enfrentar otro juicio, también por difamación e injurias, esta vez emprendido por el ex director de Turismo de la IMM, Benjamín Liberoff, que fue acusado por Gandini de quedarse con plata de la administración varios anos después que la Justicia absolviera a Liberoff de toda acusación.

«No tengo información (…) no me interesa hacer ninguna declaración», dijo por su parte León Morelli, acusado desde 1995 por presunta conjunción del interés personal con el público en la compra y posterior reventa de un inmueble de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

«A mí que me procesen (…), yo quiero que la Justicia investigue al grupo de personas que trabajó para su provecho personal durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle», desafía por su lado Leonardo Nicolini, acusado de incurrir en difamación e injurias al cuestionar aspectos de la compra de equipamientos para el Estado mediante los créditos blandos de la institución espanola Fomento de Comercio Exterior, la recordada FoCoEx.

De prosperar las causas judiciales, Gandini y Nicolini podrían enfrentar penas que van de cuatro meses de prisión a tres anos de penitenciaría; al tiempo que Morelli podría ser penado con prisión de dos a seis anos.

Los tres legisladores perderán sus fueros a partir de la medianoche del 14 de febrero, horas antes de la jornada del martes 15 de febrero, fecha en que de acuerdo a la Constitución de la República serán investidos de sus respectivos mandatos parlamentarios los senadores y los representantes que resultaron electos en las elecciones nacionales del pasado 31 de octubre.

Gandini: «No fui ofensivo» El por ahora senador nacionalista Jorge Gandini fue acusado el 24 de julio de 1997 por el secretario de la Comisión Administradora del Mercado Modelo (CAMM), ingeniero Etanislao Chiazzaro, de incurrir en los delitos de «difamación» e «injuria» previstos por los artículos 333 y 334 del Código Penal. Además fue acusado por Benjamín Liberoff de incurrir en difamación e injurias contra su persona por atribuirle delitos de los que la Justicia lo había absuelto.

Gandini había acusado a Chiazzaro en un programa de radio emitido el 10 de julio del mismo ano de depositar en su cuenta personal el porcentaje que se descontaba a los trabajadores del Mercado para financiar la policlínica. Gandini se basó en un informe del Tribunal de Cuentas. El error de Gandini radicó en que el informe del Tribunal se refería a un secretario nacionalista de la CAMM que había actuado durante la gestión del Partido Colorado, y que ya había sido destituido y procesado.

Chiazzaro acusó a Gandini de delitos previstos para «el que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público» (artículo 333) y para «el que fuera de los casos previstos en el artículo precedente, ofendiere de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud o el decoro de una persona» (artículo 334).

«Los delitos precedentes», agrega el subsiguiente artículo 335 dedicado a las circunstancias agravantes, «serán castigados con un aumento de un sexto a un tercio de la pena, cuando se cometieren en documentos públicos, o con escritos, dibujos o pinturas divulgadas públicamente o expuestos al público».

Cuando se cometió el delito que derivó en el procesamiento del secretario de filiación nacionalista, el ingeniero agrónomo Etanislao Chiazzaro, con 25 anos de trayectoria profesional, se desempenaba como director general del Censo Agropecuario, un cargo en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al cual había sido designado por el entonces ministro Alvaro Ramos, el líder y fundador del sector político al que, precisamente, pertenece Gandini.

«A los funcionarios les retienen un dinero, el tres por ciento, para la policlínica de funcionarios, y en vez de depositarlo en una cuenta del Banco República, se deposita en la cuenta personal del senor Chiazzaro», dijo Gandini en el programa de radio del 10 de julio. El mismo día, el entonces diputado y ahora senador presentó una carta al intendente Mariano Arana pidiendo la renuncia de todos los directivos de la CAMM. La misma pretensión fue expresada en varios muros montevideanos mediante pintadas firmadas por el grupo político de Gandini, quien por entonces era uno de los más encarnizados detractores del gobierno comunal frenteamplista.

Chiazzaro había sido designado como secretario de la CAMM el 25 de julio de 1995. Las irregularidades reveladas por el informe del Tribunal de Cuentas se referían al ejercicio comprendido entre el 1o. de enero de 1992 y el 31 de julio del mismo ano. Del dinero correspondiente a la policlínica, senalaba el informe, «7.175 pesos fueron depositados en la cuenta número 53 de Cofac a nombre del senor Héctor Mori, según consta en boleta de depósito número 959.324, en tanto 25.941 pesos ‘se documentaron’ en recibos no firmados».

