DGI presentó denuncia contra Consorcio Ruta 1

En la víspera, luego que se cumpliera con la rescisión definitiva del contrato entre el MTOP y Consorcio Ruta 1 para la construcción del puente sobre el río Santa Lucía y la doble vía Montevideo-Libertad, funcionarios de la cartera continuaron las acciones correspondientes a la toma de posesión de las obras y el peaje por parte del Estado.

Con esa finalidad se prosiguieron los trámites para que la Corporación Vial del Uruguay gestione el peaje de Santiago Vázquez. Lo que motivó que durante toda la jornada, y presumiblemente por uno o dos días más, el tránsito a esa altura de la Ruta 1 sea libre de costo.

A la vez, los empleados del mismo solicitaron a los conductores «una colaboración voluntaria para la olla popular»; al respecto el ministro Víctor Rossi dijo en el programa Mundo Cañón de 1410 AM LIBRE, que ello era parte «normal» del accionar de los trabajadores organizados ante situaciones de este tenor, y subrayó que estos mantendrán sus puestos laborales.

Por otra parte, en la mañana de ayer el director general de Rentas, Eduardo Zaindesztat, informó que «la DGI presentó, ante la sede penal correspondiente, una demanda judicial contra Consorcio Ruta 1 por defraudación tributaria».

Los adeudos de Consorcio Ruta 1 con la Impositiva ascienden a 4.5 millones de dólares, a los que deben sumarse los 20 millones de deuda atribuidos por el organismo a Américo Gualtieri, quien fuera uno de los accionistas mayoritarios de la empresa. Ambas circunstancias ya permitieron embargos a sus titulares por parte de la DGI.

Consultado respecto a las acciones emprendidas por Rentas, Rossi aseveró: «Hace bien en procurar defender los intereses del Estado desde su lugar, como nosotros lo hacemos desde nuestro lugar».

Además, en referencia a las causas de la denuncia presentada por la impositiva y a la rescisión de contrato, el ministro afirmó que «esto es un ejemplo de lo que no debe pasar más en el país». Para lo cual cada organismo estatal debe «cumplir su rol».

 

Juicios contra y de Consorcio

Ayer se inicio un juicio arbitral que determinará el monto que el MTOP debe abonar a la empresa como resarcimiento por la cancelación del contrato. Fuentes ministeriales explicaron que ello se debe a que «la cantidad invertida en obras supera lo recaudado por el peaje». A su vez, el MTOP cobrará la garantía de 8.5 millones de dólares depositada por Consorcio.

Por otra parte, Rossi dijo no tener dudas respecto a que la empresa presente demandas contra el Estado. Sin embargo, afirmó estar «muy tranquilo porque cumplimos con todos los pasos legales y así lo entendieron la Justicia y el Tribunal de Cuentas en varias ocasiones».

En relación a esta eventualidad, voceros de Consorcio dijeron a LA REPUBLICA que «es imposible quedarse quieto. Está en manos de los abogados de la empresa». El monto pecuniario de la demanda rondaría los 30 millones de dólares, cantidad aproximada que habría recaudado de continuar con el contrato hasta su término en el 2016.

Asimismo, afirmaron que esta se debe a que la rescisión «fue de manera unilateral, no fue porque no alcanzamos un acuerdo en la cifra de resarcimiento. Se estaba conversando. Incluso había una reunión prevista para mañana (por hoy). Nos tomó por sorpresa». Respecto a las observaciones diarias realizadas por los inspectores del MTOP que señalaron durante un mes la paralización de las obras del tablero central por carencia de acero, preguntaron «¿quien va a invertir 300 mil dólares en acero cuando el ministro dice todos los días que te va a echar?». A su vez, aceptaron la existencia de una larga lista de acreedores, pero no carecer de créditos para adquirir el material. Y aseguraron desconocer la demanda presentada por la DGI. *