El abogado de los tres militares del "caso Berríos" recurrirá ante la Suprema Corte

Ottati, quien se notificó ayer de la resolución que el tribunal adoptó el viernes, dispone de un plazo de quince días hábiles o corridos para interponer la casación. El tiempo para interponer el recurso podría computarse de dos maneras, según el criterio que aplique el tribunal.

Según trascendió ayer, el doctor Ottati discrepa con los «argumentos» de los ministros de apelaciones que ratificaron la sentencia del juez penal de 2º Turno, Gustavo Mirabal, quien, a pedido del fiscal penal de 8º Turno, Luis Bajac, concedió la extradición el 16 de noviembre.

En su recurso de casación ante la SCJ, Ottati insistirá, así como lo hizo ante el Tribunal de Apelaciones, que el presunto secuestro y homicidio del bioquímico chileno Eugenio Berríos por parte de los tres militares, ahora involucrados, debe ser objeto de un proceso penal en Uruguay.

Sostendrá además que el delito se cometió en Uruguay, donde debe ser juzgado, pero agregará que el delito ya prescribió según las leyes uruguayas. El juez y el fiscal habían fundamentado, por el contrario, que se trata de «un delito permanente», y que en Chile no prescribió.

Ottati alegará que las actuaciones judiciales en torno al «caso Berríos» comenzaron en el Juzgado de Pando cuando el bioquímico denunció su secuestro en la comisaría de Parque del Plata, «semanas antes» que la Justicia chilena instruyera un expediente propio por el «secuestro».

En el primer expediente uruguayo, remarcará Ottati, fueron citados a declarar dos de los tres militares que todavía continúan implicados en todas las circunstancias que rodearon el «caso Berríos»: el coronel (r) Tomás Casella Santos y el capitán Eduardo Radaelli Cóppola.

El cadáver de Berríos, con dos balazos en la nuca que le destrozaron el rostro, apareció en abril de 1995 semienterrado en una duna del balneario El Pinar. El hecho determinó el comienzo de la instrucción de un segundo expediente penal, también en el Juzgado de Pando.

El segundo expediente por «homicidio» comenzó mientras la Justicia chilena aún tenía en curso el expediente por «secuestro» que inició en 1993, el año en que Berríos se presentó ante la comisaría de Parque del Plata y dijo estar secuestrado y agregó que lo querían asesinar.

Ottati alegará que el expediente es uno solo, que las acciones penales comenzaron en Pando, y refutará además un argumento del tribunal, según el cual, habría «una jurisdicción concurrente» que sometería a los militares a un doble juicio simultáneo en dos países diferentes.

El defensor de los tres oficiales considera que sus clientes deben ser juzgados en Uruguay y discrepa con que el expediente chileno simultáneo al uruguayo esté violando el principio jurídico «non bis in idem», por el cual «nadie puede ser procesado dos veces por un mismo delito».

Particular hincapié hará Ottati en el hecho que dos de sus defendidos ya vienen siendo sometidos a proceso desde 1993, cuando se inició el primer expediente por el secuestro de Berríos, antes que la Justicia de Chile instruyera su propia indagación por el mismo delito penal.

Con la aparición del cadáver de Eugenio Berríos en abril de 1995, el Juzgado de Pando instruyó un segundo expediente por «homicidio» en que volvieron a declarar Casella y Radaelli, hijo del dueño de la casa de Parque del Plata donde el chileno dijo haber estado secuestrado.

Entre los militares citados a declarar en el segundo expediente por «homicidio» se sumó el capitán Wellington Sarli Posse, el tercero de los oficiales superiores defendidos por el doctor Amadeo Ottati. El expediente prosigue en etapa de presumario, sin imputar delitos.

Según trascendió en las últimas horas, el Juzgado de Pando, a cargo del juez Pedro Salazar, analiza «pruebas» que el propio magistrado solicitó al Ministerio de Defensa Nacional. La fiscal Nancy Hagopián había solicitado el archivo de la causa el 23 de diciembre de 2003.

El Juzgado también diligencia «otras pruebas», una de ellas solicitada al Tribunal de Apelaciones que ratificó la extradición, y otras que han sido remitidas a instituciones «no estatales», según se pudo saber. Una parte de la «prueba» ya fue pedida dos veces, sin obtener respuestas. *