Denunciantes del homicidio de Michelini y Gutiérrez Ruiz piden acceso al expediente

El expediente contiene los alegatos y recursos de los doctores Gastón Chaves Hontou y Carlos Curbelo Tammaro, defensores de Bordaberry y Blanco, cuyo «procesamiento con prisión» pidió la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, por el homicidio de Michelini y Gutiérrez Ruiz.

La representante del Ministerio Público y fiscal pidió que Bordaberry y Blanco fueran procesados con prisión como autores responsables de un delito de «homicidio muy especialmente agravado». Ya la semana pasada, el juez Timbal interrogó a los dos golpistas como «indagados».

Los denunciantes de cualquier delito sometido a proceso penal tienen derecho a pedir acceso al expediente completo una vez transcurrido un año desde la fecha en que se inició la etapa de «presumario», que culminará con el procesamiento y posterior comienzo del «sumario».

El escrito será presentado por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León, que representan a las familias Michelini y Gutiérrez Ruiz ante la Justicia en su denuncia por el secuestro, la desaparición, la tortura y el asesinato de los legisladores, en Buenos Aires, en 1976.

A su vez, la doctora Martínez Burlé coordinó para hoy un encuentro con Juan Raúl Ferreira, hijo del caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, quien posee actas de sesiones del Congreso de los Estados Unidos en las que su padre denunció el homicidio de sus dos amigos.

 

Ex tupamaros Amir y Alemañy desmintieron ayer a Bordaberry

Los ex tupamaros Kimal Amir y Luis Alemañy, pedidos como testigos por la defensa de Juan María Bordaberry, dijeron «no tener ninguna duda» que «los crímenes» de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz fueron «coordinados» por las dictaduras de Uruguay y de Argentina.

Entrevistados por el programa Código País que se emite por Canal 12, los dos ex guerrilleros desmintieron en forma tajante que Michelini y Gutiérrez Ruiz, así como los ex tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, hubieran sido asesinados por el movimiento tupamaro.

«Nos extraña que se desconozca la labor del Parlamento que investigó durante años los asesinatos. De los resultados no surge ni remotamente tal hipótesis. Al contrario, las conclusiones apuntan a la responsabilidad de las dictaduras», enfatizó Alemañy.

«Lo triste», agregó, «es que los cadáveres de nuestros amigos fueron sembrados con los volantes de la dictadura que plantearon la misma versión que sostienen los abogados de la defensa de Bordaberry».

 

Wilson acusó a Bordaberry

En un discurso histórico, que concitó una atención unánime de los congresistas estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, Wilson denunció las violaciones a los Derechos Humanos y acusó a Bordaberry y Blanco por la muerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz.

«La orden del asesinato fue impartida desde el gobierno uruguayo», dijo Wilson el 17 de junio de 1976, en audiencia ante la Subcomisión de Organizaciones Internacionales, de la Comisión de Relaciones Internacionales de la cámara de representantes, de Estados Unidos.

La declaración de Wilson ante el Congreso, que causó conmoción en los países democráticos del mundo occidental, detalló elementos que dejaron en evidencia la complicidad y responsabilidad del gobierno de facto en diversos secuestros, desapariciones y asesinatos políticos.

«Más allá de las pruebas», remarcó el caudillo nacionalista, «el sólo hecho de denunciarnos como tupamaros, en el clima político que se vivía en Argentina, y negarnos al mismo tiempo la documentación que nos permitía salir del país, equivalía a una condena de muerte».

 

Asesinatos pactados a bordo de un yate

La acusación de tupamaros que recayó sobre Michelini, Gutiérrez Ruiz y contra el propio Wilson partió del entonces canciller Juan Carlos Blanco, quien, días antes del asesinato de los dos primeros, mantuvo una reunión con el ministro del Interior, de la República Argentina.

Según versiones, el canciller Blanco se encontró con el general Albano Harguindeguy, el ministro del Interior de la dictadura del general Rafael Videla, a bordo de un yate que navegó por el río Paraná. Allí se habría pactado y coordinado el asesinato de los tres legisladores.

El entonces embajador uruguayo ante la República Argentina, quien había acompañado a Blanco a su reunión con Harguindeguy, fue obligado a permanecer en la cubierta de la embarcación. Así lo relató en la comisión parlamentaria uruguaya que investigó los asesinatos.

Las conclusiones de la comisión parlamentaria, creada en 1985 junto al retorno a la democracia, fue remitida tiempo después a la Justicia Penal, pero la prueba recabada debió ser dejada de lado, luego de aprobada la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

 

Un documento oficial con valor de prueba

La subcomisión de EEUU, que presidía el congresista Donald Frazer, estaba integrada con la Subcomisión de Apropiaciones, presidida por el también congresista Edward Koch, autor de la enmienda que, tras el discurso de Wilson, terminó con la ayuda militar oficial a Uruguay. El documento en poder de Juan Raúl Ferreira tiene valor de prueba, ya que fue impreso por la US Printing Office, la dependencia estatal que imprime toda la documentación oficial del Congreso y de la Casa Blanca, que luego se deposita en el Archivo Nacional de los EEUU. Hasta entonces, Estados Unidos tenía asignada, por vía presupuestal, una ayuda militar a Uruguay de tres millones y medio de dólares. La continuidad de la ayuda se decidía en la subcomisión que presidía Koch. El discurso de Wilson fue terminante para que fuera suprimida. *