Por mayoría, la Corte Electoral le suspendió derechos ciudadanos

Por mayoría de sus integrantes, la Corte Electoral inhabilitó ayer la inscripción cívica del ministro del Tribunal de Cuentas, Ariel Alvarez. La votación fue 7 a 2. Blancos y colorados apoyaron la inhabilitación y se opusieron los dos representantes de la izquierda, Wilfredo Penco y Washington Salvo.

Empero, de acuerdo con la decisión de la Corte Electoral, Alvarez, el representante del Frente Amplio en el TC no podrá votar ni ser elegido durante un año, ya que le fue suspendida su ciudadanía al ser procesado por la Justicia por el delito de injurias en una demanda que le entablara el ex ministro de Transporte, Agustín Aguerre.

El fallo de la Justicia data del pasado 20 de abril. La pena de prisión es de 5 meses, pero la misma quedó en suspenso.

La mayoría de la Corte Electoral resolvió la inhabilitación cívica de Alvarez, teniendo en cuenta la aprobación de una norma de diciembre de 1999 que establecía que una vez que se diera la inhabilitación de la ciudadanía por un fallo judicial, la Corte Electoral debía declarar la suspensión cívica. Es decir, se lo elimina transitoriamente del padrón electoral, por lo cual no puede votar ni ser electo. Posiblemente hoy, el organismo, le comunique su decisión al Tribunal de Cuentas, organismo que deberá expedirse sobre el destino de Alvarez en la administración pública.

La siguiente es la resolución del organismo: «Por lo expuesto por el Sr. Presidente que la Corte comparte, declárase que la sentencia de condena comunicada por el Juzgado Letrado en lo Penal de 5º Turno ha producido la suspensión de la ciudadanía del ciudadano Ariel Alvarez Pagani, por lo cual procede inhabilitar su inscripción cívica por el término de un año por estar comprendida su situación en lo dispuesto por el artículo de la Ley Nº 17.726 del 26 de diciembre de 2003, que debe computarse a partir del día en que quedó ejecutoriada la sentencia de condena».

El argumento esgrimido por los ministros blancos y colorados es que si Alvarez en el término de un año, no comete ningún delito, recuperará su ciudadanía y con él los derechos correspondientes al mismo.

La mayoría de la Corte entiende que la suspensión de la ciudadanía no la hace el propio organismo, sino que se produce de hecho por mandato constitucional al decretar la Justicia pena de prisión. «Lo único que hace el cuerpo, es inhabilitar su inscripción cívica y suspenderle sus derechos políticos.

Por su parte, los ministros que representan a la izquierda en la Corte Electoral, Wilfredo Penco y Washington Salvo, argumentaron su voto contrario a la inhabilitación, manifestando que como la Justicia dejó en suspenso la pena, no se cumple con el numeral 4 del artículo 80 de la Constitución que suspende la ciudadanía por una sentencia judicial que imponga pena de prisión. «La sentencia hacia Alvarez suspende la pena y por lo tanto, no corresponde la consecuencia de la suspensión de la ciudadanía», aclaró Wilfredo Penco.

El ministro dijo que la minoría hizo notar que durante 40 años, la Corte Electoral no inhabilitó la ciudadanía de quien fuera condenado por la Justicia, pero que su pena fue suspendida.

En cuanto a la suspensión de la ciudadanía, se recuerda el caso de Serafín Bejérez, ex intendente de Cerro Largo, quien abandonó el cargo por ser procesado con prisión.

No obstante, legisladores de izquierda enmarcaron la inhabilitación de la Corte Electoral hacia el ministro Alvarez como un «pasaje de factura» por el hecho de haber quedaron fuera de los organismos de contralor.

A modo de ejemplo, el diputado Eduardo Brenta (VA) entiende que Ariel Alvarez es el chivo expiatorio de una situación política, y enfatizó que la composición de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas no refleja el resultado de la última elección nacional, y ni siquiera la de 1994.

El legislador se manifestó partidario de enviar un mensaje a la Asamblea General para integrar las nuevas autoridades del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, «lo vote o no la oposición». Señaló que estos organismos no le otorgan garantías ya que no es representativa de la voluntad popular. *