El gobierno rompe con la filosofía "mediática" y "marketinera" de la seguridad ciudadana

Si uno analiza la gestión de algunos de los últimos ministros del Interior (Juan Andrés Ramírez, Luis Hierro y Guillermo Stirling) encuentra varias similitudes. Todos ellos tuvieron en común una marcada sobreexposición mediática. Fueron de los ministros más entrevistados, más proclives a convocar a la prensa. Esa actitud les representaba en lo inmediato no sólo visibilidad sino una buena imagen personal. No es casualidad que los tres fueran  sin éxito- candidatos o precandidatos presidenciales. No pretende esta breve reflexión analizar las razones de los respectivos fracasos, quizás sí afirmar que es posible encontrar causas inherentes a sus perfiles y otras heredadas de los déficits de gestión de las administraciones que formaron parte y que pagaron ellos.

Fueron años en que se habló mucho de seguridad ciudadana pero, ¿qué aconteció en verdad en ese largo período?

El balance no puede ser más penoso. Como en pocos períodos de la historia de la democracia uruguaya creció la inseguridad, como nunca antes estalló el fenómeno de las polibandas (acción concertada de policías y delincuentes cuyo producto, más de 6 millones de dólares, nunca apareció) que aterrorizó a la población, aumentaron a niveles alarmantes los hurtos, arrebatos y rapiñas, se superpoblaron las cárceles, en fin, un panorama desolador.

Los datos estadísticos no son de izquierda ni de derecha, ni blancos, ni colorados ni frenteamplistas, son datos. Desde 1985 a nuestros días los estudios y los registros son contundentes, nos indican que todos los indicadores del delito, en sus más variadas expresiones, se incrementaron sin cesar. Más, se multiplicaron por diez en casi todas las modalidades.

¿Cuáles fueron las líneas de acción de esos gobiernos?

Por un lado, a partir de una visión lineal y obsoleta del fenómeno de la inseguridad, se promovió un endurecimiento del Código del Proceso Penal: a mayor número de delitos mayor rigor en las penas y eliminación de la posibilidad de excarcelación anticipada en ciertos casos.

Por otro, se puso en marcha un costoso proyecto de seguridad ciudadana, monitoreado desde el Ministerio del Interior, orientado a identificar los problemas y elaborar las soluciones.

Hoy, diez años después, ni la aplicación de un código más severo, ni la ejecución de los 25 millones de dólares que insumió el proyecto de seguridad ciudadana, trajeron tranquilidad y seguridad a los uruguayos.

 

Diagnósticos y marketing o el marketing de los diagnósticos

En forma paralela al alud de diagnósticos, cifras y proyecciones, a que nos vimos sometidos un día tras otro los uruguayos a través de una cuidada operación mediática, los delitos crecieron, la inseguridad se instaló.

Por desgracia se debe concluir que el Estado dilapidó recursos, se preocupó más del marketing que de transitar con seriedad hacia soluciones. Hubo diagnósticos sobre diagnósticos sin que se visualizaran los cambios. No creemos equivocarnos si afirmamos que el proyecto de seguridad ciudadana fue además de una demagógica operación de marketing, una grosera expresión de la peor variante del clientelismo político partidario, aquel que lucra con la necesidad de la seguridad del ciudadano común.

No hubo autocrítica y hoy los mismos que trajeron estos lodos, lanzan el grito al cielo ante la propuesta legal del gobierno de transformar el sistema carcelario en un sistema correctivo y no en un depósito de deshechos humanos o en una escuela de aprendizaje del delito.

¿Quién puede calificar de casual el principal titular del diario El País del lunes 25 poniendo en boca del ingeniero argentino Blumberg dichos alarmantes que luego él se encargó de desmentir? Bueno, usted dirá, y no le faltará razón, que no le sorprende tratándose de El País, el diario asociado a la defensa de las peores causas antidemocráticas de la historia contemporánea del Uruguay. Quien tenga alguna duda visite la Biblioteca Nacional y repase al azar cualquier ejemplar de ese periódico durante los años del terror militar.

Pero corresponde preguntarse a qué se debió esta nueva operación mediático-intimidatoria de la derecha de nuestro país, paseando a Blumberg por las pantallas de la televisión abierta con la obvia finalidad de agitar los fantasmas del miedo.

Los iluminados que pergeñaron esta nueva puesta en escena se saltearon algunas evidencias incontrastables. Por ejemplo que la inseguridad la trajo la visión autoritaria, exclusivamente punitiva y para nada correctiva, de la seguridad ciudadana practicada por los sucesivos gobiernos colorados y blancos. Que la inseguridad es la otra cara del clientelismo y de la corrupción, de la falta de profesionalización del instituto policial, de la ausencia de políticas y, peor aún, de la falta de voluntad política de las autoridades para atacar con sentido de Estado una cuestión que afecta la calidad de vida de los habitantes.

Mientras, los uruguayos vivimos en el temor y la inseguridad.

Hoy, en vez de asistir a un debate maduro, crítico y responsable, sobresalen los intereses menores y mezquinos, los sectoriales, los que apuntan a descentrar los ejes de la discusión, los que intentan aterrorizar a la población tergiversando los contenidos de la ley.

Si bien nadie puede dudar sobre que es posible mejorar esta iniciativa legal, es bueno reconocer que ya ha pasado  y es una de sus principales virtudes- por el tamiz de todos los sectores de la sociedad que tienen que ver con la cuestión de la seguridad: jueces, fiscales, defensores, Universidad, especialistas, etc.

Su aprobación no provocará milagros inmediatos, pero debe ser vista como un primer sólido, parcial y necesario paso hacia una política global de seguridad que más temprano que tarde devuelva a los uruguayos la confianza de vivir en paz. *