El caso uruguayo

En Uruguay, que en los últimos años ha estado al borde de la tarjera amarilla de GAFI, acaba de aprobarse una ley contra el lavado, pero la unidad de inteligencia financiera (IUAF) está sin gerente, tiene un solo analista y un administrativo.

Ricardo Gil Iribarne, presidente del CeCpla, dependiente de Presidencia de la República, definió la situación uruguaya como «de atraso general, con avance en alguna pata», aunque elogió la forma en que se venía trabajando.

En octubre del año pasado se aprobó la Ley 17.835 sobre prevención de lavado y financiación del terrorismo, que internalizó muchas de las 40 medidas de GAFI. Entre ellas la que dispone que las denuncias a la IUAF, del Banco Central, no constituyen violación del secreto bancario o profesional. Esta ley fue reglamentada por decreto del pasado 24 de febrero.

«Hubo un proceso de tres o cuatro años en que se comenzó a atender esta temática y a tomar contacto con los organismos internacionales. Fue positiva porque demuestra trabajo, lo que evita sanciones. Pero además positiva porque se aprende, se gana experiencia», dijo.

La IUAF fue creada en 2001 dentro de la Superintendencia de Entidades Financieras y desde el año pasado depende directamente de presidencia del Banco Central.

Ahora, se llamó a concurso para nombrar su gerente. «El análisis nuestro es que el trabajo que se venía haciendo es bueno y la situación es regular. Estamos recién empezando a instrumentar una serie de prácticas que nos permitan controlar este fenómeno».

«La evaluación es, tenemos que trabajar mucho para saber cuánto de lo que hay, es delito, cuánto es lavado y cuánto no lo es. Estudiar, para que la percepción no nos venga de los medios. Tengo la sensación de que hay muchísimo de ilegal y tengo la sensación de que hay cosas que tal vez a otros quisieran que hiciéramos, pero no tenemos por qué hacer, porque aquí no es delito. Pongo el caso de la evasión fiscal. Para el Uruguay no es delito precedente al lavado. Nos guste o no, en este país eso no es lavado. En cambio, el fraude, tráfico de drogas, de personas, son delitos precedentes», explicó.

«La ley podría ser mejor, pero da para trabajar. Ahora, saquemos la ley del papel «, dijo. «Hay suficientes delitos que no estamos controlando bien, antes

de ver qué hay que cambiar», opinó. Porque, «en esto, ninguna legislación alcanza. Pero lo bueno que tiene la que hay no lo estamos haciendo bien.

Naturalmente, si lo hago bien, dentro de uno o dos años podré ir al Parlamento y señalar carencias que tiene la norma. Pero no quiero enlentecer por ese elemento hoy, cuando el setenta u ochenta por ciento de lo que hoy se hace, tengo elementos para controlarlo y tengo la sensación de que no lo estamos controlando bien.»

«La prioridad, hoy, la sitúo en un trabajo de coordinación y planificación que no se ha tenido tiempo de hacer. Lo que hay que hacer ahora es sentarse y ver cómo coordinamos, qué estructura precisamos. ¿Qué sabe cada uno de sus responsabilidades actuales? No tenemos una justicia especializada en delitos económicos.

Los jueces no tienen asesores, para interpretar un balance o entender cómo se realizan transferencias muy complicadas. Hoy no hay un centro al cual todos informen y coordinen», enumeró Gil Iribarne.

Consultado sobre la colaboración de las entidades obligadas a denunciar, expresó: «Yo vengo de la banca privada y hay efectivamente un doble discurso. En principio está bien controlar el lavado, siempre y cuando no me embromen el negocio. Está aquello de no me marquen mucho la cancha, que me corren a los clientes. Es el problema que tenemos con las inmobiliarias. Nos dicen, si me pongo a preguntarles de donde sacaron el dinero, se van a ir a otro lado. La sociedad tomó conciencia sobre las drogas, pero todavía no con este tipo de delitos», concluyó. *