España no hará excepciones a los uruguayos con Ley de Extranjería

Gargano regresó ayer al Uruguay tras cumplir una misión oficial que culminó con sabor amargo, tras haberse reunido con la ministra de Inmigración y Emigración de España Consuelo Rumí.

El ministro reconoció que persisten discrepancias con el gobierno español en cuanto al tratamiento de los inmigrantes uruguayos.

Gargano planteó el lunes en Madrid a la ministra Consuelo Rumí, que ese país respete lo estipulado en el Tratado de amistad firmado por Uruguay y España en 1870, que aún continúa vigente.

Sin embargo, la funcionaria española le aseguró a Gargano que el gobierno de Rodríguez Zapatero no hará excepciones con la nueva ley de extranjería.

De todas formas, Gargano dijo que el solo hecho de que la ministra lo haya recibido durante una hora es «un adelanto» en el relacionamiento del gobierno español con nuestros compatriotas. «Fueron conversaciones en un clima muy sereno, y muy positivas», dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

Las gestiones del canciller tenían como objetivo evitar la expulsión de más de 9.000 uruguayos que fueron desaprobados por la Ley de Extranjería, y por tanto permanecen en situación irregular.

El planteo de Gargano a Rumí se basó en que estos compatriotas pueden ser amparados por el Tratado de Amistad firmado entre ambos países en 1870, y que asegura la libertad de los ciudadanos de una y otra nacionalidad para trabajar, adquirir y vender bienes en los dos territorios.

A la vez, el ministro presentó como evidencia de la vigencia del acuerdo las sentencias judiciales favorables fundamentadas en el mismo que obtuvieron varios uruguayos residentes en la península. Sentencias que se encuentran en proceso de casación por parte del gobierno español, y que en caso de ser ratificadas por la Suprema Corte de Justicia estarían otorgando plena vigencia al Tratado.

De acuerdo a lo indicado por Gargano, la funcionaria española remarcó que ese acuerdo no está vigente para el gobierno ibérico.

Empero, Rumí aseguró que aquellos uruguayos que configuren «causal de arraigo» social o familiar y puedan comprobar más de tres años de permanencia en el país serán contemplados, mientras el resto de los «sin papeles» deberá abandonar España.

Esta postura del gobierno español fue confirmada en la víspera por el ministro de Trabajo de ese país, Jesús Caldera, quien previo a su partida desde el Aeropuerto de Carrasco, negó rotundamente la posibilidad de que se pueda hacer una excepción a la Ley de Extranjería, como solicitó el gobierno uruguayo.

«El problema está resuelto y con una gran calidad. No va a haber proceso extraordinario para nadie más», sentenció Caldera.

Asimismo el ministro Caldera aseguró que el total de uruguayos en situación irregular sería de poco más de un millar y no diez mil como trascendió. Afirmó que «más del 80%, casi el 90% que podía legalizarse porque estaban en edad de trabajar lo han hecho.

Once mil de ellos -añadió- lo han conseguido, sólo queda un diez por ciento sin hacerlo, pero podrán lograrlo a través del proceso de reagrupación familiar» previsto en la Ley de Extranjería.

 

Punto de vista oriental

Algunos de los uruguayos que han recibido el cedulón de deportación, donde se les otorgaba un plazo de quince días para dejar el país, ya están llegando a la fecha límite. Y los datos contenidos en los formularios de solicitud de amparo por la Ley de Extranjería, son suficientes para localizarlos o perseguirlos hasta provocar una verdadera «caza de brujas» cuando desde hoy los inspectores de migraciones comiencen a recorrer los trabajos y domicilios declarados.

Juan Sotelo, integrante del Centro Uruguayo en Madrid, dijo que «esta situación es ridícula por que el Tratado de 1870 se aplica en Uruguay para con los españoles que viven allí». Y en tal sentido exhortó a «la comunidad española en Uruguay para reclame la aplicación del mismo aquí, y entonces exista un trato igualitario de los ciudadanos de ambos países como corresponde».

De ahora en adelante, las asociaciones de uruguayos y las autoridades consulares en España iniciarán una serie de reuniones preparatorias de la visita que en el mes de junio les realizará Alvaro Portillo, director del «Departamento 20″, división del MRREE para atender a la diáspora uruguaya. *