La estrategia de Vázquez es conocer la verdad para construir la concordia

El primer duelo fue al retorno de la democracia, junto a las denuncias que se realizaron en el Parlamento y otros ámbitos, pero que finalmente culminara con la aprobación, por parte de la mayoría de la ciudadanía, de la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Impunidad).

En estos días las denuncias sobre torturas, vejámenes, crímenes y otras violaciones a los derechos humanos han cobrado nueva fuerza, por parte de actores conocidos y otros no tanto, con la diferencia, en relación al primer duelo, que el tema ha sido reflejado con amplitud por todos los canales de televisión.

En este marco ha tenido particular importancia mediática, además de política, la presencia del doctor Tabaré Vázquez, Presidente de la República. Sus palabras han sido seguidas con suma atención por la población, la que está muy atenta al rumbo que va tomando el acontecer. En los medios radiales y televisivos, así como en la prensa escrita y en Internet, sectores importantes de la ciudadanía –en su gran mayoría desde el campo progresista– están expresando su sentir, que tiene mucho de control social sobre las autoridades de gobierno y los miembros de las Fuerzas Armadas. Es así que los gestos visuales y orales del presidente Vázquez están siendo permanentemente evaluados, en relación a la marcha de la búsqueda de la verdad. Es, además, una evaluación exigente, aunque muchas veces carece de un análisis histórico.

 

Los primeros pasos de una única postura

La pregunta que muchos se hacen es si Vázquez tiene un rumbo, una estrategia y si ha dibujado en su horizonte un final para el tema de los derechos humanos. Una rápida mirada sobre el pasado permite asegurar que el Presidente de la República está mostrando coherencia, en cada uno de los pasos que está dando.

Si tomamos como punto de arranque el último Congreso del Frente Amplio (20 y 21 de diciembre de 2003) encontramos que la moción de derogar la Ley de Caducidad tuvo 569 votos, contra 746, por lo que fue desechada. A esa votación se llegó luego de un debate profundo entre el senador Eleuterio Fernández Huidobro (a favor de mantener la ley) y el profesor Hugo Cores (por derogar la ley). Esa votación determinó todo el accionar de Vázquez, una vez en el gobierno, en materia de derechos humanos, al dejar vigente la ley.

El 5 de febrero de 2004, en el acto aniversario del FA, Vázquez dijo que desde el gobierno «vamos a respetar esa Ley de Caducidad, pero vamos a exigir el cumplimiento de toda ley, fundamentalmente del artículo cuarto que establece que tenemos que conocer qué ha pasado con los ciudadanos presos, desaparecidos, adultos y niños hasta el último, y no descansaremos hasta saber qué ha pasado con cada uno de estos ciudadanos».

A la vez exigió a quienes promovieron esa ley (voto amarillo) que «no hagan de ésta un chicle para tratar de introducir en ella circunstancias, casos o personas que no están contempladas en esa Ley de Caducidad». Incluso, en materia de lealtades, se colocó en una actitud equidistante al manifestar: «Lealtad institucional hacia el pueblo de un lado, lealtad institucional hacia el pueblo del otro». En otras palabras: aceptar la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, por un lado, y realizar todas las investigaciones que fueran necesarias para conocer la verdad, tal como lo establece el artículo 4º.

A ocho meses del acto electoral, cuando aún la campaña electoral no había comenzado, Vázquez se atrevió a establecer definiciones contundentes: «Me resisto a creer que podamos asumir que el Estado uruguayo mandató a militares a raptar a una joven mujer embarazada (María Claudia García de Gelman) para robarle a su niña y matarla después, no puede ser que esto lo haya hecho el Estado uruguayo, esto no lo ampara la Ley de Caducidad. Me resisto a creer que haya alguien que piense que la Ley de Caducidad puede amparar a quienes mataron al Toba y a Zelmar. Y me resisto a creer que haya quien diga que esta ley de impunidad protege a los civiles cuando realmente esta Ley de Caducidad no los protege». Con esto último, de un solo tajo, habilitó a la Justicia a que juzgue a personajes como Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, entre otros civiles.

