El embajador de España desestimó asistir al Parlamento a explicar política migratoria

El canciller Reinaldo Gargano, por su parte, negó que su Ministerio aconseje no viajar a España. Explicó a 1410 AM LIBRE que un funcionario había aconsejado tomar la precaución de reunir los requisitos que se exigen.

También se supo ayer que familiares de uruguayos residentes en España juntan firmas para entregar a la Embajada en Montevideo.

El embajador de España entendió que no corresponde que un diplomático asista a debatir un tema de esta naturaleza al Parlamento.

«Hay quienes piensan que este es un tema que ameritaría una conversación entre los presidentes de Uruguay y España», agrega la cadena española.

 

Gargano preocupado

«Lo que dice la información como la recogen algunos medios es equivocada. Cancillería no emitió ningún comunicado», explicó el canciller. «Lo que hizo Alvaro Portillo como funcionario fue hacer un comentario acerca de que dado que España está exigiendo una serie de requisitos que tomen esas precauciones».

Gargano manifestó estar «preocupado» por la situación. «No me agrada nada, realmente siento un profundo dolor, tengo tanto con Italia como con España una relación muy estrecha de carácter familiar y humano porque viví muchos años en España exiliado».

«Me preocupa porque puede despertar hacia la nación española, hacia la colectividad, ciertos actos que no deben efectuarse. Nosotros queremos tanto a los españoles, los vamos a proteger aquí en todos sus derechos, eso lo quiero decir como primera cosa. En todos sus derechos porque el Tratado de 1870 nos obliga a protegerlos y debemos exigir al gobierno español -agregó- que actúe respetando el Tratado de 1870, que le obliga a dar a los uruguayos el mismo trato que nosotros damos a los españoles aquí».

Sobre los pasos a dar, Gargano dijo que en Madrid, la secretaria de Estado para la Inmigración, le dijo que podía hacer dos cosas: seguir en la Justicia cinco casos que invocan el tratado –que es la línea que el gobierno uruguayo está siguiendo– o rescindir el tratado de 1870. Hacerlo, significaría que los españoles en nuestro país pierdan derechos, lo que el gobierno no quiere. *