Documento publicado ayer por LA REPUBLICA revela indicios del "Plan Cóndor" de los grupos paramilitares

La coordinación represiva entre los varios grupos paramilitares que operaban en Uruguay y Argentina, ya antes que las dictaduras civiles y militares se instalaran en ambos países, quedaría en total evidencia si se investigaran los «negocios ilícitos» que tenían Márquez y Gordon.

El entonces capitán de navío Hugo Márquez, quien luego llegaría a ser contralmirante, fue acusado por sus propios camaradas de la Armada Nacional y de la Prefectura Nacional Naval de actos ilícitos junto al líder de la Triple A. Incluso llegaron a pedir un Tribunal de Honor.

Márquez, quien se había apoyado en el financiamiento del enigmático Anibal Gordon y del golpista naval argentino Emilio Massera para así poder disputar la hegemonía en las Fuerzas Conjuntas, llegó a tener por entonces «importantes reuniones de negocios» en Punta del Este.

En una casa en el balneario La Paloma, desde donde controlaba varios de los negocios pesqueros que había montado con su socio Gordon, estableció su base de operaciones para desarrollar multimillonarios negociados que incluyeron extorsiones y chantajes a presos políticos.

«Manejo ilegal de divisas», «hundimiento de un buque pesquero» por motivos nunca esclarecidos, «malversación de fondos», «sobornos» y «asociación para delinquir» dedicada al chantaje y la extorsión, son algunos de los ilícitos que le imputó el ex senador Germán Araujo.

La denuncia de Araujo, hecha en la Cámara de Senadores una vez reconquistada la democracia, nunca fue objeto de una pertinente investigación judicial. Los legisladores de aquel entonces, tampoco se atrevieron a constituir una comisión parlamentaria de investigación.

El principal acusador de Hugo Márquez fue quien luego llegaría a ser prefecto del Puerto de Montevideo: Jorge «Tigre» Nader, conocido por su salvajismo en la tortura y su autoritarismo en la conducción del cargo bajo su mando. Otros siete oficiales acompañaron su denuncia.

Sin embargo, la Justicia Militar de «la dictadura blanca» nunca integró el Tribunal de Honor que los ocho oficiales habían solicitado para que Márquez fuera interrogado y juzgado de acuerdo a las normas legales que se habían autoimpuesto las llamadas Fuerzas Conjuntas (FFCC).

Todos los ilícitos atribuidos a Márquez por su propios camaradas de armas, y luego por el senador Araújo, fueron recogidos ahora por la historiadora Virginia Martínez en su reciente trabajo de investigación «Tiempos de Dictadura», un libro que comercializan todas las librerías.

 

«La vía uruguaya de la democracia a la dictadura»

El también historiador y destacado analista político, el profesor Hugo Cores, comentó anoche a LA REPUBLICA que el documento publicado el domingo por el diario plural constituye «un testimonio importante» que demuestra «el tránsito de la democracia años 50 a la dictadura».

Las acciones de los grupos paramilitares como la JUP, explicó Cores, fueron «la vía uruguaya hacia la dictadura» porque su actuación se remonta a comienzos de la década de los años 70 cuando todavía «quedaba una cáscara de la democracia pero con dura represión».

«Había elecciones, aunque fraudulentas como las del año 71, pero aún sesionaba el Poder Legislativo y quedaba una cáscara de democracia pero ya comenzaban a aparecer los atributos de lo que luego sería la represión brutal y violenta de la dictadura del 73″, recordó Cores.

«La vía uruguaya a la dictadura», insistió, «incluyó el mantenimiento de una fachada de democracia con grupos paramilitares que armaban las propias Fuerzas Conjuntas. No podemos olvidar que las elecciones del 71 se celebraron con grupos paramilitares actuando en la calle».

Los gobiernos de Jorge Pacheco Areco, que presidió casi todo el período bajo las llamadas «medidas prontas de seguridad», y el de Juan María Bordaberry, que disolvió las dos cámaras legislativas por decreto, el 27 de junio de 1973, «recrudecieron la represión», acusó. *