Aseguran que la ley de cárceles bajará el índice de reincidencia

En el Parlamento, el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo será aprobado únicamente con la mayoría que detenta el gobierno, pero luego de evaluar si se operan modificaciones propuestas por algunos de sus legisladores.

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) estimó que el actual índice de reincidencia, del orden del 50%, podría bajar a menos del 10% de prosperar la ley propuesta por el gobierno, teniendo en cuenta que los presos que serán liberados van a tener un seguimiento por parte del Patronato de Encarcelados y Liberados, así como serán contemplados por el Plan de Emergencia.

Orrico dijo a LA REPUBLICA que este proyecto es «el primer paso para crear un sistema carcelario efectivo» ante una «situación actual caótica».

Destacó que»los que salen van a estar atendidos por el Patronato de Encarcelados y Liberados», al tiempo que se crea un patronato de protección a las víctimas.

Defendió, además, la norma sugerida respecto a que las empresas que liciten con el Estado deban incorporar un 5% de amparados por el patronato entre su personal no calificado. «Es algo que existe en muchas partes del mundo», alegó.

El legislador apuntó que para la elaboración del proyecto se hizo una consulta general a los defensores de oficio, a la Suprema Corte de Justicia, al Instituto de Derecho Penal, a los magistrados y a los fiscales. «Todos fueron poniendo lo suyo», subrayó.

Por su parte, el diputado nuevoespacista Diego Cánepa explicó que lo que la ley propone es «un régimen especial ante una realidad incontestable de hacinamiento y de flagrante violación de los derechos humanos».

Se trata de «desandar el camino de los gobiernos de derecha» para «dar mayor seguridad ciudadana», adujo Cánepa.

Aseguró que «no es una puerta abierta para que salgan los presos», sino que se le da la facultad al juez para evaluar cada situación. «No es sólo liberar 700 presos, sino también generar condiciones», agregó el diputado apoyado también en la labor que jugará el Patronato de Encarcelados y Liberados, así como el de las víctimas.

Respecto al estado de opinión pública, Cánepa reconoció un déficit de parte de su fuerza política para comunicar los contenidos del proyecto. «Tenemos que informar más», convino.

 

Referéndum

Para el diputado colorado Washington Abdala (Foro Batllista), «lo que debiera informarse francamente es que es una ley de amnistía» que «no sé si no termina con un referéndum».

Abdala advirtió una «sensación térmica de alarma» que podría generarle al gobierno «un dolor de cabeza».

Dijo preocuparle puntualmente que se liberen delincuentes procesados por delitos de arrebato y hurto con penetración domiciliaria, lo que a su criterio revela que «no se entiende el grado de violencia que está viviendo la sociedad».

Señaló, además, que no incorpora el texto instrumentos de rehabilitación y garantía, alegando que el artículo referido al Patronato de Encarcelados y Liberados es «muy genérico» y no se lo dota de más recursos ni de elementos técnicos». Admitió como positivos los artículos referidos a la redención de penas y al arresto domiciliario para mayores de setenta años.

Por su parte, el diputado nacionalista Alvaro Lorenzo (Alianza Nacional) dijo estar en desacuerdo con la liberación anticipada de presos, que apuntó como aspecto medular del proyecto, advirtiendo que no soluciona el problema del hacinamiento.

En particular, puso énfasis en que se incluya a rapiñeros y violadores de mujeres mayores de edad.

Manifestó, asimismo, dudas sobre la discriminación positiva que hace el artículo que obliga a las empresas que liciten con el Estado a incorporar ex reclusos entre su personal no calificado.

De todas formas, no vio con buenos ojos la posibilidad de activar un referéndum sobre los artículos de la ley a que se opone su partido dado que «sería ineficaz», ya que «mientras se procesa, se consuma la liberación».

 

Trámite

El proyecto de ley de humanización del sistema carcelario ingresará el miércoles próximo a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. Un día antes, la bancada oficialista escuchará los cambios que propondrá el Nuevo Espacio a través del diputado Diego Cánepa, quien promoverá agregar al octavo artículo del texto, referido a la potestad que se le otorga a los jueces para determinar el arresto domiciliario para mayores de setenta años, que éstos deban cumplir por lo menos un año de su condena en prisión.

La Vertiente Artiguista llevará una iniciativa similar, según ha adelantado el diputado del sector Edgardo Ortuño, al tiempo que el emepepista Javier Salsamendi ha opinado que deberían establecerse excepciones a esa disposición. Mientras que la inquietud del Nuevo Espacio y de la Vertiente Artiguista se ha centrado en la posibilidad de que eventuales procesados por delitos de lesa humanidad, como podría ser el caso del ex dictador Juan María Bordaberry, queden eximidos de ir a prisión, la preocupación mayor del MPP radica en los casos de violencia doméstica y de abuso de menores. *