La Justicia interrogó ayer al ex presidente de facto por "crímenes de lesa humanidad"

Hoy deberá comparecer el ex canciller Juan Carlos Blanco para rendir cuentas por el mismo delito, perpetrado en Buenos Aires, en mayo de 1976. Es la primera vez que dos mandatarios del llamado «Proceso Cívico Militar» deben responder por «crímenes de lesa humanidad».

Al igual que la audiencia con Bordaberry, el interrogatorio de Blanco se cumplirá en el 4º piso de los juzgados penales de la calle Misiones 1469, entre 25 de Mayo y Cerrito. Ambos comparecen en calidad de «indagados», «bajo apercibimiento» e «intimados» a ir con abogados.

Bordaberry está implicado en la causa porque remitió a la dictadura argentina una requisitoria para que los legisladores uruguayos sean capturados. Blanco, entonces canciller, ordenó anular los pasaportes de los compatriotas, obstaculizándoles toda posibilidad de exiliarse.

Los «interrogatorios» de Bordaberry y Blanco fueron solicitados por la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, quien pidió al juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, el «procesamiento con prisión» de ambos golpistas por un delito de «homicidio muy especialmente agravado».

La suspensión de las audiencias de ayer y de hoy, ambas citadas para las ocho de la mañana, había sido pedida, sin éxito, por el abogado de Bordaberry, el doctor Gastón Chaves Hontou, y el abogado de Blanco, el doctor Carlos Curbelo Tammaro. El juez desestimó la pretensión.

No obstante, el doctor Curbelo logró que el juez Timbal accediera a que su cliente, Blanco, declare hoy a partir de las 10 de la mañana, dos horas después de lo previsto por el magistrado. Se desconoce qué motivos alegó Curbelo para justificar la prorrogación de la audiencia.

En la audiencia de ayer, el abogado de Bordaberry, Chaves, entregó al juez Timbal un escrito con más de 160 páginas para que diligencie aún más pruebas, al amparo de la modificación del artículo 113 del Código Penal, de mayo de 2004. Timbal podrá admitirlo o rechazarlo.

Se estima que el doctor Curbelo elegirá una estrategia jurídica similar y solicitará nuevas pruebas para diferir en el tiempo toda posibilidad que su cliente sea procesado por Timbal como pidió Guianze. La etapa presumarial podría insumir desde varios meses hasta uno o dos años.

Los dos abogados defensores pretenden sostener la tesis de que los ex legisladores uruguayos Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron asesinados por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, al igual que los ex guerrilleros uruguayos Rosario Barredo y William Whitelaw.

Los cadáveres de los cuatro compatriotas aparecieron dentro de un auto, en Buenos Aires, el 20 de mayo de 1976. Dos de ellos estaban en el baúl. Los cuatro presentaban claros signos de torturas y habían sido ejecutados de un tiro en el cráneo, disparado a corta distancia.

La tesis conspirativa sustentada por los abogados de Bordaberry y Blanco se basa en un vieja versión de la dictadura civil y militar, según la cual, el MLN «coordinó» los asesinatos con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), argentino. Este argumento, fue desestimado por la Justicia argentina que investigó los hechos.

Según la versión golpista, Barredo y su esposo Whitelaw habrían sido asesinados por abandonar el MLN, mientras que Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron muertos por buscar, junto a los ex tupamaros, una salida pacífica al creciente clima represivo que instalara la propia dictadura.

Una versión similar, tampoco demostrada, divulgó la dictadura para justificar el asesinato en París del coronel Ramón Trabal, ex jefe del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), quien antes de ser apartado del mando de tropa, investigó ilícitos económicos con los tupamaros.

La Fiscalía en lo Penal de 2º Turno, cuya titular es la doctora Mirtha Guianze, presentó desde un principio al Juzgado Penal de 11º Turno, a cargo del juez Roberto Timbal, varios «documentos desclasificados» por Argentina, Chile y Estados Unidos que prueban el «Plan Cóndor».

El «homicidio» de Michelini y Gutiérrez Ruiz, explicó la Fiscalía Penal, se cometió en el marco de la «Operación Cóndor», la instrumentación práctica del llamado «Plan Cóndor», mediante el cual las dictaduras del Cono Sur coordinaron el exterminio de sus opositores políticos. En el mismo marco se ubica el «homicidio» de Barredo y Whitelaw, así como la «desaparición forzada» del comunista Manuel Liberoff, quien fuera secuestrado en Buenos Aires, el mismo día que aparecieron en el auto los cuerpos de los otros cuatro compatriotas, acusó la Fiscalía.

El «Plan Cóndor», que implicó la «desaparición forzada» de al menos 210 uruguayos en tres países diferentes, se institucionalizó el 28 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile, tras una reunión a la que asistieron delegados de las dictaduras de la región, incluido Uruguay. *