Ejecutivo no removerá caducidad y dice que prisión de militares es tema judicial

Ese fue, palabras más, palabras menos, el mensaje que el presidente de la República Tabaré Vázquez transmitió el 2 de mayo pasado al Ejército.

Desde la Presidencia, se restó importancia a los trascendidos de prensa respecto a las reuniones que mantiene el comandante en jefe del Ejército, teniente general Angel Bertolotti, con los generales. También, a los pronunciamientos de militares retirados. Anoche, Canal 12 informó que el teniente coronel (r) José Gavazzo «advirtió» a Bertolotti que no concurrirá a declarar ante la Justicia por casos de violaciones a los derechos humanos si es convocado. El noticiero de Telemundo citó «fuentes políticas y militares».

Gavazzo, agregó el noticiero, expresó su posición a Bertolotti en una reunión realizada en el mes de febrero, ni bien el ahora comandante en jefe asumiera el cargo.

Sobre Gavazzo y otros seis militares y un ex policía pesa una medida cautelar de cierre de fronteras, dictada por el magistrado que investiga la desaparición de la ciudadana argentina María Claudia Irureta Goyena de Gelman.

Pero en el centro de la polémica estuvo el alcance de la Ley de Caducidad. En las últimas horas, el tema volvió sobre el tapete. En forma sorpresiva, el diputado herrerista Gustavo Penadés anunció que su sector político está dispuesto a «analizar» la derogación de la Ley de Caducidad. «Si el gobierno dice eso, nosotros no vamos a ser impedimento para que eso suceda «, dijo Penadés al semanario Búsqueda.

«La ley está vigente y el Poder Ejecutivo no piensa removerla. El gobierno no tiene interés en que ningún militar vaya preso. No es asunto del gobierno, es asunto de la Justicia», indicó a LA REPUBLICA una alta fuente oficial.

El ex presidente Julio María Sanguinetti opinó, en la misma publicación, que con la interpretación del gobierno sobre la Ley de Caducidad se corre el riesgo de «perder el espíritu» que guió la transición uruguaya.

Por su parte, el senador del Partido Socialista (PS) José Korzeniak consideró que el Poder Ejecutivo está realizando una interpretación «jurídicamente impecable» de la Ley de Caducidad, al tiempo que afirmó que el Parlamento «no puede» derogar esa ley porque fue ratificada por un pronunciamiento popular.

Korzeniak aclaró a LA REPUBLICA que sus declaraciones son como constitucionalista.

A su entender, «el Poder Ejecutivo está cumpliendo adecuadamente y aplicando con toda prudencia y justeza jurídica la Ley de Caducidad».

«El artículo 4º estuvo olvidado o disimulado durante los gobiernos anteriores, salvo algún intento del doctor Jorge Batlle cuando creó la Comisión para la Paz, pero este gobierno lo está cumpliendo a cabalidad «, destacó.

«Ahora ha aparecido una nueva tesis para modificar o derogar la Ley de Caducidad. Lo primero que quiero decir es que la interpretación del Poder Ejecutivo sobre la Ley de Caducidad es jurídicamente impecable, pero también hay que señalar que la aplicación final corresponde a los jueces».

«Los parlamentarios de administraciones anteriores llegaron a votar ascensos de militares, pese a que en la Comisión de Defensa del Senado existían pruebas de que habían participado en torturas. Pero igual votaban porque decían que la Ley de Caducidad los exoneraba, lo que no es así», afirmó Korzeniak.

 

«No se puede derogar»

«Cuando plantean la modificación de la Ley de Caducidad, mi opinión jurídica como profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional es que el Parlamento no puede derogar esa ley por sí solo, porque fue ratificada mediante un pronunciamiento popular».

«Para modificarla se requiere un pronunciamiento popular», sostuvo el legislador.

Explicó que la Constitución prevé distintos procedimientos para llevar adelante una modificación de este tipo, como la iniciativa popular legislativa, que no está reglamentada pero sí prevista en el texto constitucional. *