Carámbula propuso adelantar asunción

El ámbito político en el departamento de Canelones se vio sacudido durante la jornada de ayer, al conocerse a través del Diario Oficial de la pasada jornada de la presupuestación de 101 funcionarios municipales, algunos de los cuales eran contratados y otros zafrales. La presunta digitación de estas presupuestaciones, en medio de un período de transición y a pocos días de asumir en la Intendencia Marcos Carámbula, llevó a un generalizado malestar en el equipo de gobierno de la administración entrante. En la noche del pasado martes, el próximo secretario general de la IMC, Yamandú Orsi, acompañado de sus colaboradores, mantuvo una entrevista con el intendente interino, Nery Fernández, para transmitirle su preocupación por este tema.

El jerarca municipal dijo desconocer estas presupuestaciones, y deslindó responsabilidades, ya que las mismas fueron propuestas el pasado 10 de mayo, cuando Fernández no estaba al frente de la comuna, y estas resoluciones fueron firmadas por el intendente Tabaré Hackenbruch y el ex secretario general, Daniel Lamela.

No obstante, en tiendas de la izquierda se le recriminó que esta resolución fue tomada por la Intendencia en el pasado 17 de junio y ayer fue publicada por el Diario Oficial. «Por lo tanto, no se explica cómo el intendente interino no estaba enterado del tema», dijo Fernández.

Debido al creciente número de irregularidades constatadas, y que «todos los días encontramos algo debajo de una piedra, es que le planteamos al intendente Fernández que estábamos en condiciones de administrar ya mismo la Intendencia, si lo entendía oportuno», dijo el secretario general designado, Yamandú Orsi. El equipo de Carámbula entiende necesario que la actual administración colorada entregue el poder antes del próximo 7 de julio, porque sus autoridades perdieron el control de la situación.

En el encuentro, también se le dijo al actual intendente que revoque la resolución aprobada por Hackenbruch, por considerarla inoportuna, deshonesta, y con una fuerte discrecionalidad política.

 

Presupuestaron a varios dirigentes colorados

A modo de ejemplo, entre los 101 presupuestados por Hackenbruch, se encuentra el doctor Daniel Telis, doctor en Medicina que trabaja en los servicios médicos del municipio canario. Este profesional, que durante algunos años se desempeña como zafral, fue el cuarto suplente del candidato a la Intendencia por el Foro Batllista, Heber Duque, a quien le presupuestaron una pariente, Laura Duque.

Otro caso que salió a luz fue el del ex diputado colorado Adolfo Sande. Su hijo, Gabriel, que trabajaba con el legislador como secretario, sin mediar un pase a comisión, fue contratado por la IMC. Según se pudo saber, actuó como «ñoqui», como mínimo, desde diciembre de 2004 a febrero de 2005, cuando su padre perdió la banca en el Parlamento. Fue allí que se apersonó en la Intendencia para que le adjudicaran un destino. Hoy día se desempeña en la Casa de la Cultura de Sauce.

Entre los presupuestados se encuentran abogados, médicos, choferes, maquinistas, oficinistas y operarios.

Yamandú Orsi explicó que estas irregularidades son una muestra de que las decisiones en la IMC no pasan por el ámbito municipal, sino por lo partidario, haciendo referencia a la injerencia del Foro Batllista en el accionar de la Intendencia.

El próximo secretario general anunció que si el intendente Nery Fernández no revoca esta resolución, lo hará Marcos Carámbula una vez que asuma.

Sin embargo, desde Adeom y la Junta Departamental de Canelones interpondrán recursos para anular estas presupuestaciones. En el caso de los trabajadores municipales anunciaron una impugnación, por considerar inconstitucional este recurso, por violar las normas establecidas en el presupuesto quinquenal. Además destacaron que en la presupuestación no se dio igualdad de oportunidad a los 1.500 funcionarios contratados. El gremio convocó a los trabajadores para el miércoles 29, a partir de las 9.00 horas, a fin de firmar la solicitud de revocación al intendente Fernández.

El gremio recordó la advertencia hecha, de que si se impugnaba el acto administrativo, estos presupuestados quedarían sin trabajo.

Ayer, la bancada de la izquierda en Canelones evaluaba la posibilidad de enviar al Parlamento un pedido de anulación de este acto. *