José Díaz: "Somos servidores del pueblo y tenemos que tener la mejor relación con él"

El ministro del Interior comenzó refiriéndose a su percepción de hostigamiento, afirmando: «Ayer el editorialista de LA REPUBLICA calificaba con toda razón, como irresponsable del ámbito opositor, que desde el primer día nos ha hostigado de forma permanente. A mí incluso llevándome, como ministro del Interior, a la Comisión de Turismo».

Al empezar dije que era un hecho insólito, inédito que a un ministro del Interior se le convoque a una Comisión de Turismo y Deportes. Fui con la señora jefa de Policía de Maldonado y el sociólogo Paternain, director del Departamento de Estadística, para demostrar la falta de fundamento que se tenía para cuestionar la seguridad en Maldonado».

«O sea que por hacer oposición -siguió diciendo- se perjudica abiertamente los intereses que no son nuestros sino nacionales, como fomentar el turismo, el empleo, el ingreso de divisas para el país. Son numerosísimas las comparecencias de todos los ministros, obviamente que nos corresponde ir cada vez que nos convoquen, y lo hacemos con todo gusto, y vamos suficientemente equipados de argumentos sin interesarnos en entrar en otro tipo de debate».

 

El tema de las ocupaciones

 

En torno a la derogación del decreto 512/66, que habilitaba el uso de la fuerza policial para desalojar empresas ocupadas por sus trabajadores, el ministro Díaz aseguró que «nosotros derogamos esa medida porque era inconstitucional, porque cuando hay una ocupación de fábrica, se enfrentan dos intereses, el de los trabajadores y empresarios, dos derechos, el derecho de huelga y el derecho de propiedad. Cuando hay controversias de ese tipo, el poder llamado a dirimir esas diferencias es el Poder Judicial».

«En un Estado de Derecho, uno de sus principios fundamentales es la separación de poderes. Cada uno tiene su materia, su jurisdicción, y las facultades jurisdiccionales para dirimir conflictos e intereses la tiene exclusivamente el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo en este caso es auxiliar, y además es falso que el gobierno se niegue al uso de la fuerza pública. La usará cuando el Poder Judicial así se lo pida, así lo resuelva, y en este caso seguimos siendo, como lo es la Policía en su conjunto, una fuerza auxiliar del Poder Judicial».

 

Las quejas de

los empresarios

 

«Los empresarios se quejan olvidando estos antecedentes. En la actual andadura democrática cuántas veces hemos visto efectuar ocupaciones como una modalidad del ejercicio del derecho de huelga. Ahora, en esta campaña, tres meses después de nuestro anuncio de que íbamos a derogarlo, de que no íbamos hacer uso de esa facultad, viene esta campaña de operadores políticos y operadores comerciales, en el sentido de que con esto no se alienta o desalienta las inversiones».

«En un país donde todos sabemos que con la vigencia o no del decreto que derogamos, las tasas de inversión siempre son bajas. Razono de que ningún inversor serio, que son los que el país necesita, puede exigirle al país que le dé garantías fuera del marco constitucional. Dentro del marco constitucional está la ley de los inversores, y allí tienen toda la garantía del mundo, pero ésta, de que el Ministerio del Interior, la Policía, al pedido del propietario desaloje a trabajadores es una exigencia, un reclamo no sólo ilegal e inconstitucional sino es absolutamente inconveniente. Es generar una situación que nadie puede pretender en un país democrático que para invertir, el país democrático tenga que violentar las normas constitucionales que los rigen. Esa es una exigencia que nadie se la puede hacer al Uruguay.

 

El INAU y la acción policial

 

«La policía sin orden del INAU  agregó el ministro- tampoco puede meterse en los locales que están bajo la administración y gobierno de esta institución, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social».

-¿Qué pasa con la actuación de la Policía en Colonia Berro y las críticas de la ministra Arismendi hacia el grupo GEO?

-Hay dos aspectos. Nosotros partimos de la base institucional de que los servicios policiales como en cualquier servicio público, el administrador, el gobernante tiene que partir de la base que se cumplen bien. Por eso el Dr. Faroppa fue a Canelones a reconocer la actitud y el coraje incluso de los funcionarios que actuaron en el momento que pudieron actuar. Porque una dependencia del INAU, está claro, que no depende del Ministerio del Interior. Allí adentro nosotros no tenemos nada que hacer, la Policía prestó una labor meramente auxiliar.

