Gonzalo Fernández afirmó en 1990 que los dictadores tienen "responsabilidad cupular"

«Existe una responsabilidad cupular, atribuible a los dirigentes de ese aparato por hechos punibles ejecutados por las fuerzas de seguridad subordinadas, aunque no hubiera mediado concierto entre jerarcas y ejecutores materiales, e inclusive, aunque ni siquiera exista conocimiento previo del hecho a realizar», explicaba Fernández. En un parecer jurídico solicitado por la Cámara de Senadores, el doctor Fernández, catedrático grado 5 de Derecho Penal afirmó en setiembre de 1999 que «el régimen militar en ejercicio del gobierno de facto constituyó, a las claras, un aparato organizado de poder».

«El hecho atributivo de responsabilidad es la permanencia del sujeto al cuadro directriz desde donde se dominó el hecho, entendiendo por tal, no la perpetración de un reato singular, sino la gestión integral del aparato de poder», agregó el principal asesor del presidente Tabaré Vázquez en la investigación para esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos, de acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, la Ley de Impunidad. La tesis sustentada por Gonzalo Fernández ante la Cámara de Senadores en 1990 fue incluida en mayo a la ampliación de denuncia que presentaron los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León contra Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, por el homicidio, en 1976, de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

La postura doctrinaria del catedrático de la Universidad de la República había servido de fundamento a la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, para pedir al juez el procesamiento con prisión del ex canciller Blanco por el «homicidio» de la maestra Elena Quinteros.

Bordaberry, defendido por el abogado Gastón Chaves Hontou, dijo que sólo tuvo «el mando político» sobre las Fuerzas Conjuntas (FFCC), y no «el mando militar» que resolvía las acciones armadas contra grupos guerrilleros, o los sindicados y los partidos políticos de izquierda.

Blanco, asesorado por el abogado Carlos Curbelo Tammaro, deslindó su responsabilidad sobre las ideas totalitarias y los delitos atribuibles a Bordaberry, al afirmar que desde su cargo sólo ejercía una mando indirecto sobre las FFCC, y negó haber decidido acciones represivas. «La parte de seguridad en el sentido estricto de la palabra estaba», respondió Bordaberry a la fiscal Guianze, «a cargo de las Fuerzas Armadas». «La declaratoria del estado de guerra», opinó el dictador a continuación, «obedeció al deseo o la finalidad de que los tupamaros fueran sometidos a la Justicia Militar y sustraerlos a la Justicia Civil».

«Mientras yo fue presidente», dijo haber constatado la «existencia de una corriente dentro de los tupamaros que querían organizarse para volver a llevar adelante la guerra en el Uruguay». «Mientras yo fui presidente, el estado de guerra de hecho siguió», afirmó tajante.

Negó haber sido «informado constantemente» de todas las acciones militares ordenadas por los mandos castrenses y rechazó, en particular, haber tenido detalles de los procedimientos seguidos en operativos contra guerrilleros, sindicalistas y militantes de izquierda. «Estaba completamente de acuerdo con los objetivos de la lucha antisubversiva», declaró Bordaberry ante el juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, pero rechazó toda participación personal en el diseño de las grandes líneas estratégicas que seguían las Fuerzas Armadas. «Absolutamente no apruebo» la utilización de métodos irregulares en el combate a la subversión, aclaró Bordaberry ante una pregunta del juez Timbal. Luego dijo que nunca tuvo un «conocimiento formal» de denuncias por secuestros o desapariciones en Argentina o Uruguay. Bordaberry atribuyó a «los mandos» de las cuatro Fuerzas Conjuntas toda responsabilidad por las acciones coordinadas que pudieran haber cometido, en Argentina o Uruguay, militares o policías en los territorios de ambos países, en el marco del combate antisubversivo.

«Si hubo algún operativo del que yo no tengo noticia fue por decisión de los mandos militares y no mío», afirmó el ex presidente de facto, quien aseguró desconocer la existencia del «Plan Cóndor», por el cual las dictaduras coordinaban el exterminio de sus opositores políticos. *