La denuncia de Chiazzaro contra Gandini fue presentada el 24 de Julio de 1997 ante el Juzgado Penal de 7o. Turno a cargo del magistrado Pedro Hackenbruch. Cuatro días después, el 28, la fiscalía letrada en lo Penal de 3er. Turno estimó conveniente dar lugar a las pruebas presentadas por Chiazzaro y trasmitió al juez la conveniencia de solicitar ante el Poder Legislativo un pedido de desafuero de Gandini, trámite que Hackenbruch inició el 1o. de setiembre. El día 4, Gandini había presentado un escrito de descargo. El juez dio vista a Chiazzaro, quien ratificó su denuncia. El Parlamento, sin embargo, se negó a conceder el desafuero.

Consultado por LA REPUBLICA acerca de los dos casos judiciales que lo tienen por protagonista, el senador Gandini fue tajante: «Mis afirmaciones no fueron ofensivas. Más allá de que yo deje de ser legislador el 14 de febrero, mis afirmaciones fueron hechas en esa calidad, y por lo tanto, esta nueva condición no cambia aquella circunstancia».

El diario plural insistió en indagar su postura frente a los dos casos judiciales en los que está involucrado: «?Puede haber algún acercamiento suyo con esas personas que lo acusan para que no prosperen las demandas?».

«No, para nada», fue la lacónica respuesta que dio Gandini y agregó: «Cada uno puede ejercer los derechos que cree que tiene y la Justicia será la que determine a quién asiste la razón. Estas cosas no se negocian. Básicamente no se negocian porque son actitudes políticas. Aún el recurso de utilizar la Justicia es una actitud política. Por lo tanto no hay negociación posible».

Morelli: «Sin comentarios» Los estrados judiciales saltenos aguardarán a partir del próximo 15 de febrero al diputado, no reelecto, León Morelli, para que responda ante el juez letrado Dardo Nievas, quien subrogó al magistrado Alvaro Franca el ano pasado, sobre las irregularidades ocurridas durante su gestión como presidente en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y el «negocio» inmobiliario realizado con la adquisición de una casa, propiedad del organismo binacional que presidía.

Como se recordará el actual diputado no reelecto por el Herrerismo había efectuado la compra de una casa propiedad de la CTM en 22 mil dólares vendiéndola al día siguiente en la friolera de 65 mil dólares. Manipuló en la oportunidad para su compra el man
tenimiento del dólar al precio de seis meses antes, lo cual reducía sensiblemente la tasación del bien. El negocio inmobiliario y otras irregularidades cometidas durante su gestión fueron denunciadas por LA REPUBLICA en su edición del 5 de marzo de 1995. Ello tuvo como consecuencia la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, la cual, al comprobar las denuncias, resolvió pasar los antecedentes a la Justicia.

Por su parte el contador Morelli inició un juicio penal a LA REPUBLICA del cual su director, doctor Federico Fasano Mertens, fue sobreseído y el caso archivado.

La Suprema Corte de Justicia resolvió que era el Juzgado Letrado de 4o Turno, el que debería tener competencia en el caso, derivando al mismo los antecedentes del «affaire Salto Grande». El doctor Alvaro Franca, quien era en ese momento el titular de la sede, solicitó a la Cámara de Representantes el levantamiento total de los fueros en dos oportunidades. La rama baja parlamentaria sólo autorizó un desafuero parcial para que el contador Morelli pueda concurrir a la sede y ser interrogado sobre la venta de la vivienda B2 del Barrio San Martín, que el diputado herrerista adquirió a precio muy bajo a la CTM y que vendió al día siguiente ganando 44 mil dólares.

Dicho procedimiento no satisfizo al magistrado salteno, quien reiteró su pedido a la Cámara, reclamando un levantamiento total de las inmunidades parlamentarias de que goza Morelli. Era pretensión del entonces juez Franca que Morelli compareciera en su despacho en calidad de indagado y si cupiera, iniciar acciones procesales.

«Si lo que se pretende es viabilizar la función judicial se debe hacer lugar a lo oportunamente impetrado. Proceder de otra forma consistiría en contradecir lo resuelto por el Poder Legislativo en cuanto entendió conveniente dar cuenta al Poder Judicial (refiriéndose a la competencia penal) de lo actuado por el senor legislador, para que se pronuncie respecto de la eventual comisión de un delito penal por su parte. Actuar en otro sentido no resultaría explicable al tenor de la conducta asumida en primera instancia», fundamentó el juez en la reiteración del pedido de desafuero.

