Citan último testigo de la defensa de asesores del BCU

El jueves comparecerá ante el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, el último testigo pendiente de los que solicitó el abogado de los tres ex asesores del Banco Central del Uruguay (BCU), cuyo procesamiento fue pedido por el fiscal penal de 7º Turno, Eduardo Fernández Dovat.

Por «abuso de funciones en casos no previstos por la ley», el fiscal pidió procesar a Augusto Durán Martínez, Carlos Balsa y Tomás Brause, de la Comisión Asesora del Directorio del BCU, que reconoció la condición de «ahorristas» del Banco de Montevideo a 22 personas.

Luego de interrogar al último testigo pendiente, el juez Charles «diligenciará algunas pruebas más antes de tomar una resolución», comentaron ayer a LA REPUBLICA fuentes del ámbito judicial. Los testigos habían sido pedidos por el abogado defensor Amadeo Ottati.

Los ex asesores del BCU fueron denunciados por unos 120 ahorristas dañados por el cierre del Banco de Montevideo, de la familia Peirano Basso. Los denunciantes están representados por la escribana Alicia Barbani; son patrocinados por el abogado penalista Víctor Della Valle.

Los ahorristas alegan que los ex asesores beneficiaron a un cantidad reducida de personas en perjuicio de varios centenares que cumplían similares requisitos. Denunciaron, además, que entre los beneficiados figuran «tres gerentes y algunos de sus familiares y amigos directos».

El doctor Ottati, defensor de los miembros de la comisión creada por el artículo 31 de la Ley de Fortalecimiento Bancario, había pedido al juez Charles que pidiera al BCU documentos originales de peticiones de ahorristas y que citara como testigos a funcionarios de jerarquía.

La citación como testigos de ciertos funcionarios de jerarquía del BCU, que conocieron de cerca la operativa de los ex asesores y los criterios que aplicaron, fue solicitada por Ottati como parte de una estrategia para probar la inocencia de sus defendidos, y negar abuso funcional.

La denuncia contra los asesores Augusto Durán Martínez, Carlos Balsa y Tomás Brause, que «eventualmente» podría recaer contra el propio Directorio del BCU que ejerció durante el gobierno de Jorge Batlle, fue «ratificada» por 120 ahorristas damnificados por la quiebra del banco.

La Comisión Asesora fue creada por el artículo 31 de la Ley 17.613 de Fortalecimiento del Sistema Bancario (FSB), para analizar si todos los «ahorristas damnificados» por el Banco de Montevideo dieron su consentimiento o no para que sus fondos fueran transferidos al TC&B. *