 

Un paso adelante: la búsqueda de los cuerpos

El 15 de marzo de 2004, LA REPUBLICA publicó una entrevista que le realizamos a Tabaré Vázquez en la ciudad de Artigas, con Bimbo Depauli, de TV LIBRE. Allí reafirmó la idea de respetar la Ley de Caducidad en su totalidad, con el agregado de que su intención es saber dónde están los cuerpos para después «dar vuelta la página». «Cuando digo el tema de los derechos humanos, digo conocer el paradero de los ciudadanos uruguayos detenidos-desaparecidos, menores y adultos. Saber no sólo lo que ha pasado con ellos, sino también saber dónde están sus cuerpos, pero también el compromiso de que una vez superada esta instancia dar vuelta la página, y todos los uruguayos juntos mirar hacia adelante, y cuando digo todos los uruguayos digo civiles y militares». Incluso no descartó una nueva consulta a la ciudadanía para «cumplir con el artículo 4º de la Ley de Caducidad, cumplir con ese artículo y dar vuelta la página con este tema».

En esos dos meses que van del Congreso al aniversario del FA, Vázquez no sólo confirma la resolución de no desconocer la Ley de Caducidad y la aplicación estricta del artículo 4º, sino que propone saber dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Asimismo se para ante la sociedad convocando a civiles y militares a «mirar hacia adelante». Comienza así a exponer la idea de dar vuelta la página, sin la necesidad de que haya castigo, a excepción de los casos de María Claudia García, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y los civiles responsables de la violación de los derechos humanos. Si bien no hay una propuesta de reconciliación, hay sí una propuesta de convivencia, después de conocida la verdad, entre los actores del período dictatorial.

 

«Nunca más hermanos  contra hermanos»

En 1º de marzo de 2005, desde la explanada del Palacio Legislativo y ante una multitud desbordada de emoción, el presidente Vázquez reafirmó todo lo dicho anteriormente, pero agregó que de inmediato se ingresaría a los batallones 13 y 14, porque «queremos saber qué pasó, qué pasó con estos ciudadanos, si están o no enterrados allí; si están serán recuperados, serán identificados, sus restos serán entregados a sus familiares y si no están, tendremos que saber por qué no están y dónde están, qué pasó con ellos».

La idea de la convivencia o de la concordia civilizada, una vez conocida la verdad y la suerte sobre los restos de los desaparecidos, la volvió a replantear en nuevos términos: «Se publicará lo que se sabe, se publicará lo que se conoce, no con el fin de alimentar odios, no con el fin de llevar a nadie frente a la Justicia, fuera de lo que establece la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sino para que –uruguayas y uruguayos– lo que pasó nunca más en el Uruguay, nunca más, nunca más hermanos contra hermanos, uruguayas y uruguayos», dijo.

«Para nosotros no entran dentro de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado ni el caso de la nuera del poeta Gelman, ni las muertes de Zelmar Michelini ni de Gutiérrez Ruiz. Pero asimismo –uruguayas y uruguayos– de la misma manera, porque madres son todas madres, quienes han sido madres y quienes han deseado ser madres, padres son todos padres y quienes han querido ser padres o han sido padres, hermanos son todos hermanos, uruguayos somos todos uruguayos, y a todos nos duele cuando perdemos seres quer
idos, el gobierno promoverá rápidamente, sin distinción de clase alguna, la reparación de todas las víctimas de los hechos acaecidos en aquellos terribles años que tanto hirieron y dividieron a la sociedad uruguaya, de todos, de todos, uruguayas y uruguayos.

Es imperioso saldar cuanto antes y de la mejor manera esta rémora del pasado, y claro que lo podemos hacer, entre todos lo podemos hacer, porque el Uruguay somos todos, porque todos juntos vamos a poder, porque todos queremos vivir en paz, todos queremos vivir en Justicia, porque tenemos que encarar el futuro que las uruguayas y los uruguayos reclaman y merecen, y entre todos seguro que lo vamos a poder hacer, para que la paz real, la concordia, todos los uruguayos juntos iremos hacia ese futuro, para que nuestros hijos, para que nuestros nietos tengan mejores tiempos que los que nos han tocado vivir a nosotros, para que nuestros antepasados, desde vaya a saber dónde se enorgullezcan de lo que hicimos en este presente histórico», agregó para que no quedaran dudas de sus intenciones de una salida en conjunto.

