Piden procesamiento de tres asesores del Directorio del Banco Central del Uruguay

El fiscal Fernández Dovat imputó a los tres asesores un delito de «abuso de funciones». El magistrado citará a los denunciados como «indagados», «bajo apercibimiento», e «intimados» a comparecer en compañía de sus abogados, según el Código General del Proceso (CGP).

En medios judiciales se especulaba que los indagados serían citados para el jueves, a las 13.30 horas. Se estimaba que al menos unos dos centenares de ahorristas se congregarán en la puerta de los juzgados penales sobre la calle Misiones 1469, entre 25 de Mayo y Cerrito.

La denuncia contra los asesores Augusto Durán Martínez, Carlos Balsa y Tomás Brause, que «eventualmente» podría recaer contra el propio Directorio del BCU que ejerció durante el gobierno de Jorge Batlle, fue «ratificada» por 120 ahorristas damnificados por la quiebra del banco.

Los denunciantes alegaron que los asesores reconocieron la condición de ahorristas a 22 personas, entre las que figuraban tres gerentes del propio banco y algunos familiares directos, en perjuicio de los otros mil doscientos ahorristas que aún pretenden recuperar sus ahorros.

La Comisión Asesora fue creada por el artículo 31 de la Ley 17.613 de Fortalecimiento del Sistema Bancario (FSB), para analizar si todos los «ahorristas damnificados» por el Banco de Montevideo dieron su consentimiento o no para que sus fondos fueran transferidos al TC&B.

La off shore TC&B (Trade & Commerce Bank), con domicilio en Islas Caimán, fue utilizada por la familia Peirano para «desviar» fondos que ahorristas habían depositado en Banco de Montevideo creyendo que se trataba de depósitos a plazo fijo, según acusaron los denunciantes.

El actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, el ex diputado de Alianza Nacional Julio Cardozo, y el designado embajador en Francia, Héctor Gros Espiell, declararon como testigos en la causa que inició la escribana Alicia Barbani y el abogado Víctor Della Valle.

Los denunciados habían citados a declarar como «testigos» durante la etapa presumarial del expediente. Pero ahora, tras la solicitud y la imputación fiscal deberán hacerlo como «indagados», según el artículo 126 del CGP. Se descarta que el juez procese el día del interrogatorio. *