Diputados aprobaba en la madrugada el proyecto de ley sobre sistema carcelario

Tras una larga sesión extraordinaria, que comenzó ayer a las 10.00 de la mañana y se extendió hasta esta madrugada, el proyecto fue aprobado en general con los votos de la bancada del gobierno y del Partido Independiente y en particular obtuvo distinto grado de aprobación por parte de la oposición.

En un principio, el Partido Nacional fracasó en su intento de incorporar dos artículos aditivos para exceptuar de los límites de pases en comisión para transferir funcionarios del Ministerio del Interior al patronato, así como una partida fija de $ 3 millones a cargo de Rentas Generales.

Sin embargo, sobre las 20.00 horas de ayer, llegó la anuencia del Ministerio del Interior para incorporar al texto la habilitación para dotar de funcionarios al patronato. La asesora ministerial, María Noel Rodríguez, explicó a LA REPUBLICA que el patronato había pedido que se incorporaran entre 12 y 15 funcionarios, pero se dio margen hasta 20. Aclaró que ya el ministro José Díaz ordenó a los jefes de Policía del Interior del país que asignaran un técnico y un administrativo a cada patronato departamental.

En cuanto a refuerzos presupuestales, Rodríguez confirmó que ya el Ministerio asignó una partida fija de $ 300 mil, que había solicitado inicialmente el patronato, y ante una nueva solicitud se le pidió a sus autoridades que sacaran cuentas de qué cifra necesitan para dar una nueva partida a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

Tampoco tuvo éxito un sustitutivo presentado por el Partido Nacional en relación al artículo del proyecto aprobado, que establece que las empresas que liciten con el Estado deben incluir en sus plantillas un 5% de personas liberadas registradas en la bolsa de trabajo del patronato. Los nacionalistas pretendían eliminar ese porcentaje y darle al Poder Ejecutivo la facultad para establecer bonificaciones en los pliegos de las licitaciones por incorporación de ex convictos.

 

Modificaciones

En Diputados, se modificó el artículo 1º del proyecto para que todos los violadores quedaran exceptuados del beneficio de las salidas anticipadas, a diferencia del texto remitido por el gobierno, que sólo excluía a quienes hubieran cometido ese tipo de delito a menores de 18 años.

Además, a iniciativa del diputado nuevoespacista Diego Cánepa, se plasmó en el octavo artículo del proyecto que los mayores de setenta años no podrán acceder al arresto domiciliario en casos de violación, homicidio agravado y especialmente agravado y delitos de lesa humanidad, caso este último que correspondería al ex dictador Juan María Bordaberry si es procesado por la Justicia. Este artículo fue aprobado por unanimidad en la comisión parlamentaria.

A ese mismo artículo se le agregó que la prisión domiciliaria se podrá disponer «cuando no involucre riesgos, considerando especialmente las circunstancias del delito cometido». Esta redacción propuesta por el socialista Guillermo Chifflet para plasmar una idea del emepepista Carlos Gamou se refiere a que no se devuelva a su domicilio a golpeadores, violadores o abusadores de sus propios familiares.

Los legisladores recogieron también la sugerencia de la Suprema Corte de Justicia de no establecer en la redacción legal que las salidas anticipadas sean por orden alfabético. Esto quedará sujeto a la reglamentación de la ley una vez sancionada, pero la idea prevista es la de establecer un orden por fechas de procesamientos.

 

Paradigmas

La diputada socialista Daisy Tourné, quien dio el informe por la mayoría, afirmó que el proyecto de ley de cárceles «propone comenzar a transitar hacia un nuevo paradigma en materia de Derecho Penal».

Puntualizó que «el Derecho Penal no es un derecho neutral» sino «esencialmente político», y señaló que «en la medida que examinemos qué tipo de bienes jurídicos se protegen con mayor o menor énfasis y, asimismo, qué grupo de personas son las penalizadas, tendremos un fiel reflejo del tipo de sociedad que queremos y de los sectores sociales que pondremos en primer o segundo orden».

Tourné consideró que «el Código Penal de 1934, para el cual el codificador José Irureta Goyena tomó como modelo el «Código Rocco» de la Italia de Mussolini, es la expresión emblemática de un modelo que privilegia el derecho de propiedad sobre los bienes en desmedro de los derechos a la personalidad y a la vida de los seres humanos, pone en primer lugar a las personas económicamente poderosas respecto a las vulnerables. Ataca con severidad los delitos que cometen los pobres y minimiza la respuesta punitiva de los cometidos por los delincuentes de cuello blanco».

«A fines de los ochenta comenzó un período regresivo en cuanto a política legislativa criminal», agregó, haciendo hincapié en que «las leyes de seguridad ciudadana y de urgencia aumentaron delitos y penas a diestra y siniestra remitiéndose a atacar los delitos contra la propiedad y creando una situación de inflación penal».

En lo que refiere al sistema penitenciario, «nos encontramos ante la peor crisis humanitaria de nuestra historia reciente», dijo la legisladora, destacando que «este desastre requiere de acciones y decisiones políticas que signifiquen un cambio de rumbo de los poderes públicos».

 

Oposición

Por el Partido Nacional, el diputado Alvaro Lorenzo (Alianza Nacional) consideró que «se pretende modificar una realidad definida por múltiples causas y factores, como es la de las inadecuadas condiciones de reclusión, mediante medidas cuantitativamente insuficientes e inadecuadas cualitativamente».

«Los índices de reincidencia habituales se sitúan en el entorno del 50%, lo que lamentablemente asegura que la liberación indiscriminada en base a condiciones objetivas y más allá de las exclusiones será causa de aumento de la inseguridad ciudadana».

Además, entendió que «el fundamento ideológico de tales medidas refleja un reduccionismo difícil de compartir, basado en una abstracción no coincidente con una parte de la realidad».

«Se parte del supuesto de que los imputados de delitos o condenados son todos en realidad víctimas de una realidad socioeconómica y su correlato superestructural de una criminalización en tutela del bien jurídico propiedad privada», advirtió.

«Dicha concepción es errónea y, más allá de que no todos los reclusos lo son por delitos cuya naturaleza puede tener origen en tales situaciones, desprecia el esfuerzo cotidiano de cientos de miles de uruguayos, que aún viviendo en graves condiciones económicas, las enfrentan con honestidad y dignidad», concluyó.

Desde filas del Partido Colorado, el forista Germán Cardoso argumentó que la desintegración social no tiene que ver con el aumento de los índices de criminalidad y de la población carcelaria, teniendo en cuenta que en países con economías crecientes, como España, Estados Unidos y Chile, también han tenido crecimiento de la delincuencia. «¿Alguien con dos dedos de frente puede considerar que la solución es liberar presos?», reprochó Cardoso. Recibió como respuesta del emepepista Luis Rosadilla la incredulidad: «Parece que la política económica no tiene nada que ver, que fue un gen del mal que se metió en los vientres de las madres», disparó.

Oficialistas y opositores redundaron en argumentos a favor y en contra de los efectos de la liberación de presos, unos marcando la contención que dará el Patronato de Encarcelados y Liberados, otros augurando el aumento en la criminalidad que suponen que se verificará.

La contraposición ideológica sobre los paradigmas de derecho penal a seguir, así como las visiones encontradas sobre la incidencia d
e la infructuosa política económica de los últimos veinte años fueron también insistentemente reiterados por la bancada de gobierno y los legisladores blancos y colorados. *