Proyecto de ley sobre cárceles genera un intenso debate a nivel parlamentario

Ante la intención del Nuevo Espacio y de la Vertiente Artiguista de establecer como mínimo un año de prisión, el MPP se mostró más proclive a exceptuar del beneficio a quienes hayan cometido delitos contra la humanidad, pero además preocupan los casos de violencia doméstica y de abuso sexual. Desde Asamblea Uruguay, en cambio, tal como lo ha adelantado el Partido Socialista, se apoya el texto remitido por el Poder Ejecutivo.

El diputado tupamaro Javier Salsamendi dijo ayer a LA REPUBLICA preferir que el octavo artículo del proyecto se complemente con excepciones antes que estableciendo plazos mínimos de prisión, al tiempo que se mostró más preocupado por los casos de violencia doméstica y de abuso sexual que por los delitos de lesa humanidad, aunque también entendió que podrían ser incorporados en la redacción como impedimento para otorgar el beneficio del arresto domiciliario.

Respecto a los delitos de violencia doméstica y abuso sexual, consideró inconveniente que se determine un arresto domiciliario que implique que el delincuente termine conviviendo con la víctima.

Salsamendi hizo notar que el artículo que más preocupa a la bancada de gobierno otorga discrecionalidad al juez y no lo obliga a determinar el arresto domiciliario.

Desde Asamblea Uruguay, el diputado Jorge Orrico sostuvo que el arresto domiciliario para mayores de setenta años se dispone por «razones humanitarias» en virtud de que se supone que no están en condiciones de soportar la cárcel.

Puntualizó, además, que no se puede legislar con nombre y apellido, si es que los sectores que impulsan la modificación al texto se enfocan en un eventual procesamiento del ex dictador Juan María Bordaberry.

El senador socialista José Korzeniak había hecho el informe a Presidencia de la República sugiriendo la redacción que finalmente tuvo el proyecto con los mismos criterios que ahora expresó Orrico.

 

Oposición

Desde todos los sectores de la oposición surgieron ayer críticas al proyecto del gobierno centradas en que se actuó bajo presión de los presos y que fue un tema «mal manejado».

Alianza Nacional ratificó la postura que ya había adelantado el diputado Alvaro Alonso, anunciando ayer en conferencia de prensa que el sector se opondrá al proyecto.

Asimismo, el diputado aliancista Alvaro Lorenzo manifestó discrepancias específicas al articulado, como el hecho de no exceptuar del beneficio de las salidas anticipadas a violadores de mujeres mayores de edad.

En contrapartida, el sector dijo estar dispuesto a estudiar lo relativo a la redención de penas, al tiempo que se manifestó la disposición a contribuir en la ley de presupuesto a destinar recursos para el sistema carcelario.

El diputado forista Washington Abdala, por su parte, sostuvo que el gobierno tiene una «mirada muy humana para los reclusos, pero no para la sociedad».

Manifestó, a su vez, tener pocas expectativas de que el proyecto sea modificado porque «nos meten la plancha, levantan las 52 manos y no veo demasiado ambiente para flexibilizar una norma muy dura».

El quincista José Amorín adelantó su posición negativa al proyecto, del cual dijo que «es un claro ejemplo de cómo no se deben manejar las cosas», considerando que fue «mal manejado» luego de haberse anunciado hace cuatro meses y haber creado «inquietud en los presos».

«A la oposición nunca le vino bien el momento, siempre tuvieron un pero», reaccionó Orrico ante la insistencia de que el gobierno mandó el proyecto forzado por una amenaza de motín en el Penal de Libertad.

«Ellos crearon el caos», agregó, señalando que «la oposición ha negado siempre la relación entre la situación económica y la criminalidad». *