Dos empresarios fueron a prisión por apropiarse de aportes de trabajadores
El viernes 5 de agosto el magistrado encargado del juzgado penal de 9º Turno decretó el procesamiento con prisión de dos personas que conformaban una sociedad empresarial.
La resolución no habría significado un hecho demasiado relevante si el motivo de la causa hubiese sido otro: es que esta decisión constituye el primer procesamiento con prisión de empresarios que tras cobrar los aportes de la seguridad social a sus empleados retenían los montos sin volcarlos a las arcas del BPS.
El monto de la apropiación indebida llegó a 270 mil dólares correspondientes a los aportes que deberían haberse realizado en los años 2003 y 2004. La denuncia contra los empresarios fue presentada por el BPS el 4 de febrero de 2005.
Ernesto Murro, presidente de esa institución estatal, dijo a LA REPUBLICA sentirse «muy satisfecho» por la resolución judicial, ya que en el primer semestre de este año el BPS presentó más de 90 denuncias penales por la misma causa. El jerarca recordó que en el año 2000 el organismo elevó 74 denuncias similares ante la Justicia sin encontrar la misma respuesta.
Entre las medidas adoptadas por el nuevo directorio en sus primeros cuatro meses de gestión para disminuir los niveles de evasión, Murro indicó que el BPS «empezó a reestructurar el área de gestión de cobro vía judicial de modo que hemos creado un servicio especial para este tema. Además de modificar el sistema de presentación de escritos ante los jueces. Lo que otorga mayor precisión al accionar del banco en esta área» .
Aumentó recaudación del BPS
Por otra parte, el director aseveró que durante el primer semestre del 2005 se registró un incremento del 11,2% de la recaudación del BPS en comparación con los recursos propios del banco en igual período del año anterior. Asimismo se continúan detectando incrementos en el número de cotizantes, es decir de trabajadores que aportan a la seguridad social.
Murro atribuyó este aumento en las arcas del BPS como consecuencia en parte a la coordinación de acciones con la Dirección General Impositiva y al cruce de información entre los organismos impositivos, así como a «la sensación general de que ahora se están haciendo las cosas en serio». *
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