Díaz remitió el proyecto carcelario
En conferencia de prensa, Díaz explicó que deroga normas penales «inflacionarias de delito» e incluye otras como la «redención de la pena», como cambiar dos días de trabajo o estudio, por un día de reclusión. También se introduce el instituto del arresto domiciliario.
Por otro lado, negó que el gobierno haya «cedido a presiones» al presentar el proyecto un día después de los desordenes en el Penal de Libertad.
La iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros fue remitida al Parlamento, a través de la Cámara de Diputados.
La norma incluye las libertades anticipadas y excarcelaciones provisionales. Díaz dijo que se establecen como delito de menor entidad los que llegan a tres años de pena de penitenciaria y los de mayor entidad, aquellos que tienen una pena superior a esa. Para los más leves, «se hace preceptiva su libertad si han cumplido la mitad de la pena», mientras que para los delitos mayores «se les exige más tiempo de cumplimiento de la pena, las dos terceras partes».
La ley da mayores cometidos a los patronatos, pues lo que salgan en libertad provisional o anticipada serán atendidos antes de salir y durante los primeros tiempos de su libertad. Además, establece que en los contratos que haga el Estado en concesiones de obras públicas el 5% del personal obrero que tome, debe provenir de la bolsa de trabajo del patronato de liberados y encarcelados.
Reacciones
Tanto la Vertiente Artiguista como el Nuevo Espacio impulsarán en el Parlamento una modificación al proyecto de ley de humanización carcelaria de forma de impedir que se beneficien con arresto domiciliario eventuales procesados, mayores de 70 años, por delitos cometidos antes y durante el régimen dictatorial, incluyendo a Juan María Bordaberry. Ambos sectores buscarán establecer en el texto legal que esos procesados deban cumplir al menos un año de prisión.
El artículo octavo del proyecto -que la Asamblea General derivó a la Cámara de Representantes- es el que generó disconformidad en legisladores del oficialismo apenas conocida la decisión del Poder Ejecutivo de remitirlo sin variar su redacción.
El diputado vertientista Edgardo Ortuño dijo ayer a LA REPUBLICA que insistirá en modificar el artículo, como lo había advertido con anterioridad, de forma que no pueda un juez determinar arresto domiciliario sin cumplir por lo menos un año de cárcel para quienes hayan cometido «delitos importantes».
«Por esta ley no podemos llegar a que Bordaberry no vaya a la cárcel», subrayó Ortuño, por lo que entendió necesario especificar en el texto la salvedad.
El subsecretario de Defensa Nacional, José Bayardi, dirigente de la Vertiente Artiguista y titular de la banca que ocupa el propio Ortuño, dijo sin embargo no importarle dónde cumplan su arresto quienes eventualmente sean procesados, aunque no se manifestó en contra del planteo del diputado vertientista.
El diputado nuevoespacista Diego Cánepa, por su parte, también confirmó que impulsará una modificación al proyecto en el mismo sentido que Ortuño. «Un año de prisión antes de que el juez pueda dictar arresto domiciliario», dijo Cánepa que será su agregado al proyecto.
Desde el Partido Nacional, el diputado aliancista Alvaro Alonso se mostró «genéricamente en contra» de un proyecto de ley que habilite la liberación de presos.
El herrerista Gustavo Borsari consideró también que hubo una «presión muy grande de parte de los recluidos», así como «confusión en la opinión pública y en los reclusos, agravado por desórdenes, que son responsabilidad del Ministerio del Interior» por su «política errática».
Desde el Partido Colorado hubo más cautela respecto a pronunciarse sobre el proyecto, a pesar de que se han adelantado fuertes críticas. El diputado forista Germán Cardoso dijo querer esperar a que el texto llegue a formalmente a los legisladores, pero dijo también llamarle la atención que fuera remitido en el marco de una situación de tensión en el Penal de Libertad.
A partir de hoy, las distintas bancadas de diputados comenzarán a analizar el texto enviado por el gobierno. *
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