Argentina y Uruguay intentan superar diferendo ambiental

El grupo técnico binacional se instalará el miércoles 3 de agosto y tendrá 180 días para pronunciarse sobre el grado de contaminación de ambas fábricas, que será de alto impacto, según estima el gobierno argentino, contra la posición de Montevideo que estima que estará en límites razonables.

En medio del conflicto están cuestionados 8.000 puestos de empleo y las dos mayores inversiones en la historia de Uruguay, una de 1.000 millones de dólares de la papelera finlandesa Botnia y otra de 700 millones de dólares de la española Ence. Las plantas se construyen cerca de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro.

El objeto del estudio conjunto «es proteger la calidad de vida de nuestros ciudadanos, desarrollar económicamente a nuestra región y mejorar el actual medio ambiente y la calidad de las aguas del río Uruguay», dijo el comunicado de los cancilleres Rafael Bielsa, de Argentina, y Reinaldo Gargano, de Uruguay, al decidir la instalación del grupo técnico.

Pese al acuerdo con el gobierno uruguayo para realizar la evaluación técnica, Bielsa criticó el jueves último que se prosiga la instalación de las papeleras y proclamó que insistirá en la detención de las obras porque teme la contaminación del río.

«El pedido de paralización de las obras ya ha sido efectuado y Argentina se reserva el derecho de ejercer todos los medios para insistir porque las obras no se han paralizado», dijo Bielsa en Gualeguaychú.

«No nos cambie la vida por dólares, Presidente Kirchner», «No a las papeleras, Sí a la vida» y «No a la destrucción, a la muerte, a la contaminación», rezaban las pancartas que llevaban los vecinos de la ciudad, de 100.000 habitantes, que recibieron con abucheos y silbatinas al canciller.

Los manifestantes reclaman que las conclusiones del grupo técnico binacional sean obligatorias para las partes, extremo no acordado por los cancilleres.

Buenos Aires elevó su protesta, alegando desconocimiento del impacto ambiental de las fábricas, presionado por el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Busti, el primero en alertar de las eventuales consecuencias ambientales negativas.

Busti movilizó a la población contra las plantas de celulosa desde el año pasado, cuando aún se gestionaba su instalación ante la administración del anterior presidente uruguayo, Jorge Batlle. Sus gestiones incluyeron una entrevista con Tabaré Vázquez, a pocos días de su asunción el pasado 1º de marzo.

Autoridades de las sucesivas administraciones han acusado a Busti de oponerse a las inversiones en Uruguay después de que Botnia descartó instalarse en Entre Ríos, y han argumentado que en Argentina funcionan plantas de celulosa de tecnología obsoleta que producen alta contaminación.

El subsecretario uruguayo de Medio Ambiente, Jaime Igorra, recordó días atrás a la agencia francesa AFP que «Argentina tiene cinco plantas papeleras, tres en Misiones y dos en Santa Fe, sobre el río Paraná. Antiguas plantas que seguramente por su proceso deben ser contaminantes».

Aseguró que Botnia no contaminará y dijo no entender a los argentinos, «salvo que ellos piensen que nuestras plantas van a ser tan antiguas como las que están allí para tener estos temores», y reflexionó que tal vez «alguien supone que por no instalar estas plantas en Uruguay las podrá conseguir para otro lado».

La posición de Busti fue apoyada por grupos ambientalistas de Argentina y Uruguay, que han provocado reiterados y masivos cortes del puente binacional San Martín sobre el río Uruguay, entre Fray Bentos y Gualeguaychú, en protesta contra las papeleras.

Uruguay, según el vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino, «ha incumplido con el Tratado del Río Uruguay, por el que debió informar de las características de los proyectos de las plantas, cosa que han negado permanentemente, tanto el gobierno como las empresas».

En medio del debate, Argentina pidió al Banco Mundial (BM) que suspendiera los créditos a la empresa Botnia hasta tener el estudio de impacto ambiental, hecho que enturbió las relaciones con Uruguay.

Gargano dijo en Buenos Aires que el problema lo resolverá precisamente el BM, que realizará su propio estudio ambiental, «y se va a acabar el problema». El BM adelantó que informará a Argentina de los resultados del estudio.

El ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana, intervino en la polémica al asegurar que ambas plantas cumplirán todas las normas de preservación ambiental, y se ajustarán a las normas exigibles por la Unión Europea desde 2007.

Ese extremo «llevará tranquilidad no solamente a todos nuestros compatriotas (…) sino también a aquellos que están río por medio en la República Argentina», expresó Arana. *