Lo resuelto por la Cámara –autorizándolo a concurrir al Juzgado pero no desaforándolo–, según le hacía constar Franca en aquella oportunidad al Parlamento, «limita la actuación de la Sede, puesto que el legislador concurrirá con fueros, no como un ciudadano más ante una instancia penal como indagado».

Menciona «las consiguientes connotaciones que ello (el mantenimiento de fueros) implica», ya sean «psicológicas así como objetivas por cuanto si (Morelli) considerare del caso no colaborar, el juez no dispondría de ningún medio para evitar una eventual inconducta, la necesidad de imponer la incomunicación conforme al art. 127 del CPP, a efectos de disponer medidas instructorias urgentes, así como evitar frustración de diligencias (art. 124 CPP). Todo lo senalado le está vedado a la Sede».

En las esferas judiciales indicaron a LA REPUBLICA que el juez Franca «quería a Morelli sin inmunidades, como a cualquier ciudadano común. Franca reclamaba su presencia ante la Sede en calidad de indagado. La razón es que si el magistrado insiste en tenerlo en su sede penal, sin fuero de tipo alguno y atento al expediente, es para una eventual iniciación de acción procesal por el negocio inmobiliario que hizo en contra de Salto Grande. De acuerdo al expediente se haría notoria la conjunción del interés personal con el público».

Sin embargo la comisión parlamentaria consideró que la reiteración del juez «no agregaba elementos nuevos» que ameritaran el desafuero total de Morelli. Ante ello el doctor Franca solicitó al Poder Legislativo se le comunique el momento en el cual el diputado Morelli cese en sus fueros para poder proceder en consecuencia. Esta instancia deberá ocurrir el próximo 15 de febrero, oportunidad en que el Parlamento deberá comunicar al Juzgado Penal de 4o Turno de Salto el cese de los fueros del contador Morelli.

El tema ya había surgido en la interna herrerista a la hora de confeccionar las listas de candidatos. Una «piedra en el zapato» había configurado para el sector la inclusión del diputado León Morelli como candidato a la Cámara de Representantes por Montevideo. Al más alto nivel herrerista se discutió, en forma muy reservada, que‚ hacer con el ex presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, cuya imposición en la lista a la rama baja parlamentaria encontraba resistencias, debido a las cuentas pendientes del legislador con la justicia saltena.

Fuentes vinculadas al lacallismo comentaron a LA REPUBLICA que había quienes objetan su presencia en los primeros lugares de la lista oficial del sector por Montevideo. Sin embargo, Lacalle fue terminante en tal sentido e impuso a Morelli en la lista principal para que saliera diputado y no perdiera sus fueros que lo salvaguardaban de la acción judicial. Eso fue sin saber que dicho sector tendría tan menguada votación en la capital y que finalmente Morelli quedaría excluido del Parlamento.

El hecho había instalado discrepancias al más alto nivel herrerista puesto que, para intentar mantenerle sus fueros, hubo que darle un sitial en la lista que desplazó a dirigentes con mayores méritos políticos que el contador Morelli, los cuales no estaban dispuestos a resignar su posición para que éste eluda enfrentar a la Justicia.

Una fuente confiable del sector dijo a LA REPUBLICA que «el tema fue discutido muy reservadamente y entre unos pocos. Varios consideraban que Morelli no merecía una ubicación tan preferente.

No tuvo una gran labor parlamentaria, no goza de grandes simpatías, no tiene votos y encima tiene el `affaire Salto Grande’, que no prestigiaba precisamente ninguna lista. Al darle el cuarto lugar en la lista varios quedaron molestos y algunos con razón».

«Lo que ocurre» –agregó el informante– «es que Lacalle no quiso dejar de a pie a un viejo amigo como fue siempre Morelli. `Leoncito’, como lo llama el Cuqui, le dio una buena mano cuando Lacalle era joven, recién se iniciaba como abogado y no tenía gran clientela. Luis Alberto, que siempre lo defendió a muerte, no sabe qué va a hacer con él ahora que queda fuera del Parlamento y que va a tener que enfrentar a la Justicia.

De acuerdo al expediente podría el juez tipificar la figura de conjunción del interés personal con el público y podría caberle un procesamiento».

