Interpelación a Arana abroqueló al gobierno

En un debate que duró más de once horas y en el que Arana siguió la desacostumbrada estrategia de hablar lo menos posible, la oposición se ocupó de poner sobre la mesa declaraciones divergentes de representantes del gobierno en cuanto al alcance de la reforma constitucional, que fueron emitidas antes y después del 31 de octubre y de la emisión del decreto, para llegar a mocionar sin éxito una declaración que acusaba de «doble discurso», «engaño» e inconstitucionalidad al gobierno.

En tanto, el ministro y su bancada se ampararon en dictámenes de juristas y apuntaron a las diferencias en la oposición, marcando el apoyo que Alianza Nacional le dio a la reforma constitucional en contraste con el Herrerismo, Correntada Wilsonista y el Partido Colorado.

El diputado herrerista Luis Lacalle Pou inició su interpelación con una serie de citas a la ministra Marina Arismendi  que en un reportaje publicado ayer en Búsqueda se manifestó contraria al decreto y justificó haber firmado el decreto por ser «parte del gobierno»- así como al canciller Reinaldo Gargano para marcar las diferencias de interpretación de la reforma con respecto a su retroactividad.

Tras una intervención inicial de poco más de media hora, Lacalle Pou planteó a Arana un breve interrogatorio de cuatro preguntas: «Si el decreto representa cabalmente el espíritu del ministro en el momento de acompañar la reforma y convocar a la ciudadanía»; «si no cree que el decreto no hace más que torcer la voluntad expresada en las urnas»; preguntó sobre su convencimiento en cuanto a la legalidad del decreto; y «si no se considera contundente la imposibilidad de prestación del servicio por parte de concesionarios privados».

El ministro Arana se amparó en una resolución del gobierno de Jorge Batlle que instaba a una «adecuada transición» de los servicios de agua potable de las concesionarias privadas a OSE, así como en un decreto de diciembre de 2004 que admitía que había «notorias discrepancias en el ámbito político y académico» sobre la reforma constitucional. Dicho decreto, subrayó Arana, sostenía que el gobierno «no dispone ni podría disponer» la instantánea asunción de parte de OSE de los servicios concesionados. Además, establecía que no se podían fijar plazos y que era «ineludible interpretar» que los contratos no se extinguen inmediatamente.

Lacalle Pou rechazó que Arana se basara en ese decreto porque «el gobierno lo derogó» con el del 20 de mayo pasado. «No sirve como fuente de derecho y menos sirve esgrimirlo».

 

Interpretación

Arana logró que su interpelante admitiera las diferencias en la oposición luego de aludir al proyecto elaborado por el orientador de Desafío Nacional, Juan Andrés Ramírez, de interpretación de la reforma constitucional que establecía que no era retroactiva y que fue firmado, entre otros por los senadores Francisco Gallinal, líder de Correntada Wilsonista, y por el senador herrerista Luis Alberto Heber.

Lacalle Pou dijo no estar de acuerdo con que se hiciera una ley interpretativa y acusó al gobierno de Jorge Batlle de haber violado la Constitución al no haber hecho caer inmediatamente las concesiones.

El herrerista se centró, por otra parte, en que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, «cambió de opinión» en el entendido de que «una fue la que dio a los militantes y otra es la que dio en España y en ADM» durante la campaña electoral. Para Lacalle Pou, en cambio, Gargano y Arismendi mantuvieron su opinión luego de la campaña, «pero cambiaron al firmar el decreto».

En defensa de Gargano y de Arismendi salieron al cruce los diputados Roberto Conde (PS) y Doreen Javier Ibarra (DA), respectivamente. El primero puso énfasis en defender la solución alcanzada por el gobierno para iniciar el proceso de estatización de los servicios de agua potable y saneamiento, al tiempo que Ibarra precisó, para luego recibir el saludo de Arana, que, en la diversidad, su fuerza política su basa en la unidad.

El diputado aliancista Javier García, por su parte, entendió que fue por decreto y no por la vía de una ley que se interpretó la reforma porque era la única forma de que lo apoyaran todos los sectores del Encuentro Progresista.

El diputado nuevoespacista Gonzalo Mujica, en cambio, consideró la interpelación encabezada por el Herrerismo como «el enésimo intento de ganar en la liga lo que perdieron en la cancha a manos de los progresistas de su partido».

«¿Alguien puede creer que el Herrerismo quiera estatizar? Les creo tanto como en la alegría de que (Jorge) Larrañaga ganara la Presidencia», disparó Mujica.

 

Fernandinos

El argumento de que Aguas de la Costa representa el 0,29% de los servicios de agua potable y saneamiento no resultó aceptable para el diputado blanco por Maldonado Fernando García. Para su población, corrigió, el problema es mucho más representativo. En tanto, el diputado colorado de ese departamento, Germán Cardoso, sostuvo que «cuando se insiste en que se dijo que la reforma no era retroactiva, se miente», acusando que los diputados frenteamplistas Oscar de los Santos y Darío Pérez sí lo sostuvieron.

Pérez aseguró querer «ver caer las banderas de Aguas de la Costa» y «ser el hacha que las derribe», pero al mismo tiempo aseguró haber perdido perdón porque los representantes del Frente Amplio votaran «como angelitos» en 1992, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, la ley que habilitó a concesionar los servicios de OSE.

Luego de varias horas sin intervenir, el ministro Arana hizo una declaración final en la que sostuvo que «la relación contractual no es el único fundamento» para la reparación a las concesionarias y que «ha sido sabia la decisión (del gobierno), poniendo tope a las eventuales indemnizaciones».

Puntualizó que «el anterior gobierno no fue claro en los alcances de la reforma» y que «reconoció que había diferencias interpretativas».

Acusó además a Uragua de haber pretendido «refugiarse en la reforma» y por eso, explicó «el Poder Ejecutivo estableció que los contratos se respetan si se cumplen».

Señaló que «podrá subsistir la discusión», pero dijo tener la tranquilidad de haber actuado de acuerdo a la Constitución.

«No nos preocupan diferencias de opiniones, no nos preocupa el monto de dinero que se tenga que pagar para cumplirla», agregó, precisando que «nuestra fuerza sabe lo que significa pagar para defender la libertad».

Además, aseguró que el gobierno será respetuoso de eventuales fallos de la Suprema Corte de Justicia cuando se interpongan recursos.

«Las políticas de Estado no se generan en 90 días, pero en poco tiempo estamos recuperando más de un 99% y vamos a completar estas acciones en el 100%», subrayó finalmente.

La sesión terminó tras aprobarse con los 52 votos del oficialismo una moción que declaró «totalmente satisfactorias las explicaciones del ministro» y que «el gobierno nacional y el Mvotma en particular han cumplido a cabalidad con los preceptos emanados de la Constitución de la República».

La moción de la oposición, que no llegó a ser puesta a votación señalaba que «el Poder Ejecutivo está llevando adelante una posición contraria a aquella que defendió en la campaña electoral y por la cual convocó a votar la reforma constitucional, en un manifiesto ejercicio de doble discurso» y que ello se agrava en la medida que «supone un engaño a la gente». Declaraba esta moción insatisfactorias las explicaciones de Arana y sostenía que el decreto del 20 de mayo es inconstitucional.

«Calavera no chilla», dijo pocos minutos antes Darío Pérez. «Para los que son nuevos, las inconstitucionalidades
se han resuelto siempre con votos». *