Escrito por: ROGER RODRIGUEZ, ROGERRODRIGUEZ@ADINET.COM.UY
Catorce causas judiciales, ocho de ellas en Uruguay y seis en el exterior, implican a civiles, militares y policÃas uruguayos en casos de violaciones a los derechos humanos que no estarÃan amparados en la Ley de Caducidad o que derivaron en pedidos de extradición por parte de los magistrados actuantes.
En la mayorÃa de las causas aparece denunciado un mismo grupo de ex militares y ex policÃas que actuaron en la represión de civiles luego del golpe de Estado de 1973, durante la imposición de la dictadura cÃvico-militar que gobernó el paÃs hasta marzo de 1985.
Dos de los procesos judiciales refieren a hechos ocurridos antes de la dictadura: la desaparición del estudiante Héctor Castagnetto por parte de los escuadrones de la muerte en agosto de 1971, y la ejecución del matrimonio compuesto por Luis Martirena e Ivette Giménez el 14 de abril de 1972
Dentro del proceso cÃvico-militar, la Justicia uruguaya comenzó a indagar el asesinato de la militante comunista Nibya Sabalsagaray el 29 de junio de 1974, causa que expresamente fue excluida de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por el presidente Tabaré Vázquez, que recayó en el juez Rolando Vomero.
El juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, actúa en el caso del homicidio de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976. Militares y policÃas no están amparados y ya compareció al ex presidente Juan MarÃa Bordaberry y su canciller, Juan Carlos Blanco.
El ex ministro Blanco ya sufrió un procesamiento con prisión por coautorÃa en el secuestro de la maestra Elena Quinteros el 28 de junio de 1976, una causa en la que interviene el juez penal de 1er. Turno, Juan Carlos Fernández Lechini, y que derivó en la búsqueda de restos óseos en el Batallón 13 de InfanterÃa.
La existencia de un cementerio clandestino en esa unidad militar también se relaciona al caso de desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, MarÃa Claudia GarcÃa, secuestrada en Buenos Aires en 1976 y traÃda a Uruguay para dar a luz una niña que fue entregada a la familia de un policÃa.
El caso Gelman, en el que indaga el juez penal de 2º Turno, Gustavo Mirabal, también fue excluido expresamente por el gobierno de Tabaré Vázquez, y es inminente la citación de militares y policÃas a partir de este martes 19 de julio, en que finalizó la feria judicial.
Un caso singular lo protagoniza el coronel retirado Manuel Cordero, quien fugó a Brasil, donde pidió refugio para evitar comparecer ante el Juzgado Penal de 5º Turno, entonces a cargo del Dr. Pedro Hackenbruch, donde se lo denunció por desacato a un juez que lo indagaba por un delito de apologÃa de la tortura.
El caso de asesinato del quÃmico chileno Eugenio BerrÃos en 1992, también implica a cuatro militares y un policÃa, en una causa recientemente reabierta por el juez de Pando, Pedro Salazar, cuando ya existe un pedido de extradición sobre esas cinco personas de parte de la Justicia chilena.
También se esperan pedidos de extradición de militares y policÃas uruguayos por parte de la Justicia italiana, que atenderá un caso investigado por el fiscal antiterrorista de Roma, Giancarlo Capaldo, que acusa a 80 militares de las dictaduras por la desaparición de italoamericanos.
La causa italiana, aunque con semejanzas a la que inició el juez español Baltazar Garzón (quien solicitó sin suerte la extradición de uruguayos implicados en el Plan Cóndor), permite el procesamiento en ausencia de los implicados en la desaparición o muerte de cinco uruguayos en Argentina.
En tribunales argentinos, otros tres procesos judiciales implican a militares y policÃas uruguayos: el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz, la represión en el centro de torturas Automotores Orletti en 1976 (Caso Primer Cuerpo de Ejército), que incluye el caso Gelman, y el de desapariciones en La Plata en 1977 y 1978.
La reciente decisión de la Cámara Federal Argentina que derogó las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y AmnistÃa aprobadas en el vecino paÃs, habilita la posibilidad de que sean reabiertas causas en las que uruguayos también estarÃan implicados en violaciones a los derechos humanos. *
Algunos de los implicados mantendrÃan posición de no declarar ante la Justicia
Pese al anuncio del Ejército de ofrecer cobertura legal (ver página 3), varios de los militares implicados en delitos de violación a los derechos humanos mantendrÃan su postura de no declarar ante la Justicia si son citados.
De acuerdo con una versión de Canal 12, incluso manejan no concurrir al encuentro con el Comandante en Jefe del Ejército teniente general Angel Bertolotti y los generales en actividad previsto para mañana.
Desde el gobierno, el subsecretario de Defensa José Bayardi manifestó anoche que la no comparecencia ante los juzgados configurarÃa un claro “desacato” ante la Justicia, y expresó que este poder del Estado tiene sus mecanismos para hacer respetar sus decisiones.
Ayer por la mañana, antes del acto oficial en Plaza Constitución (Matriz) se celebró un nuevo aniversario de creación del Batallón de InfanterÃa Blindado Nº 13.
En la unidad, se hicieron presentes las autoridades militares y algunos retirados que aparecen mencionados en las causas judiciales.
En otro orden, trascendió ayer que el coronel Juan Villagrán, será el nuevo jefe interino de la División de Ejército I. Villagrán es el 2º jefe de la División. *
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