Denuncian "persecución política" en Cerro Largo

El reelecto intendente Ambrosio Barreiro, visiblemente molesto, minimizó la situación al ser consultado por radio La Voz de Melo, indicando que «se trata de informaciones inexactas manejadas por los medios de comunicación y algunos agentes políticos». Para Barreiro, «se trata de una reestructura de la plantilla de funcionarios que no afectará ni la quinta parte de lo que se maneja públicamente».

Por su parte, desde la Federación de Funcionarios Municipales se adelantó a LA REPUBLICA que el tema fue denunciado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en los próximos días tendrá lugar en Melo un Congreso Regional de municipales para analizar la problemática.

Al momento de este informe, el gremio local de Adeom venía negociando con las autoridades municipales el reintegro de unos 40 empleados con diez y más años de antigüedad, extremo este que habría logrado solución.

Mientras tanto, paulatinamente serían reincorporados a la administración comunal otros funcionarios cuyo legajo y antigüedad permanecen a estudio.

A todo esto hemos logrado saber de fuentes fidedignas que definitivamente quedarán sin su trabajo más de un centenar de personas, lo que genera una situación de caos social en el departamento.

Para el diputado de izquierda, ingeniero Gustavo Guarino, «la decisión de las autoridades municipales atenta contra los derechos laborales y elementales de la legislación del país».

El parlamentario responsabilizó de la situación, tanto al actual como al reelecto intendente, ya que según remarcó «pertenecen al mismo grupo político». Guarino acusó de «trasnochados con mentalidad de otras épocas que en el Uruguay creíamos no existían y sin embargo en Cerro Largo existen», a quienes adoptaron la drástica medida. «Es difícil dialogar con Barreiro cuando además de despedir gente lo hace con claro sentido de persecución política», concluyó el legislador. Por su parte, la Mesa Política Departamental del Frente Amplio se pronunció sobre el masivo despido de funcionarios municipales, estableciendo en un comunicado hecho público que: Condena esta tradicional práctica de clientelismo y posterior cese masivo de funcionarios que perjudica a familias de escasos recursos. Al mismo tiempo el órgano dice coincidir con el fundamento de realizar un prolijo traspaso de mandato, ante lo cual deberían adoptarse medidas para corregir prontamente los desvíos de corrupción que la administración registra.

Otro de los puntos en los cuales la izquierda cuestiona y rechaza la medida indica que «reafirmar este tipo de prácticas no colabora ni genera el adecuado clima para realizar conversaciones entre los diferentes actores políticos para acordar una gestión de gobierno de consenso, diferente a la realizada en la administración que finaliza».

Finalmente la Mesa Departamental del FA remarca su «profunda solidaridad con los funcionarios municipales arbitrariamente cesados por este gobierno, así como también con el sindicato de Adeom en la defensa de los compañeros trabajadores».

Cabe acotar que a nivel popular la determinación de las jerarquías municipales ha generado una serie de especulaciones y comentarios preocupantes en relación al futuro de cientos de familias que quedaron sin su fuente laboral en este departamento, que presenta uno de los índices más altos en materia de desempleo. *