Regula el trabajo honorario en relación al Plan de Emergencia

La Cámara de Diputados aprobó ayer la ley de voluntariado social

Si bien todos los sectores del Partido Nacional habían apoyado el proyecto con salvedades en la Comisión de Desarrollo Social de Diputados y había sido aprobado en el Senado con la única excepción de Enrique Antía, tras un cuarto intermedio realizado durante la sesión de la mañana de ayer, los oponentes marcaron sus diferencias y se desmarcaron del resto de la bancada.

El proyecto busca evitar «una sobrecarga de requisitos, una excesiva burocratización, que termina inhibiendo, más que fomentando, la participación social voluntaria», de acuerdo al informe presentado por la diputada frenteamplista Silvana Charlone (Espacio 90).

Se limita el texto a regular exclusivamente a los voluntarios que actúen en forma directa o a través de organizaciones sin fines de lucro en programas de las instituciones públicas.

La norma impide que los voluntarios de organizaciones con definiciones políticas o religiosas realicen proselitismo. También se aclara que los servicios voluntarios no pueden sustituir empleos formales o evadir obligaciones de los trabajadores.

También se definió que el trabajo voluntario no generará derechos para el ingreso a la función pública.

«Se trató de plasmar que el accionar del voluntariado social es de carácter altruista y solidario, sin búsqueda de fines ulteriores, que no debería generar expectativas ni méritos en el ingreso a la función pública», expuso Charlone en su informe.

La legisladora reconoce que el proyecto se reduce a regular el voluntariado vinculado a instituciones públicas dado que «abarcar el tema en toda su generalidad hubiera implicado postergar lo que consideramos especialmente relevante en la coyuntura: la necesidad de colaborar en mitigar la emergencia social y de canalizar, dentro de un marco legal, la vocación solidaria de miles de compatriotas». El diputado Cardoso manifestó su desconfianza con el texto ante la posibilidad de que pueda generarse un aparato político que sea una prolongación del Estado, al tiempo que advirtió que es «la antesala de la regulación del voluntariado privado». Por su parte, el diputado frenteamplista Edgardo Ortuño, tras señalar el respaldo que los nacionalistas dieron en el Senado al proyecto, opinó que «lo único que explica» el rechazo manifestado por los tres legisladores blancos «es una especie de reflejo de oposición».*

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