Defensores de Bordaberry y Blanco desarrollan estrategias divergentes

La estrategia jurídica del abogado del ex canciller Juan Carlos Blanco, el doctor Carlos Curbelo Tammaro, busca deslindar la responsabilidad de su cliente respecto a las ideas totalitarias y los delitos penales que serían imputables al ex presidente de facto, Juan María Bordaberry.

El doctor Gastón Chaves Hontou, defensor de Bordaberry, prefirió, por el contrario, recabar pruebas y testimonios que permitan atribuir el asesinato de los dos legisladores compatriotas a diferencias internas dentro del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T).

Insólitamente, el abogado de Bordaberry recabó un discurso de Wilson que acusó al gobierno de su cliente por los homicidios, y citó como testigos a dos ex guerrilleros, que rechazaron enfáticamente cualquier tipo de participación del MLN-T en el magnicidio.

El abogado de Blanco se limitó a desvincular a su cliente de los hechos indagados y no solicitó el discurso de Ferreira Aldunate.

Además, el abogado de Bordaberry pidió unas añosas declaraciones públicas del periodista estadounidense John Dinges, quien no dudó en acusar por el homicidio, precisamente, al gobierno de Bordaberry, mientras que puso en duda la prueba de culpabilidad contra Blanco.

El «homicidio» de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en Buenos Aires, que fue tipificado a Bordaberry y Blanco por la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, que pidió «procesamiento con prisión» para ambos ex mandatarios, despertó diferencias entre las dos estrategias.

En un escrito de ocho páginas, el doctor Curbelo Tammaro pidió al juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, documentos y pruebas que evidencian las «diferencias ideológicas» entre Blanco y Bordaberry, y el nulo poder de mando que tenía sobre las Fuerzas Conjuntas (FFCC).

Por el contrario, el abogado defensor de Bordaberry, el doctor Gastón Chaves Hontou, pidió diligenciar una prueba que incrimina aun más al gobierno de su cliente, y solicitó al juez el testimonio de dos ex guerrilleros, que ya lo desmintieron antes de ser citados a declarar.

Curbelo pidió al juez constancia de que Blanco estuvo ausente en la firma del «Pacto de Boiso Lanza», cuando el presidente Bordaberry decidió compartir el gobierno con las Fuerzas Conjuntas, y que no firmó el decreto de Bordaberry que disolvió las cámaras legislativas.

Bordaberry firmó con los militares el pacto de gobierno compartido, en febrero de 1973, y decretó la clausura del Parlamento en junio. Blanco no firmó ninguno de los actos administrativos. Además, nunca tuvo mando sobre las Fuerzas Armadas ni sobre el instituto policial.

El defensor de Blanco pidió probar también que el pasaporte de Michelini fue renovado mientras su cliente fue canciller, pero que luego fue anulado por el general Hugo Linares Brum, ministro del Interior, sobre quien recayó la potestad de expedir tal documento.

Los discursos de Blanco ante órganos uruguayos e internacionales, que Curbelo Tammaro pidió diligenciar al juez Timbal, buscan probar que el pensamiento político del ex canciller nunca coincidió con las tesis del corporativismo antidemocrático que compartió Bordaberry.

Al comparecer el jueves de la semana pasada ante el juez Timbal y ser interrogado como «indagado» por los homicidios de Michelini y Gutiérrez Ruiz, Bordaberry rememoró una vieja versión dictatorial, según la cual, los legisladores habrían sido muertos por tupamaros.

Mientras el doctor Chaves pidió procesar el diligenciamiento de un discurso de Wilson Ferreira, ante el Congreso de Estados Unidos, donde el caudillo nacionalista afirmó que «la orden del asesinato fue impartida desde el gobierno uruguayo» que presidió Bordaberry, el defensor del ex canciller evitó pedir esa probanza que perjudica directamente al ex dictador que ejerció hasta el 12 de junio de 1973.

En el mismo escrito, Bordaberry pidió, a través de su abogado Chaves, la citación de Kimal Amir y Luis Alemañy, quienes, ya antes de ser citados, contradijeron al presidente de facto, y luego acusaron a su gobierno por el asesinato de los legisladores, que investiga Timbal. *