Ottati interpuso casación a extradición de tres militares del "caso Berríos"

El doctor Amadeo Ottati interpuso ayer una recurso de casación contra las resoluciones del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno y del Juzgado Penal de 2º Turno que ya concedieron la extradición a Chile de los militares implicados en el «caso Berríos».

El exhorto que envió a Uruguay la Justicia chilena para que los tres militares fueran sometidos a un juicio con fines de extradición deberá ser dirimido ahora por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El doctor Ottati interpuso la casación en tiempo y forma, dentro del plazo legal.

El coronel retirado Tomás Casella y los capitanes Eduardo Radaelli y Wellington Sarli son investigados por el juez de Pando, Pedro Salazar, por el homicidio de Berríos, un ex colaborador de la policía secreta del general Augusto Pinochet, más conocido como inventor del gas sarín.

La extradición ya había sido concedida por los tres ministros, -José Bonavotta, Ricardo Harriague y Jorge Borges-, quienes ratificaron las sentencia que dictó en primera instancia el juez penal de 2º Turno, Gustavo Mirabal, a solicitud del fiscal penal de 8º Turno, Luis Bajac.

Ottati fundamentó ayer su recurso de casación en que sus clientes deben ser juzgados por la Justicia uruguaya porque el presunto delito del «homicidio» de Eugenio Berríos habría sido cometido en Uruguay, país que tendría jurisdicción y competencia soberana para indagar.

Destacó además el defensor que el expediente penal instruido por el juez Pedro Salazar se inició «unos días antes» que la Justicia chilena instruyera su propio expediente para indagar el supuesto asesinato. Por fecha y jurisdicción corresponde juzgar a Uruguay, escribió Ottati.

El fiscal Luis Bajac y el juez Mirabal sostuvieron, por el contrario, que el secuestro y posterior asesinato de Berríos constituyeron «un delito continuado», que se comenzó en Chile pero luego culminó en Uruguay. Entienden que debe actuar la Justicia donde comenzó el delito penal.

Ottati esgrimió, en tanto, que el «secuestro» de Berríos en Chile no ha sido debidamente probado por la Fiscalía y el Juzgado, ya que Berríos fue visto en libertad con los «militares chilenos», y que fue visitado por su esposa a inicios de 1995, meses antes de terminar ejecutado.

El defensor alegó que, en todo caso, la actuación de sus clientes en el «caso Berríos» se desarrolló enteramente en Uruguay, y remarcó la ausencia de «elementos suficientes de convicción» que permitan deducir que sus defendidos hayan realizado un viaje previo a Chile.

Casella, Radaelli y Sarli resultaron sometidos a un juicio con fines de extradición porque los tres oficiales fueron «procesados en ausencia», por el juez chileno Alejandro Madrid, quien ya procesó a 21 personas por delitos «cometidos en Chile» en relación a los varios «secuestros».

El exhorto para el juicio de extradición fue remitido por Chile hacia el Uruguay porque los tres militares se negaron a comparecer ante la Justicia chilena cuando fueron invitados a concurrir por su propia voluntad como simples testigos de los hechos de Parque del Plata.

Las 21 personas ya procesadas en Chile por el juez Alejandro Madrid fueron sentenciadas por «privación de libertad» y «asociación para delinquir», delitos que la legislación chilena considera «permanentes».

La «asociación» es «permanente» mientras permanezca «encubierta». *