Vázquez recibirá a ex presos políticos
El próximo lunes la Asociación de Ex presos Políticos del Uruguay Crysol presentará al presidente Tabaré Vázquez un proyecto de ley jubilatoria que ampara a todos los ex presos políticos, exiliados y a quienes vivieron en clandestinidad durante la dictadura cívico militar.
La entrevista entre el primer mandatario y una delegación de representantes de Crysol está pautada para las 14.00 horas en el Edificio Libertad.
El proyecto de ley que será presentado al Presidente ampara a todas aquellas personas que puedan demostrar, en base a las pruebas prevalecientes en el sistema jurídico del país, que se vieron perjudicadas por el accionar del Estado con fecha anterior a la establecida para la formalización del gobierno de facto, es decir al 27 de junio de 1973.
En tal sentido, abarca a las personas que entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 se encontraron exiliadas, detenidas, permanecieron en la clandestinidad, y a quienes como consecuencia de haber padecido alguna de las situaciones precedentes se vieron impedidos de acceder a un lugar de trabajo o fueron arbitrariamente despedidos del mismo.
Así como a aquellos que eran estudiantes, no habían ingresado al mercado laboral, estaban desocupados, trabajaban por cuenta propia o lo hacían de manera informal.
Prevé considerar un período anterior al 9 de febrero de 1973 si la persona perjudicada puede probar que padeció alguna de las situaciones mencionadas durante el mismo.
Por otra parte, establece una jubilación mínima de seis salarios mínimos. Y fija que los fondos necesarios para la aplicación de la norma sean obtenidos de Rentas Generales.
El proyecto también crea una Comisión Especial, integrada por siete miembros que representarán al Ministerio de Trabajo, al BPS, al Ministerio de Economía y Finanzas, a Crysol, a la Comisión del Reencuentro, al PIT-CNT, y al Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (Sedhu), para analizar los casos de los aspirantes a beneficiarse con esta norma.
Desde la asociación se destacó que el proyecto de ley está orientado «a superar las fallas y carencias de la mezquina Ley 17.449, promovida y aprobada por el gobierno del doctor Jorge Batlle», que permitió computar como trabajado el período de prisión, de exilio y de clandestinidad a los efectos jubilatorios y pensionarios. *
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