Partido Colorado no avalará desacatos militares a citaciones del Poder Judicial

La moción, que fue aprobada con la sola oposición de los grupos del diputado Daniel García Pintos y del ex legislador Ronald Pais, había emanado el miércoles pasado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado luego que delegados de todos los sectores llegaran a un consenso.

«Si la Justicia los llama, tienen que ir. El Partido Colorado no comulga con piqueteros civiles ni con piqueteros militares. No se legitima a los militares que desacaten», argumentó el convencional Ope Pasquet, encargado de fundamentar la moción de la mayoría.

El grupo orientado por García Pintos presentó un proyecto de declaración rechazando la interpretación dada por el Poder Ejecutivo a la Ley de Caducidad «ya que vulnera el texto, el propósito y el espíritu de dicha norma, no contribuyendo a la convivencia armónica de nuestra sociedad».

Esta moción también fue aprobada con la oposición de los conducidos por Pasquet. Aunque los convencionales optaron por considerar que no eran contrapuestas, García Pintos alentaba la idea de no apoyar las citaciones a los militares a los juzgados.

Si bien la importancia de la declaración colorada radicaba en no avalar eventuales desacatos militares, los oradores se fueron centrando en referirse a las acciones de los tupamaros en los años previos a la dictadura, al extremo que la ex diputada Glenda Rondán (Lista 15) llegó a reclamar que haya citaciones judiciales por los asesinatos que hayan cometido miembros de ese grupo político.

 

Molaguero

Sabedores de que el llamado al acatamiento se aprobaría, los convencionales pusieron énfasis en criticar al Poder Ejecutivo, a los tupamaros, a jueces y fiscales –Ronald Pais cuestionó la imparcialidad de algunos de ellos–, hasta aclamar al industrial Sergio Molaguero, quien volvió a señalar al prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, como «el principal protagonista» de su secuestro, ocurrido entre el 11 de marzo y el 19 de julio de 1972. Vázquez, en su momento, había desvirtuado las denuncias en su contra.

Molaguero fue aplaudido de pie por la convención colorada luego de haber narrado que pasó «69 días en un pozo, desnudo y sin alimentos» luego del cierre del local industrial de su padre en Santa Lucía, que había sido ocupado previamente por un grupo de trabajadores.

Los gestos de solidaridad se transformaron abruptamente en reprobación cuando el convencional Flavio Arrindegui (del grupo de Pasquet) presentó la moción que reconocía que la aplicación de la Ley de Caducidad se limitaba al período de facto entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985.

«Los casos anteriores deben ser juzgados», fundamentó, pero, más aún, propuso a la convención colorada reconocer que «hubo malos militares y malos civiles» y que la dictadura fue «genocida» y que persiguió «jóvenes y veteranos marxistas que no se levantaron en armas».

«No ninguneemos a los que fueron perseguidos por pensar distinto. ¿Acaso no se puede ser marxista?», cuestionó este joven convencional de barba dispersa, pelo largo, boina y campera de jean, pocos días después que el ex presidente Jorge Batlle afirmara que en el Encuentro Progresista predomina ese tipo de ideología.

 

Cárceles

Previo al tema militar, la convención colorada dividió opiniones sobre el proyecto de ley de libertades anticipadas del gobierno que aprobará esta semana el Parlamento, respaldando los grupos más moderados una moción que reconoce la necesidad de atender la emergencia humanitaria en las cárceles, y los más extremos el rechazo a lo que se entiende como «liberación indiscriminada de presos».

El senador Julio María Sanguinetti cuestionó la actuación del ministro del Interior, José Díaz, considerando que sus «explicaciones han sido horribles y sus declaraciones, contradictorias», al tiempo que supuso que «en la instancia presupuestal habrá que ver cuánto hay de congruencia», dependiendo de los recursos que se destinen para la rehabilitación de los presos. *