Ejecutivo esbozó su política energética y desestimó las críticas de la oposición

Con la presencia del ministro de Industria Jorge Lepra, el subsecretario Martín Ponce de León y los directorios de UTE y Ancap, el Poder Ejecutivo desarrolló ante los integrantes de las comisiones de Industrias, Hacienda y Asuntos Internacionales del Senado sus principales lineamientos de trabajo. Se dejó en claro que ante la emergencia energética que ha vivido el país se optó por, en primer lugar, garantizar un respaldo energético al país de manera de poder afrontar el invierno de 2006 con tranquilidad. El equipo energético no dejó pasar la ocasión para recordar a los senadores blancos y colorados que cuando asumió el gobierno «todos los informes técnicos advertían sobre la profundidad de la crisis energética» que se estaba viviendo que de prolongarse la sequía que se soportaba en ese momento, se entraría en situación de falla, es decir, con cortes de energía que podrían superar el 30%. La situación finalmente se superó gracias a un cambio climático, lo cual «hizo posible que se adoptara el mecanismo de convocar a la compra de las centrales de generación mediante una licitación internacional».

Los representantes del Ejecutivo pusieron énfasis en que «se heredó una crisis estructural en el sector eléctrico fruto de la ausencia de una política de Estado en la materia y ante el fracaso de la apuesta deliberada a resolver las insuficiencias con la inversión privada».

El Directorio de UTE fue muy claro al señalar que una vez resuelta la urgencia con la instalación de 200MW antes del próximo invierno a lo que debe sumarse la permanencia de los contratos de abastecimiento con Argentina de 150MW y los de Brasil por 70MW, en el mediano plazo se instalará una planta de ciclo combinado de 400MW ( cuya construcción insume un período nunca menor a 24 meses) y además se ampliará la interconexión con Brasil a, por lo menos, 500MW.

 

¿Porqué no hay una central?

Todos los uruguayos nos hacemos la misma pregunta. Para el Directorio de UTE o no dispone el país de una nueva central como consecuencia «de una política errática del gobierno de Batlle» que comenzó por intentar repotenciar la Central Batlle, licitación que no logró interesar a ningún privado». Pero continuó con la llegada del gas natural a nuestro país que «se da en el marco de una inconveniente operación para el Estado; que consistió en la intervención del Poder Ejecutivo para que Ancap y UTE aseguraran la rentabilidad del negocio a las multinacionales propietarias de los pozos de producción de gas en Argentina y el transporte y distribución del mismo en nuestro país». Luego, a comienzos de 2001 y en una inconsulta decisión de Batlle «se resuelve convocar a una licitación para que empresas privadas se hicieran cargo del negocio. La licitación traspasaba al privado todos los beneficios en cuanto al precio del gas que habían conseguido las empresas públicas. Como si esto fuera poco se le aseguraba el pago de potencia instalada y de potencia generada, es decir, se les pagaba aunque no se consumiera energía de las mismas. Esta decisión no contó con respaldo alguno ni en los técnicos, ni en el propio Directorio de UTE. El escribano Scaglia polemizó públicamente con Batlle sobre este asunto en El Espectador.

 

Las máquinas duales

También se refrescó la memoria de los presentes, sobre todo de los integrantes del Partido Nacional que cuestionan la actual licitación de los dos generadores, que la idea original proviene de la anterior administración que publicó el pliego de licitación el 21 de diciembre de 2003 y sobre finales de 2004 y conocido el resultado electoral se resolvió (en consulta con las autoridades electas) dejar este tema en manos del Directorio que designaría el nuevo gobierno. «La necesidad de incorporar máquinas duales (las mismas que hoy están en la licitación del actual Directorio de UTE) fue reconocida por el anterior Directorio presidido por el Esc. Ricardo Scaglia y el Poder Ejecutivo de entonces (integrado por el hoy senador Alfie) que autorizó a UTE a adquirir las máquinas que hoy se están licitando. La decisión de UTE fue respaldada por las autoridades del Gobierno electo. Por lo tanto, los legisladores conocían esta decisión que fue ampliamente difundida por la prensa a pocos días del resultado electoral», se afirmó en Comisión.

También se informó que en un contundente alegato jurídico el Dr. José Alem Deaces despeja las posibles dudas al respecto. Su escrito repasa desde el respeto a todas las disposiciones del Tocaf hasta la cantidad de empresas que compraron el pliego.

«..puedo afirmar que el proceso se tramitó con absoluta normalidad cumpliendo en debida forma con lo establecido en el Tocaf».

«…Además de la publicidad que tuvo el pliego que permitió que seis empresas de diferentes países lo adquirieran, estudiaran y consultaran, el plazo original de presentación de oferta fue prorrogado para facilitar la presentación de los posibles oferentes».

«…Por tanto no puede existir hasta el momento, desde el punto de vista legal ninguna duda respecto a la corrección del procedimiento».

Con este fundamento del gerente de la División Jurídica de UTE respondió a los cuestionamientos de tipo legal presentados para la licitación ya adjudicada y a las críticas por no dedicarse a la central de ciclo combinado, la cual, se aseguró, «una vez concluido el capítulo de búsqueda de respaldo para el próximo invierno, será encarado a fin de dotar al país de la generación de energía que el país necesita y el gobierno anterior no pudo proporcionarle». *