Concluyó el informante que antes de las elecciones «le fueron a plantear el tema, pero Lacalle dijo que era un tema ya definido y rememoró el acuerdo existente en la elección anterior, cuando se unificaron las listas de Montevideo que apoyaban al sector. En esa oportunidad los primeros cuatro lugares se reservaron para Jaime Trobo, Gustavo Penadés, Gustavo Borsari y León Morelli, quienes se mantuvieron junto a Lacalle en las horas más difíciles. Ese acuerdo iba a ser mantenido fue la respuesta terminante que les dio el «Cuqui» cuando algún `dolorido’ le fue a reclamar por el lugar de Morelli».

A pesar de todos los esfuerzos de Lacalle el contador Morelli quedó sin fueros y deberá entonces responder ante la justicia penal de Salto, cuya sede está a cargo del doctor Dardo Nievas, quien procedente de Young, subrogó al doctor Alvaro Franca, quien fue ascendido al designarlo como titular del Juzgado 16o de la ciudad de Montevideo.

Se aguarda con gran expectativa la actuación del doctor Nievas, quien deberá esperar, luego de concluida la Feria Judicial Mayor, que el Parlamento le comunique el cese de los fueros del diputado León Morelli. Así podrá convocarlo para que responda por los hechos de corrupción ocurridos durante su gest
ión al frente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Consultado por LA REPUBLICA respecto a la actitud que va a asumir después del 15 de febrero, León Morelli se negó a formular comentarios: «No tengo ninguna información y no digo nada. No sé si esto está terminado o no. No sé nada. Si no sé lo que va a pasar, no sé lo que voy a hacer. No tengo ningún otro comentario. No me interesa hacer ninguna otra declaración».

Nicolini: «Ratifico mis dichos» El lunes 10 de junio de 1996, todos y cada uno de los integrantes del Honorable Directorio del Partido Nacional se presentaron ante la Justicia Penal y formularon una denuncia por «difamación e injurias» contra el diputado Leonardo Nicolini, quien dos días antes, el sábado 8 de junio, había sido el protagonista de una entrevista de dos páginas publicada en el suplemento de un diario capitalino. Hubo «un grupo de personas que trabajó en provecho propio» durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, dijo Nicolini en la entrevista. La afirmación, que giraba en torno al manejo hecho en Uruguay de los préstamos blandos otorgados por la institución espanola FoCoEx, le valió la denuncia penal que dispararía inagotable polémica en medios parlamentarios.

Los jueces Enrique Moller, Washington Balliva, Luis Charles y William Corujo y los fiscales Cristina González, Célida Basso, Margarita Ferrando y Carlos García Altolaguirre son sólo algunos de los representantes del Poder Judicial que intervinieron en una larga querella que se extendió con la presentación de otras dos denuncias, también contra Nicolini

La segunda denuncia surgida tras la actuación de los integrantes del Honorable Directorio se concretó el 16 de julio mediante un escrito firmado ante la Justicia por Walter Estellano (el recordado «comisionista» de FoCoEx).

Una tercera denuncia se radicaría ante la Justicia el 24 de julio del mismo ano por cuenta y firma de Julio Macedo, un médico por entonces director de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Nicolini había entregado el 9 de julio a una comisión investigadora de la Cámara de Representantes las fotocopias de dos faxes que involucrarían al entonces Secretario de la Presidencia del gobierno Lacalle, el publicista Pablo García Pintos, y al doctor Julio Macedo, en las presuntas irregularidades que habrían sido cometidas en el manejo de los préstamos FoCoEx.

Las distintas causas judiciales iniciadas contra Nicolini fueron clausurando –la Justicia determinó que las fotocopias impedían aseverar la auténtica existencia de los faxes– o sus actuaciones quedaron obstruidas por falta de pruebas o terminaron aplazadas en el tiempo por los desafueros que el Parlamento negó.

Sí fue votada por blancos y colorados una inédita moción y Nicolini estuvo «suspendido» como diputado durante seis meses, sanción sin antecedentes en la historia parlamentaria uruguaya.

El único avance del período fue obtenido por un fiscal que constató irregularidades administrativas en la ejecución de un préstamo. «Yo ratifico todos mis dichos; a mí que me procesen», dijo Nicolini en entrevista con LA REPUBLICA y acusó: «Durante el gobierno Lacalle hubo un grupo de personas que trabajó en provecho propio. Y por eso quiero ser sometido a juicio oral y público: para que la Justicia investigue. El pueblo ya decidió y le sacó 200 mil votos al partido de Lacalle. Ahora ya es tiempo de que la Justicia investigue si fueron ciertos mis dichos o no».