TCR avala solicitud de préstamo de la Intendencia de Maldonado

Con la anuencia, ahora será la Junta Departamental la que deberá discutir y aprobar lo solicitado por el intendente De los Santos, un día después de asumir el cargo.

En el informe del TCR que habilita la solicitud del préstamo se da cuenta que la situación financiera del municipio de Maldonado amerita esa transacción, y confirma un déficit acumulado al 31 de diciembre de 2004 de $ 625 millones (en el entorno de los U$S 25 millones).

El propio intendente De los Santos a comienzos de semana mantuvo un contacto telefónico con el presidente del TCR, contador Guillermo Ramírez, a quien le solicitó la máxima celeridad en el pronunciamiento del organismo, porque están en riesgo los salarios del funcionariado de al menos dos meses.

Con el informe favorable en Maldonado, el Ejecutivo impulsa una sesión extraordinaria de la Junta Departamental para tratar urgentemente el pedido y lograr la anuencia para alcanzar el préstamo. En las últimas horas de ayer se preveía que el acuerdo podría tener lugar este mismo viernes, aunque un connotado edil oficialista aseguró a LA REPUBLICA, que antes se procura poner paños tibios a la tensa situación que se dio a partir del miércoles con el PN.

El coordinador de la bancada del PN en el legislativo, profesor Jorge Casaretto, envió una nota al Ejecutivo anunciando que los ediles nacionalistas recibirían al secretario general del municipio, doctor Enrique Pérez Morad, recién el martes próximo para hablar del tema. Pérez Morad indicó la víspera que él estaba dispuesto a concurrir cuando se lo indicaran, incluso acompañado por el director general de Hacienda, economista Mauro Mendiburu, para explicar los alcances del asunto.

Ayer a última hora, ni siquiera se sabía si la bancada del PN pactaría el encuentro para el martes, lo que podría tomarse como un bloqueo a las negociaciones, tras los severos anuncios formulados el miércoles a la mañana por el intendente De los Santos.

Hoy viernes justamente se reúnen por primera vez las nuevas autoridades de la Comisión Departamental del PN, bajo la presidencia del ex intendente Luis Eduardo Pereira. Este tema, sin dudas, figurará en uno de los primeros lugares de las deliberaciones.

 

Hubo reacciones

El miércoles, el flamante jefe comunal dio a conocer tres resoluciones por las cuales queda cesante entre el pasado martes y el próximo mes de setiembre un total de 93 funcionarios, en tanto que otros 358 ingresados durante la administración Antía, «caerán» al primer grado del escalafón funcional.

En la misma ocasión, el intendente De los Santos reclamó a los legisladores blancos de Maldonado (un senador y dos diputados), que hagan renunciar los 10 pases en comisión de que hicieron uso al amparo de la ley vigente, por la erogación que sus sueldos significan para el municipio de Maldonado, ya que no se trata de «trabajadores» sino de «cargos de confianza».

Una de las primeras reacciones fue la del diputado Federico Casaretto, quien ha subrayado desde el miércoles, que estas medidas de la administración progresista ponen en riesgo el relacionamiento entre los partidos. «Es muy difícil continuar un diálogo con el gobierno electo en Maldonado, que estaba establecido a través de una mesa multipartidaria, y un buen relacionamiento, cuando el miércoles se ha hecho escarnio público de los legisladores del Partido Nacional y de los funcionarios que están colaborando en las tareas que estamos llevando adelante», dijo el legislador, agregando que ve esto como «un acto de persecución política».

También agregó que esta situación condicionará el apoyo del PN en la Junta Departamental, «el Partido Nacional fue cuestionado por el Encuentro Progresista por votar una rebaja salarial (en 2000), que se hizo para no echar gente del municipio, y oh casualidad, paradoja, este gobierno frenteamplista no sólo hace una rebaja salarial sino que también echa gente del municipio». *