Reunión clave: el Ejército evalúa hoy la situación ante citaciones de la Justicia

Fuentes castrenses dijeron a LA REPUBLICA que esta será una «buena oportunidad para medir la sensibilidad interna», ante la inminencia de citaciones judiciales.

Bertolotti formalizará hoy el anuncio de apoyo legal para aquellos retirados que lo requieran a través de una oficina letrada. «Vamos a hacer el máximo de los esfuerzos para defendernos», dijo el lunes Bertolotti tras el acto oficial por el 175 aniversario de la Jura de la primera Constitución. Además, sostuvo que el Ejército no impone condiciones, pero tiene posiciones como cualquier instituto, corporación o individuo.

Fuentes militares dijeron que el comandante se juega hoy una parada difícil frente retirados que hasta ahora manifestaron su rechazo a la vía judicial e incluso anunciaron que «resistirían» una eventual conducción al Juzgado. A esto se sumó que varios generales reclamaron al mando una actitud de apoyo corporativo hacia sus ex camaradas. Las divergencias internas con la política del gobierno en relación a los Derechos Humanos provocó el relevo del jefe de la División de Ejército I, Juan Córdoba, quien planteó utilizar las dependencias bajo su jurisdicción para refugiar a militares que fueran citados a declarar. Nuevas diferencias se manifestaron al más alto nivel de la cúpula militar el fin de semana. Empero, en un comunicado, Bertolotti planteó su más absoluta convicción de que «en el intercambio de opiniones, recibo por parte de los señores oficiales generales el asesoramiento aun en la discrepancia». También reiteró el «absoluto respeto de mi fuerza al señor Presidente de la República, a la Constitución y a las Leyes en vigencia».

Desde el gobierno, se respaldó la posición de Bertolotti.

«Se pusieron las cosas en su lugar, porque el que tiene que mandar manda, si no se le complica», sostuvo el subsecretario de Defensa, José Bayardi, al ser entrevistado en el programa Mundo Cañón de 1410 AM LIBRE.

 

Citaciones no son inminentes

En tanto, los jueces penales que instruyen los expedientes presumariales por delitos cometidos por civiles, militares y policiales en casos excluidos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado aguardan a que culminen las investigaciones internas de las Fuerzas Armadas.

Algunos magistrados esperan información oficial que solicitaron al Ministerio de Defensa Nacional, a la Presidencia de la República y a otros órganos del Estado para esclarecer el destino de presos políticos que fueron secuestrados, desaparecidos, torturados y luego muertos.

En otras sedes judiciales, los jueces aguardan los pronunciamientos de las respectivas Fiscalías ante los voluminosos expedientes que ya recabaron testimonios a civiles y militares que presenciaron acciones represivas que hirieron y mataron a varios militantes de izquierda.

Mientras tanto, varios civiles, incluidos periodistas de LA REPUBLICA, serían citados en las próximas semanas por el juez penal de 2º Turno, Gustavo Mirabal, quien espera esta semana un informe del gobierno sobre las prospecciones en el Batallón de Infantería Blindado Nº 13.

El «informe circunstanciado» del avance de los trabajos en la unidad castrense fue pedido por Mirabal a través de su colega Juan Carlos Fernández Lecchini, a quien le pidió toda la información que tenga sobre los estudios académicos, dentro del expediente sumarial que instruye contra Juan Carlos Blanco por homicidio de Elena Quinteros.

Según denuncias, la nuera del poeta argentino Juan Gelman habría sido enterrada y removida del predio militar, luego de ser asesinada tras dar a luz en el Hospital Militar a una niña que fue secuestrada y entregada al ex policía Angel Tauriño y su esposa Esmeralda Vivian.

También observa con interés el avance del trabajo en el Batallón 13, el juez penal de 1er. Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, que tiene a su cargo la investigación del «homicidio» de Elena Quinteros, por el que está procesado el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco.

El expediente está a consideración del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno por un recurso presentado por la fiscal Guianze para que el ex asesor presidencial Carlos Ramela revelara las fuentes civiles y militares que le permitieron concluir que fue «homicidio». La apelación dejó en suspenso una instancia sumarial que preveía citar a varios militares, incluso los testigos que podría indicar Carlos Ramela.

De acuerdo a denuncias, el cuerpo de Quinteros habría sido enterrado y también removido del predio militar que viene siendo relevado por un equipo multidisciplinario de profesionales universitarios, dentro de una investigación administrativa que dispuso el Poder Ejecutivo.

En menos de tres semanas, el lunes 8 de agosto, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Uruguaya y la Armada Nacional, se comprometieron a entregar a la Presidencia un informe respecto a casos de violaciones a los Derechos Humanos no amparados por la Ley de Impunidad.

El informe militar se basará en investigaciones internas que realizará cada arma, por separado, en consulta con informantes confidenciales.

El gobierno del presidente Tabaré Vázquez ha reflejado una tenaz expectativa ante el resultado de las investigaciones de las tres armas. Confía en que la averiguaciones reservadas permitan precisar con exactitud restos de los detenidos desaparecidos.

Vázquez designó para dialogar con los militares al secretario de la Presidencia, doctor Gonzalo Fernández, un abogado penalista y catedrático universitario.

El caso por el asesinato en Buenos Aires, en mayo de 1976, de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, cuyos cuerpos aparecieron en un auto junto a Rosario Barredo y William Whitelaw, también estará inactivo hasta el retorno del juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, quien continuará otra semana de licencia en Italia.

La fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, ya pidió procesamiento con prisión para el ex presidente de facto, Juan María Bordaberry, y de su ex canciller, Juan Carlos Blanco, por los cuatro homicidios que, según la prueba recabada, fueron cometidos dentro del «Plan Cóndor».

Bordaberry y Blanco ya declararon en la causa. Bordaberry adujo que sólo tenía el «mando político» de las Fuerzas Conjuntas. Blanco alegó que no tenía ningún mando sobre las fuerzas de seguridad. Ambos negaron toda responsabilidad en los delitos que les imputó la fiscal.

Tanto el presidente de facto, que disolvió las cámaras legislativas por decreto, como su ex canciller, fueron citados como «indagados», «bajo apercibimiento» e «intimados» a comparecer con abogados defensores. Al amparo de nuevas normas procesales pidieron diligenciar pruebas.

El juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, recibirá en pocas horas el pronunciamiento de la fiscal penal de 3er. Turno, Olga Carballo, respecto al asesinato de los esposos tupamaros Ivette Giménez y Luis Martirena, el 14 de abril de 1972, en la calle Amazonas 1440.

En la causa ya declararon los familiares de las víctimas, los vecinos que atestiguaron el acribillamiento de la casa, y el coronel (r) Carlos Calcagno, oficial militar que estuvo en el lugar junto a dos policías: el inspector Víctor Castiglioni y el comisario Hugo Campos Hermida, a quienes se imputa la ejecución con alevosía de Giménez y Martirena.

Para más adelante, el juez Vomero prevé citar al oficial superior que ejercía como comandante de la unidad militar de la especialización de ingeniería donde murió, durante una sesión de tortura en 1974, la estudiante y militante comunista Nibia Sabalsagaray.

Un cuestionado informe forense pretendió simular el asesinato como un suicidio, lo que
fue desmentido por amigos que constataron señales del suplicio. *