 

Juicio y castigo, la estrategia es otra

El 18 de agosto Clarín, a través de su corresponsal uruguayo en Montevideo, anunció que Tabaré Vázquez preparaba una amnistía para el próximo 10 de diciembre, una vez que se escribiera un libro sobre los desaparecidos. La reacción del Presidente de la República no se hizo esperar: «No es cierto que esté previsto ningún tipo de planteo de amnistía, ni mucho menos, que lo fuéramos a hacer el 10 de diciembre de este año. Eso es absolutamente falso. En ningún momento se manejó ni en el seno del gobierno, ni con las Fuerzas Armadas de nuestro país, la posibilidad de un planteo de amnistía», dijo. También reafirmó que se respetaría en todos sus términos la Ley de Caducidad.

De todo lo expuesto por Vázquez desde diciembre de 2003 a la fecha, no se desprende la necesidad de la amnistía, entre otras cosas porque la Ley de Caducidad contiene en su seno un cierto tipo de amnistía. La única amnistía que Vázquez podría promover sería sobre aquellos casos –García de Gelman, Michelini, Gutiérrez Ruiz, Bordaberry y Blanco– que el mismo Presidente los desenganchó de la Ley de Caducidad. Por eso mismo su malestar con la información de Clarín, parece justa y creíble.

La respuesta de Vázquez tuvo otra arista, por cierto bastante polémica. Fue cuando señaló que en nuestro país «todos los uruguayos somos responsables, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad». Agregando: «Yo no comparto la hipótesis de que hubo buenos y de que hubo malos», porque «lo que debemos de una vez por todas es comprender que esta etapa hay que aclararla, hay que cumplir con lo que establece la ley, hay que cumplir con el artículo 4º de la misma y que nunca más vuelva a pasar entre uruguayos, que no se enfrenten nuevamente hermanos contra hermanos».

Otra vez, como en las intervenciones anteriores, existe la intención del Presidente de crear un clima de convivencia o de concordia con miras al futuro. Clima que, por otra parte, es el que le ha facilitado que los militares estén proporcionando información, cosa que no ocurría con otros gobiernos que en la mayoría de los casos –Jorge Batlle puede ser, en algún aspecto, la excepción– alertaban con mala intención a los uniformados sobre un proceso que podía terminar en una verdadera «cacería» de militares violadores de los derechos humanos o sospechosos de ser violadores. El reconocimiento institucional del segundo vuelo y del asesinato de dos militantes comunistas por la Fuerza Aérea, son hechos de un impacto político trascendente y de largo aliento, ejemplo de los éxitos que se han ido logrando.

Esta estrategia de priorizar el diálogo con el instituto militar y sus componentes a través de los mandos, es lo que puede explicar el desliz que tuvo cuando dijo que no comparte que hubo «buenos» y «malos» y que «todos somos responsables», buscando con esas palabras que su relacionamiento con los militares no se viera interrumpido, justo en el momento en que aseguraba con energía que no iba a establecer ningún tipo de amnistía.

Lo cierto es que Vázquez avanza en materia del esclarecimiento de los derechos humanos bajo algunas premisas que seguramente no están conformando a todos, pero que han mostrado ser funcionales en el momento de conocer la verdad: a) respeto integral de la Ley de Caducidad, b) búsqueda de los restos óseos de los desaparecidos, c) dar vuelta la página para construir la convivencia entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil.

La estrategia de Vázquez es para conocer la verdad, pero también para construir la concordia y el rencuentro. Su estrategia no pasa por el juicio y castigo masivo, pero necesita que aparezcan los restos de algunos de los desaparecidos o se sepa realmente lo que pasó con ellos y que se haga justicia sobre aquellos casos que no están protegidos por la ley.

Si para algunos sectores la política del Presidente presenta limitaciones, éstas hay que ir a buscarlas a aquel día que triunfó el voto amarillo y se confirmó la ley. Si la ley no se hubiera plebiscitado, las actuales mayorías parlamentarias seguramente ya habrían derogado la ley.

Quizás una vez conocida la verdad, reconstruida la historia de los desaparecidos, se presente el momento de que el instituto militar pida perdón, pero «no debemos poner la carreta delante de los bueyes», alertó el Presidente. *