Chifflet advierte sobre el "desprestigio" de militares si no aportan información

El legislador socialista expresó que tan responsables son los militares que torturaron, como los que guardan silencio.

En un colmado Paraninfo de la Universidad de la República se recordó el 32º aniversario del Golpe de Estado y de la Huelga General. Al acto concurrieron legisladores, autoridades del gobierno, sindicalistas y representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Es así que participaron los senadores Rafael Michelini y Eduardo Lorier; los diputados Nora Castro y Guillermo Chifflet, y los ministros Víctor Rossi, María Julia Muñoz, los subsecretarios Miguel Fernández Galeano, Juan Faroppa y Felipe Michelini. A ellos se debe sumar Sara Méndez y los sindicalistas Juan Castillo y Luis Puig.

Luego de escuchar una serie de adhesiones provenientes de organizaciones de defensa de los derechos humanos del exterior y diversas personalidades, dio inicio en el Paraninfo la oratoria que estuvo a cargo de Alfredo Cuesta (Asociación de Familiares de Asesinados Políticos), y del legislador Guillermo Chifflet, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

El diputado socialista hizo hincapié en que los militares deben dar su testimonio sobre lo ocurrido durante la dictadura militar, y advirtió que estos no pueden opinar sobre temas políticos.

Advirtió que si los militares no aportan datos para llegar a la verdad, «va a suceder que cuando veamos un uniforme, estarán desprestigiando la profesión.»

Dijo que tanto son responsables aquellos uniformados que torturaron, como los que hoy día «guardan el secreto».

Chifflet, en medio de los aplausos de los presentes, hizo un llamado a la población: «Â¡No tenemos ninguna amenaza! Todos reclamamos verdad y justicia».

Por su parte, Alfredo Cuesta destacó la resistencia que tuvo el pueblo, a través de los trabajadores a la dictadura. Dijo que realmente existió un Plan Cóndor en la región, y que el caso del chileno Eugenio Berríos es una prueba de que este Plan «sigue volando sobre nosotros.»

Reclamó al actual gobierno, medidas claras y firmes. Mencionó la aprobación de leyes que penalice los delitos de lesa humanidad; que en el sistema educativo se construya la memoria colectiva de la dictadura. Así también exhortó a la instrumentación de la Corte Penal Internacional y la creación del Defensor del Pueblo.

«Esperamos que el nuevo gobierno no obstaculice el procedimiento de la Justicia. No nos asustan los cucos. Esperamos que los militares sigan con una vocación democrática», indicó Cuesta.

 

Acto y marcha

Poco más tarde, en la explanada de la Universidad, el secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, Luis Puig, fue el único orador del acto organizado por la central obrera.

Ante un numeroso público, el dirigente hizo referencia a que el año 1968 fue una antesala muy clara de lo que se venía en el país, ya que se estaba viviendo una «dictadura constitucional», llevada adelante por el Partido Colorado y sus aliados. Se refirió al año 1971, cuando desaparecieron Castagnetto y Ayala, secuestrados por el escuadrón de la muerte, y señaló que el terrorismo de Estado y sus consecuencias tuvieron cómplices muy encumbrados, como Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, para quienes reclamó prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura.

Más tarde, bajo la consigna «32 años, la misma lucha, a romper el silencio, a quebrar la impunidad», marcharon varias centenas de personas, entre la Plaza Libertad y el Parlamento. La plenaria «Memoria y Justicia» fue la agrupación convocante. *