Proyecto de ley de reparación para exiliados, ex presos y clandestinos

El proyecto de ley elaborado por la Comisión Nacional del Reencuentro, Comisión de DDHH del PIT-CNT, Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana y el equipo en Representación de los Trabajadores del BPS, pretende solucionar la problemática de las personas que fueron perjudicadas en su causal jubilatoria como consecuencia de la persecución política en época de la última dictadura militar.

De ser aprobada, la ley amparará a todas aquellas personas que hayan padecido prisión, exilio o hayan vivido en clandestinidad «en el período que va desde el 9 de febrero de 1973 al 1º de marzo de 1985, e incluso con anterioridad a la fecha establecida, durante la gestación del período autoritario, en el caso de haber padecido prisión o haber tenido que exiliarse como consecuencia de sus ideales políticos», dice el proyecto.

El marco general del proyecto de ley establece que «el reconocimiento del tiempo padecido en algunas situaciones referidas, permite acceder a una jubilación común, cuyo monto mínimo no puede ser en ningún caso inferior a 6 salarios mínimos nacionales, adjudicándose al período reconocido como trabajado un ingreso mensual mínimo equivalente a siete salarios mínimos nacionales».

Si la persona sufrió prisión y la misma le produjo importantes secuelas en su salud física o mental, a pesar de no cumplir con los requisitos para acceder a la jubilación común, «tendrán derecho a una jubilación por incapacidad de carácter definitivo».

El proyecto también prevé que para aquellas personas que tengan más de 60 años, y que no estén comprendidas en ninguna de las situaciones anteriores, «tendrán derecho a un pensión equivalente a 5 salarios mínimos nacionales».

El proyecto de ley establece que «quedarán excluidas de las previsiones de la ley, aquellas personas que ya hubieran obtenido una reparación a la situación contemplada por esta ley, con excepción de quienes fueron amparados por la Ley 17.449 cuya derogación se dispone».

La norma jurídica también activa los mecanismos para crear una Comisión Especial que resolverá las eventuales peticiones que se presenten .

La comisión estará integrada por representantes de cada una de la organizaciones que elaboraron el proyecto de ley y por integrantes del Poder Ejecutivo. *