La Intendencia de Artigas enfrenta a prestamistas en la Justicia penal y civil

Por otro lado, la Intendencia de Artigas decidió enfrentar a los prestamistas que son acreedores de varios cheques por un valor total superior a los 10 millones de pesos, y concretó dos denuncias, en la órbita civil y penal respectivamente, al tiempo que decidió hacer rebotar el primer cheque que tenía uno de los prestamistas particulares, por más de 3 millones y medio de pesos, que vencía el pasado miércoles.

De acuerdo a lo establecido en un expediente elevado a la Junta Departamental, y al que accedió LA REPUBLICA, entre el 2 de abril del año 2004 y el 7 de junio de este año, se generó un movimiento de 20 millones de pesos, aproximadamente, entre la Intendencia y los prestamistas.

De esa cantidad, algo más de 14 millones y medio fue lo prestado y unos 5 millones y medio se pagó por intereses. Algo más de 4 millones del capital prestado fue pagado por la IMA y los restantes 10 millones restan pagarse y por eso, existen los cheques diferidos dados pocos días antes de finalizar el mandato del forista Carlos Soria.

No se trató de un solo préstamo para pagar sueldos, sino de más de 20 préstamos por montos que van desde los 150.000 a 3.600.000 pesos. Curiosamente además; el primer préstamo, concretado el 2 de abril de 2004 fue por una cifra de 348.951 pesos, lo que genera dudas en torno a si esa cifra no estaría relacionada con una operación anterior.

Dos aspectos relacionados a lo manifestado oportunamente por el ex intendente Soria quedaron al descubierto. Según el presidente de la Junta, escribano Alejandro Silvera la comprobación de que los préstamos comenzaron en abril y no en diciembre como se dijo en una primera instancia, abarcaría parte del período de Signorelli, ya que Soria (que se adjudicó toda la responsabilidad en el tema) asumió como jefe comunal el 31 de julio de 2004, tres meses después del inicio de la operativa. El asesor letrado municipal, Dr. Braulio Gil afirma en su informe al Tribunal de Cuentas, que Soria asume responsabilidad cuando aún no era jerarca máximo de la comuna sino secretario general.

 

Cesión de crédito

Oportunamente el ex intendente Soria y el ex secretario general José Antonio Ayala defendieron los pedidos de dinero a prestamistas y justificaron explicando que se trataba de una «cesión de créditos» de supuestos dineros que la comuna tenía para cobrar del Fondo de Desarrollo del Interior. Pero en realidad, la cesión de créditos se firmó el 5 de enero de 2005, cuando a esa altura ya se habían recibido los 14 millones y medio de pesos. El informe jurídico elevado al Tribunal, afirma categóricamente, a ese respecto que la cesión de crédito tiene «inexactitud y contradicción, pues ella misma no constituye la modalidad que demuestre el haber obtenido el recurso financiero, sino que sí admitiría haberlo recibido y sería sólo documentación de pago, quedando efectivamente sin conocer cómo efectivamente se documentaron los préstamos». Agrega más adelante, que en el documento agregado al expediente hecho para formalizar los pagos y la liquidación de los préstamos que dan origen a la cesión de crédito, se establece la «ejecución de actos posteriores» a la fecha de la misma (van del 17 de enero, apenas 210 días después de la firma de la cesión hasta el 15 de abril).

El informe de jurídico también hace referencia al incumplimiento de claras disposiciones constitucionales para contraer préstamos, como la solicitud de venia a la Junta Departamental y la intervención previa del Tribunal de Cuentas.

Gil señala también que «no asistimos a una contabilidad de la deuda pública que registre la misma. Pero tomando como base el cumplimiento de una deuda, y al no corresponder en la forma que determinan las normas, igualmente se documentan las operaciones de contabilidad del movimiento de fondos y valores que registran entradas y salidas, pero éstas terminan siendo irreales en su declaración».

 

Modalidad encubierta

El informe permite conocer cuál era la modalidad ejecutada para que el importante monto de dinero que entraba, cuando se recibían préstamos o cuando el dinero salía para pagar capital o intereses del dinero recibido. Cuando el dinero se recibía, ingresada como remesas desde la Junta Local Autónoma de Bella Unión (donde la contabilidad se lleva manualmente) a la tesorería central. Cuando salía para pagar, se enviaban remesas a Bella Unión que no quedaban claramente registradas. Generalmente el envío se hacía desde Montevideo, cuando se recibían partidas del gobierno nacional. Esto queda comprobante cotejando dos expedientes: el que refiere a los préstamos y otro, iniciado por el contador municipal, al constatar diferencias entre los números que manejaba oficina central y los que enviaba Bella Unión, con respecto a ingresos y egresos. Las diferencias llegan a ser abismales: un informe interno de la sección liquidaciones asegura que entre el 1º de enero y el 16 de febrero de este año la Tesorería Central envió a Bella Unión la suma de $ 6.796.179 pero un informe enviado por el contador Camilo Lemos, responsable por la contabilidad de la Junta Local, indica que solamente recibieron 234.000 pesos. Curiosamente, además, los montos establecidos en los asientos de la liquidación de los préstamos, coincidían exactamente con los montos de las remesas hechas hacia Bella Unión.

Al evaluar este aspecto, el asesor letrado de la IM de Artigas asegura que «durante 30 días se estuvieron efectuando pagos, por un total de $ 6.025.149 para cancelar préstamos a través de la modalidad encubierta de remesas de fondos a la Junta Autónoma y Electiva de Bella Unión», precisando más adelante que «el contenido de las órdenes de pago resulta ser falso, parte de una maniobra para cerrar la anotada inicial irregularidad».

Todavía resta por investigar como entró y salió la otra parte del dinero que sí aparece en la liquidación, además del uso dado a lo recibido. *