BCU reconoce "negligencia" en los controles al Banco Comercial de los hermanos Röhm

Chemical Overseas Holdings Inc., Credit Suisse First Boston y Dresdner Bank Lateinamerika AG, entregaron –el pasado viernes– los documentos del proceso arbitral del cual estas instituciones financieras y el Estado uruguayo fueron parte, al Juzgado de Concursos de 1er. Turno.

Estos documentos sirvieron de base a los árbitros para que decidieran la irregularidad cometida por el Estado uruguayo al no cumplir con el acuerdo de febrero de 2002, en lo que respecta a sus obligaciones.

Recordemos que el Estado se vio obligado a pagar a los ex accionistas extranjeros del BC US$ 128 millones, incluyendo intereses, costas y costos, esto tras el fallo unánime del tribunal.

Acerca de esto, documentos presentados resultan coincidentes con los resultados de las investigaciones llevadas adelante por la Justicia penal de nuestro país, ya que no hay prueba alguna de que los directores de los bancos accionistas conocieran o hubieran participado del fraude.

Luego de analizar la prueba presentada por el Estado uruguayo, el tribunal arbitral determinó, que a pesar de que éste había inicialmente hecho acusaciones de conductas dolosas, no las especificó, no las probó y, finalmente, las dejó de lado.

 

Acusaciones «de lado»

El laudo establece que el Estado uruguayo «no encaró estos temas en su contestación, en la audiencia arbitral o en su Memorando Post-Audiencia. En consecuencia, el Tribunal toma por desistidos estos temas», señala.

Cabe destacar que estos documentos, los cuales incluyen innumerables copias de comunicaciones internas entre los bancos, muestran la perplejidad frente al hallazgo del fraude de los Röhm, en enero de 2002, además de revelar una inexistente falta de información en los primeros días posteriores a la confesión de José Röhm.

También ratifican la forma cómo se fueron conociendo poco a poco los datos del fraude, eso gracias al trabajo minucioso de la Justicia, a través de los investigadores forenses y auditores. Un punto trascendente del arbitraje, es que el Banco Central del Uruguay (BCU) «reconoció» que había cometido errores en el control del BC.

La investigación administrativa interna que realizó el BCU y que el Estado uruguayo presentó sólo en forma parcial, agregando unas pocas hojas (de la 03221 a la 03224 que figuran en el Anexo 149 de los Reclamantes), identificó una amplia serie de problemas, incluyendo faltas «de personal en los grupos inspectivos, así como carencias en la ‘supervisión a distancia’, en la ‘adopción de medidas sobre incumplimientos detectados’, en la ‘evaluación del trabajo de los auditores externos’, en la ‘coordinación con otras áreas del Banco’ y en la propia ‘normativa bancocentralista'».

 

Responsabilidades «de lado»

Dicha investigación interna también concluyó que hubo responsabilidad por la «ausencia de controles» sobre la operativa de banca privada de BC, por parte de los jerarcas a cargo de la supervisión del mismo.

La investigación encontró «demora» y «falta de coordinación» en «el traspaso de la supervisión entre los grupos inspectivos», «incumplimiento de la frecuencia estipulada para las evaluaciones globales» del BC, «desactualización y subutilización de los manuales de procedimientos existentes» y «demoras o ausencias de decisiones sobre reclasificaciones de determinados riesgos», llegando a catalogarse como una «omisión grave».

Otra de las revelaciones del informe muestra que el acceso que los servicios del BCU tuvieron a la información del BC fue permanente.

Recibieron, pidieron, analizaron, solicitaron aclaraciones, hablaron con los auditores externos e hicieron numerosas verificaciones, pero supuestamente no detectaron el fraude que los Röhm estaban perpetrando en BC.

En las audiencias, parte del personal del BCU aseguraron que «todos los diferentes grupos inspectivos de la Superintendencia están a cargo de supervisar en el lugar y a distancia» a los bancos y que «todos los diferentes grupos verifican la información».

 

Experto contratado por el Estado era «inexperto»

Explicaron además que para llevar a cabo el extenso procedimiento de evaluación global (Padul), los equipos inspectivos «recogemos toda la información que necesitamos».

El proceso incluye «conseguir y analizar la información e ir al banco y entrevistar a la gente, y preparar un análisis», así como «validar el trabajo de los auditores externos».

La forma en que se cuestionó la veracidad de los dichos de Steven Butler, el testigo experto que el Estado uruguayo presentó para justificar que los bancos accionistas, aún sin haber participado en el fraude, podían haber incurrido en omisiones, fue revelada por la Justicia civil.

El citado expediente dice que Steven Butler no había examinado directamente la mayoría de la prueba del caso y que sus opiniones se habían basado mayoritariamente en las opiniones de terceros.

El documento donde se ilustran los interrogatorios a dicho testigo muestran que Butler reconoció que ni siquiera había leído la mayoría de los libros del banco, la documentación del mismo o hasta la declaración de directores locales de Banco Comercial.

También reconoció que no era abogado ni economista, que no era experto en la regulación ni en la economía uruguayas y que nunca había venido a Uruguay o tenía experiencia alguna con nada relacionado con Uruguay. *