Díaz ratificó que la ocupación del lugar de trabajo es extensión del derecho de huelga

Por su parte, legisladores del Partido Nacional rechazaron la medida y entienden que la derogación de los decretos 512 de 1966 y 286 del año 2000 ha generado un vacío legal peligroso que perjudica la seguridad jurídica y las inversiones en el país.

«La ocupación (de los lugares de trabajo) es una extensión del derecho de huelga» y por tanto el decreto que habilitaba a la Policía desalojar mediante el uso de la fuerza «es inconstitucional», dijo Díaz ante los legisladores de la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados.

Entonces, dijo Díaz, «no existe vacío legal» tras la derogación de los decretos 512 y 286.

No obstante, el ministro del Interior dijo que, a instancias de la cartera de Trabajo, el tema de las ocupaciones de los lugares de trabajo será analizado en un ámbito «cuatripartito» donde participarán el Poder Ejecutivo, los trabajadores, el sector empleador y los parlamentarios que deseen debatir sobre el tema.

Por su parte, el diputado nacionalista Gustavo Borsari rechazó de plano los argumentos del ministro Díaz y dijo: «La medida generó un vacío legal que nos parece peligroso no atender y llenar de la mejor manera posible» porque, a su juicio, «la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, sino que viola el derecho de la propiedad privada que también está establecido en la Constitución», señaló.

Sin embargo, y más allá de las diferencias planteadas en torno al vacío legal o no, Borsari sostuvo que «es posible llegar a un acuerdo en el futuro» sobre la problemática planteada.

En ese sentido, Borsari dijo que el Partido Nacional le entregó al ministro Díaz «dos proyectos de ley que garantizarán la inversión y brindarán seguridad jurídica al país».

Borsari dijo que «el derecho a la propiedad y de huelga deben ser respetados, pero la ocupación siempre genera un acto de violencia», observó.

 

Otro problema: los piquetes

Aunque el tema no fue abordado durante la reunión entre los legisladores de la comisión de Constitución y Códigos y el ministro del Interior, Borsari dijo que «los cortes de calles o vías nacionales son una alteración del orden público», por tanto la movilización que vienen desarrollando desde hace tres meses los productores rurales endeudados debería preocuparle al ministro Díaz.

Sobre el particular Borsari dijo: «El ministro (Díaz) es el titular de la fuerza pública y puede usarla. Yo creo que el piquete no es constitucional y hay un decreto (en la materia) que no se está cumpliendo», subrayó el legislador.

Por su parte, el ministro del Interior señaló que el corte que provocó la delegación de productores rurales endeudados, frente al Palacio Legislativo, «no está alterando el orden público y es una medida gremial que respetamos», sentenció.

«Este tipo de medidas no creo que pongan en peligro o en alerta a la sociedad y no se viola ningún decreto porque la medida es pacífica y está amparada en la Constitución», remarcó el ministro Díaz.

En caso de que las movilizaciones, en un futuro, lleguen al extremo de cortes de rutas nacionales, Díaz dijo que, como es costumbre en el país, «siempre se negociará pacíficamente para llegar a acuerdos», dijo.

Por su parte, el diputado del Encuentro Progresista Jorge Orrico coincidió con el ministro Díaz en torno a la movilización de los productores rurales endeudados y dijo: «No creo que la actitud sea igual a la de los piqueteros argentinos y me parece que llamar a la Guardia Republicana para desalojarlos no es lo mejor, sino el diálogo», remarcó. *