Argentina quiere llevar a La Haya la controversia por plantas de celulosa

En declaraciones a radio Rivadavia, el canciller Rafael Bielsa dijo ayer: «Estamos haciendo todo lo necesario para la defensa de los intereses de nuestro país, en coordinación con el gobierno de la provincia de Entre Ríos, y no tengo buen pronóstico».

Por su parte, el vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino, dijo ayer a AFP que el gobierno de Entre Ríos está analizando una presentación en la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

El gobernador entrerriano, Jorge Busti anunció que presentarán la demanda «en los próximos días». La demanda será contra Uruguay y las empresas de capital español y finlandés por contaminación del medio ambiente, informó.

 

Kirchner enojado

El diario «La Nación» de Buenos Aires dedicó un amplio informe al tema, que es revelador del clima que se vive en el vecino país, incluso cuando incluye muchos gruesos errores.

El informe está acompañado por una encuesta con la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo con que la Argentina haya trabado inversiones en Uruguay ante la posible construcción de plantas que serían contaminantes? La respuesta es Sí 78.20%, No 19.43%, No sabe 2.37%.

No extraña el resultado si se informan cosas como esta: «El Gobierno aduce que Uruguay se niega a hacer el estudio del impacto ambiental de esas fábricas de pasta celulósica, que podrían contaminar a la Argentina».

Un «alto funcionario del Gobierno» argentino resumió a ese diario la posición oficial: «Hemos hecho todo lo posible para solucionar las cosas dentro del terreno diplomático; hemos sido particularmente pacientes con un país que se movió sobre hechos consumados. El Presidente está muy enojado con todo esto».

Sin embargo, para quien sepa leer entre líneas, se agrega: «Según supo ‘La Nación’, el Gobierno daría a conocer hoy (por ayer) un comunicado en el que dejará en claro que el objetivo argentino no es impedir la multimillonaria inversión en el vecino país –de hecho, la más grande en su historia– sino que se respeten los tratados internacionales y no se produzcan daños ecológicos irreparables».

 

La versión uruguaya

La opinión de la Cancillería uruguaya es que el gobierno argentino y el de Entre Ríos están presionados estos meses por la proximidad de las elecciones provinciales. La táctica uruguaya es evitar una escalada –algo similar dijo ayer Bielsa– y se espera que el diferendo termine con el análisis de los estudios de impacto ambiental, que han sido hechos con aporte de la Universidad y aprobados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Una de las más serias acusaciones argentinas es que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay de 1975, porque no consultó adecuadamente. Tanto el canciller Reinaldo Gargano como el subsecretario de Medio Ambiente, Jaime Igorra, negaron el miércoles que exista tal omisión.

Ninguna de las dos partes detalló en qué consistiría la omisión y en qué su cumplimiento.

Por ahora, se considera fracasada la comisión técnica acordada, porque Uruguay no se presenta hasta que Argentina no retire la carta que envió al Banco Mundial pidiendo que se traben los créditos a las empresas inversoras, cosa que Argentina no hará. Gargano dijo que el gobierno uruguayo «no dará marcha atrás» y que se buscará que el problema se destrabe a nivel de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Anoche, el presidente de la República Tabaré Vázquez aseguró anoche que la instalación de las plantas no acarreará problemas medioambientales y generarán puestos de trabajo, a partir de la millonaria inversion. «Las plantas se harán», afirmó en Canal 10. Opinó que «aquí lo que está en juego es si las plantas contaminan o no. Y todos los datos que disponemos» dicen que «no». Entre ellos, citó la visita de Mariano Arana a Finlandia, «un país que está primero en el mundo en cuanto a la protección de su medio ambiente».

 

Algo huele mal

Esta visión uruguaya del diferendo, puede no resultar exitosa en evitar un conflicto, si Argentina se ve obligada a subir de intensidad. Bielsa declaró ayer que no era su intención emitir «ninguna palabra pueda ser un elemento que haga escalar una diferencia, que es muy grande». «Una instancia es concurrir a la Corte Internacional de Justicia que es larga, carga, es una instancia que va a implicar la detención de las obras, es contenciosa, complicada y si pudiéramos llegar a un punto de entendimiento sería lo óptimo», agregó.

Pero puede tener que entablar el eventual juicio buscando medidas precautorias en La Haya, para evitar «la irreversibilidad del daño», si no consigue alguna señal del Uruguay.

Por ahora, tiene para mostrar la explicación de Dimitris Tsitsiragos, funcionario de la CFI –subsidiaria del Banco Mundial–, que en Argentina dijo que no se habilitarán los préstamos hasta que no se estudien el impacto ambiental. Esa no es más que la rutina habitual, pero la prensa argentina lo publicó como un gran éxito diplomático. Bielsa precisará más éxitos y algunos son difícilmente conciliables con la existencia de las papeleras.

«Hay dos tecnologías para las plantas papeleras, una es libre de cloro elemental y otra es totalmente libre de cloro. La tecnología que se está por aplicar en Uruguay es libre de cloro elemental. Nosotros entendemos que debe haber un estudio de impacto ambiental», dijo ayer el canciller argentino. «El mal olor es claramente un daño ambiental. Encima en esa zona tenemos un problema de viento que lleva a Gualeguaychú el eventual mal olor». *