Corte Suprema de Argentina dictaminó que las dos leyes de perdón son nulas

Votaron por declarar inconstitucionales las llamadas «leyes de impunidad» siete de los nueve jueces del más alto tribunal, uno de los dos restantes, Carlos Fayt, se opuso y el otro, Augusto Belluscio, acaba de pedir su jubilación y horas antes de que los supremos terminaran de ajustar sus posiciones, el presidente Néstor Kirchner le aceptó la renuncia.

De los siete votos positivos, cinco tuvieron de hecho el mismo texto; los otros dos, aunque no modifican el fondo de la cuestión lo hicieron con otros argumentos. Ya antes, varios jueces federales habían dictaminado lo mismo, al igual que el procurador general de la Nación.

Con todo, la actual integración del supremo tribunal donde ya la mayoría son jueces de alto prestigio que ingresaron bajo la actual administración, facilitó junto al impulso político que en la materia le ha dado el Presidente, que se permita juzgar a todos los implicados en crímenes aberrantes.

Como ocurre siempre, el alto tribunal se expide sobre un caso concreto y su fallo se convierte en doctrina. La sentencia cayó en la causa contra Julio Simón, ex oficial de la Policía Federal imputado por la desaparición forzada de José Poblete y Gertrudis Hlaczik y de la apropiación indebida de Claudia Poblete, hija del matrimonio.

Actualmente por violaciones a los derechos humanos ya están detenidos 147 militares y ex militares. Según fuentes del Ministerio de Defensa, se estima que a partir de la sentencia podrían ser citados a declarar unos 3.000 hombres de armas, de los cuales no más de 40 permanecen en actividad. El fallo no toma por sorpresa a las Fuerzas Armadas, pero sí causa preocupación en algunos de sus cuadros aunque es inimaginable que se repitiera el escenario de 1987, cuando el alzamiento de los llamados «carapintadas» obligaron al entonces mandatario, Raúl Alfonsín, a pedir la sanciones de las leyes de impunidad.

 

Delitos de lesa humanidad

La sentencia llevará fue rubricada por los ministros Enrique Petracchi  presidente del máximo tribunal , Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Antonio Boggiano. Dijeron que la sanción de las leyes del perdón violó la prohibición de amnistiar delitos aberrantes.

Una sentencia como la conocida en la víspera hubiese sido impensable con la composición anterior del cuerpo. Pero coadyuvaron en esa dirección la multiplicación de fallos de jueces de primera instancia que declararon inválidas las leyes, sobre la base de los tratados incorporados por la reforma constitucional de 1994.

No fue menor la presión de varios países europeos (como España, Francia y Alemania) para pedir la extradición de diversos militares en caso de que no fuesen juzgados en el país: ahora, la Corte da nuevo impulso a las causas que se sustancian en la Argentina y reafirma la jurisdicción nacional. Como consecuencia de las leyes de 1987 arrancadas bajo presión castrense, sólo quedó habilitado el juzgamiento de cuadros superiores de las Fuerzas Armadas y de seguridad, mientras que los oficiales y suboficiales que no tenían capacidad de mando de zonas y subzonas en las que se dividió el país a los efectos de organizar la represión quedaron alcanzados por un olvido.

Los casos de robos de bebés en cautiverio, nunca fueron amparados por esta legislación y por eso ya Jorge Videla o Emilio Massera están procesados por esos delitos, aún antes que el Parlamento anulara las leyes de impunidad y reabrió numerosos casos en trámite actualmente que ahora tomar otro impulso

En el fallo de varios centenares de fojas, el titular del tribunal, Petracchi, que se opuso siempre a convalidar esas leyes sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió en 2001 que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables, por lo cual concluirá que las leyes de impunidad -a las que este juez siempre consideró amnistías encubiertas- viola la Constitución y los tratados incorporados a ella con jerarquía constitucional, entre ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Lo ocurrido abre un nuevo escenario judicial con posibles citaciones a centenares de militares, la mayoría jubilados. Lo que ya están procesados con distintas causas «madres», el fallo acelerará para los próximos meses los juicios oral y público y el dictado de sentencia.

Va de suyo que la definición llamada a tener enorme repercusión internacional, es producto de una larga lucha de las organizaciones defensoras de derechos humanos. De hecho, la querella en el caso «el Turco Simón», la impulso el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside el periodista Horacio Verbitsky. *