Serpaj entiende que la ley carcelaria es buena y se mejoraría con más seguridad

Sonia Breccia–: ¿Cómo analiza el proyecto de ley presentado por el gobierno?

Guillermo Paysée–: Yo lo analizo favorablemente, porque aquí hay un punto que es importante, que es el tema humanitario. En este proyecto se prevé toda una serie de medidas que apuntan a una mejora del sistema. Situación totalmente original que esto parta del Poder Ejecutivo. Recuerden cuando se creó la ley de seguridad ciudadana, allí, una comisión presidida por el doctor Tomasino, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, quien hizo un importante informe, diría que es el otro esfuerzo en el tiempo de algo diferente, pero lamentablemente ese informe quedó en un cajón y todas las recomendaciones que hizo la comisión, que incluso estaba integrada por gente de DDHH, después no tuvo eco en los poderes Ejecutivos sucesivos. Acá encuentro que hay un esfuerzo importante que responde a una realidad que no resiste más y por otro lado fue el propio Presidente de la República quien la tomó en su discurso del 1° de marzo, hablando de una emergencia humanitaria en el sistema carcelario. Hubo una rápida respuesta del Ministerio del Interior que después se vio dilatada por diferentes circunstancias, y hoy tenemos que el proyecto de ley llega al Parlamento, y de acuerdo con las mayorías parlamentarias que tiene el partido que está en el gobierno, obviamente con alguna modificación, pero en lo esencial del proyecto estamos seguros de que el articulado se va a mantener como está.

SB–: Una primera precisión. Usted había sostenido que esta ley era insuficiente para descomprimir un sistema absolutamente superpoblado.

GP–: Hay una situación que es la siguiente. En un rápido cálculo aritmético, si hoy tenemos una cifra que está en el entorno y lo dice el proyecto en los fundamentos, alrededor de 7.300 reclusos y la capacidad es para 3.676, bueno, hay un exceso de más de 3.500 reclusos frente a lo que el sistema resiste. Si a eso le sumamos un problema edilicio importantísimo, le sumamos un problema económico tan importante o más importante que el edilicio por las carencias, la falta de reformas y demás, le sumamos que hay situaciones que no dependen de lo económico pero a lo largo de los años anteriores, depende del trato, de la especialización de los funcionarios que trabajan con reclusos, de una debida atención sanitaria y de alimentación.

No ha estado eso atendido en debida forma, es que encontramos que si hoy los cálculos de quienes estuvieron trabajando en el tema son que van a ser excarcelados unos 750 reclusos, bueno, ese número resulta insuficiente. Pero le agrego una cosa, a la nota que se me hizo, a la que usted hace referencia, quizás no me expresé bien o tranquilamente no se tuvo en cuenta. Es que hay un artículo complementario que para mí es el fundamental.

Es el artículo 14 del proyecto que es aquel que deroga las normas fundamentalmente de una ley de urgencia del año 2000, que establecieron que en hurto agravado la pena mínima era de 2 años de penitenciaria, norma que hoy está vigente. Con la derogación de esa norma y alguna otra norma de la ley de seguridad ciudadana, es por este artículo que en un plazo de tiempo más o menos razonable se va a permitir que baje el número de reclusos que hoy es insostenible para nuestro sistema.

SB–: Usted coincide en la crítica del proyecto en un punto que genera dudas a representantes de sectores políticos, la posibilidad de que los mayores de 70 años puedan cumplir la condena en su domicilio. ¿Piensa que la edad no debe ser atenuante para evitar la cárcel?

GP–: Esta es una norma nueva en nuestra legislación que sí por ejemplo la tiene, por citar un país vecino, Argentina. No sería un buen mensaje que después que actuara la Justicia, si es que encuentran pruebas para procesar a personas que tienen más de 70 años, se vieran beneficiadas por una norma que parte nada menos que de un gobierno de izquierda.

SB–: Se maneja, se puede sentir en la sociedad más inseguridad, si se libera a un número estima importante de reclusos.

GP–: Son dos temas diferentes. Nosotros por una lado, y en lo que trabaja el Servicio de Paz y Justicia es sobre las condiciones de reclusión en nuestro país. Comparto el fundamento que dice el proyecto, en cuanto a que este gobierno heredó un Estado violador de DDHH en cuanto a las personas privadas de la libertad. Eso lo ha dicho el Serpaj a lo largo de todos estos años en informes, en actos académicos, etc. Ahora, creo que el tema de la seguridad pública está en manos de la Policía. Hoy, lo que nosotros entendemos como inseguridad en la población, la inseguridad que podemos sentir está también vinculada a una eficacia policial para descubrir a los autores de los hechos delictivos. Entonces, ¿por dónde pasa esa ineficacia? Eso lo tendrá que estudiar el Ministerio del Interior, quien es el que está vinculado directamente a la Policía. ¿Por qué en 2004 los resultados fueron tan magros y descendieron en un casi 50% o más a los resultados de 2002 y 2003? Reitero, es información oficial de la Jefatura de Policía. Así que, por un lado, está la inseguridad que se puede sentir, que tiene que haber una respuesta policial, y por otro lado, están las condiciones de reclusión en nuestro país que son verdaderamente inaceptables.

Ahora, esos resultados de 2004 tienen que ver en parte con los 7.200 reclusos que hoy están privados de libertad y a los que hoy se les está buscando soluciones, entre otras cosas que presenta el proyecto para mejorar las condiciones en que viven.

Pero después hay otros temas que son sobre la seguridad ciudadana, donde ahí el Ministerio tendrá que actuar para tecnificar a la Policía, darle elementos o mejorar su capacidad de investigación que creo que eso va por otra vía y que no hay que confundirla. *