-¿Pero ha habido quejas?

-Como ha habido quejas de los propios fugados recapturados, como ha habido figuras públicas que han cuestionado el accionar de la Policía en ocasión del transporte de reclusos que se fugaron en el camino. Otros no se fugaron porque actuó la Policía. Lo que corresponde y fue lo que hicimos inmediatamente fue ordenar una investigación administrativa y hasta que ésta no llegue a término nosotros no podemos opinar respecto de lo que ocurrió exactamente. Estamos a la espera de que la Fiscalía Letrada nos haga el informe correspondiente para ver si hubo o no hubo fallas, en una situación que toda la población se da cuenta que fue desordenada, explosiva, cuando hay un amotinamiento con rehenes, lo principal es que no haya muertos ni heridos. Eso se logró, eso está en el haber de las autoridades actuantes.

-De acuerdo al diputado Washington Abdala, la participación del senador Eduardo Lorier en el motín fue muy cuestionable.

-En la parte que corresponde al Ministerio del Interior, es bueno decir que ni bien me enteré del estado de situación, lo cual fue a eso de las 11 de la noche y de parte del director de la Policía Nacional, inspector Cardozo, quien es un funcionario de larga trayectoria, incluso fue comisario en la Comisaría de Menores, le pedí que fuera al lugar para «in situ» ver qué medidas correspondería tomar. Entonces nosotros mandamos al jerarca policial de mayor rango, de forma que allí cubrimos una responsabilidad que teníamos que cubrir. El inspector estuvo en el lugar, en medio de las dificultades de intervención por parte de la Policía, porque se le pidió incluso que se pusieran bien lejos del perímetro de la Colonia, ya que la presencia policial muchas veces irrita sobre todo a la muchachada un tanto alterada y amotinada como era. De forma entonces que a partir de allí el papel de la Policía fue secundario poniéndose a la orden de las autoridades actuantes. Estas resolvieron intervenir directamente.

-¿Qué opina acerca del traslado de menores hacia el Penal de Libertad que para algunos jueces está fuera del marco legal?

-Ante el pedido de las autoridades del INAU, personalmente consulté al director Nacional de Cárceles y este dijo que en el área del establecimiento Libertad, había una parte que perfectamente se puede compartimentar y separar del resto. Sabemos que es un predio muy amplio, grande y que entonces allí podía haber la posibilidad de alojar menores bajo la administración y dirección del INAU. Allí lo que se les ofrecía era un alojamiento, la comida, pero todo lo demás debía quedar a cargo naturalmente de los funcionarios del INAU.

 

Los malos tratos

 

–A propósito del tema carcelario, se ha dicho que las autoridades del Ministerio del Interior están preocupadas por la cantidad de denuncias por malos tratos policiales. ¿Qué respuestas reciben ustedes de los integrantes de la Policía frente a este tipo de denuncias?

-Siempre hay una actitud de rechazo. Hay aquí un desencuentro que viene de atrás también como tantas cosas que hemos heredado de administraciones anteriores, entre el poli
cía que se siente muchas veces maltratado por la sociedad, y la sociedad a su vez que se siente maltratada por la Policía. Es una situación que por todos los medios estamos tratando de ir superando, ya que estamos efectivamente preocupados frente a una cantidad importante de denuncias sobre malos tratos en el ámbito policial. Justamente estamos preparando un nuevo instructivo en la materia para imponer que el tratamiento a las vecinas y vecinos se haga respetando los derechos humanos de todos los habitantes del país.

Esa relación seguridad pública, firmeza, defensa del orden público, pero al mismo tiempo respetuosa de los derechos humanos es una afirmación de voluntad de gobierno que preside nuestras actuaciones.

En ese sentido haremos todo lo posible, actuaremos con rigor a partir de investigaciones que inmediatamente se ordenan cuando vemos que la denuncia tiene seriedad. Somos servidores del pueblo y tenemos que tener la mejor relación posible de trato, respetuoso, humanitario, y eso en todos los establecimientos públicos, comisarías, en la calle, ese es el deber de un servidor público. Tenemos que cambiar la situación de dureza para los pobres y el guante de terciopelo para los ricos. Los delincuentes de cuello blanco le han hecho más mal al país que lo que la gente piensa. *