Hasta 2018, el 0,29% de las conexiones de agua estará en manos de los privados

A las 15 horas de hoy, el Poder Ejecutivo aprobará la rescisión de la concesión de Uragua SA, por incumplimiento de contrato, lo que llevará a que el Estado uruguayo continúe prestando el servicio en el departamento de Maldonado a los 50.873 usuarios atendidos por la empresa extranjera. A la brevedad, OSE tendrá para sí, el 99,71% de las conexiones de todo el país, lo que representa 796.274 clientes. Un 0,29% estará en manos privadas hasta el año 2018.

Finalmente, el gobierno de izquierda hizo caer la concesión que la empresa estatal vasca, Uragua SA tenía en el departamento de Maldonado, argumentando incumplimiento en el contrato, basado en atraso en el pago del canon y en las obras de saneamiento proyectadas.

Hoy, el anuncio lo dará el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Mariano Arana, acompañado por las autoridades de OSE en el mismo Edificio Libertad.

Mientras tanto, el 28 de junio se llevará a cabo la instancia de conciliación en la demanda que Uragua le entabla al Poder Ejecutivo por daños y perjuicios, provocados por una caída «automática» de la concesión a partir del resultado del Plebiscito por el Agua, según argumenta la empresa. El reclamo de la concesionaria es de U$S 24 millones.

A partir de las 15.00 horas, las autoridades gubernamentales anunciarán la resolución del Ejecutivo, de hacer caer la concesión y explicitará una definición de las políticas de agua.

El subsecretario del Mvotma, Jaime Igorra explicó que OSE se quedará en breve con el 99,71% de las conexiones de agua, y se produjo una polémica por la permanencia en manos de privados del 0,29% de los clientes del país. Bajo el argumento de que se respetarían los contratos, y que la reforma de la Constitución no es retroactiva, Aguas de la Costa, seguirá con su concesión hasta que venza su contrato, en el 2018.

Igorra explicó que «quienes votamos a Tabaré Vázquez, lo hicimos sabiendo que respetaría los contratos. Lo dijo en San Carlos el 1º de setiembre de 2004, y en España, en el viaje que hiciera previo a las elecciones nacionales».

Sostuvo que no hay retroactividad en la reforma de la Constitución, y acotó que esta postura la tuvo el ex candidato blanco, Jorge Larrañaga y el nacionalista Andrés Ramírez.

El jerarca agregó que si se aplica la retroactividad, «el país se desangraría en juicios».

Acotó que «vamos a seguir abrazados a la bandera de que los contratos están vigentes, y que las empresas deberán seguir cumpliendo con sus obligaciones o sino se irán del país sin un peso».

En el caso de Aguas de la Costa, en 13 años terminará el contrato y el Estado asumirá el servicio sin la necesidad de tener que gastar plata.

En cuanto a los funcionarios de Uragua, existe intención del gobierno de absorberlos en la unidad que el Ejecutivo creará para hacerse cargo de los usuarios de Maldonado.

Pero Igorra enfatizó que hasta el momento, nadie discutió nada, y «ahora las correcciones las estamos haciendo a los ponchazos».

Sostuvo que tanto «Jorge Batlle, Lacalle chico y Adriana Marquisio nos pide que cumplamos con la Constitución, pero ellos no entienden que «no tenemos de dónde sacar la guita para hacer pago a los juicios ni para andar comprando empresas».

El subsecretario explicó que una vez que Uragua sea notificada de la rescisión del contrato, no podrá abandonar los servicios de un día para el otro, sino que deberá implementarse un «plan de abandono», que tendrá ser discutido con las autoridades de OSE.

 

La instancia judicial

El próximo 28 de junio se llevará la instancia de conciliación en el juicio que inició Uragua contra el gobierno uruguayo. En tal sentido, el Ejecutivo entiende que de dirimirse el caso en la Justicia, debe de hacerse en los tribunales uruguayos y no en los tribunales internacionales.

Es que esta empresa española puede recurrir a la ley de protección de inversiones que aprobara dicho país europeo, que habilitan que las demandas sean llevadas al ámbito internacional.

En el caso del anuncio de rescisión de contrato, fuentes de Uragua manifestaron a LA REPUBLICA que la empresa recién adoptará decisiones y manifestará una postura, cuando sea notificada la resolución presidencial. Es intención de la concesionaria, conocer los argumentos dados por el gobierno uruguayo para adoptar la rescisión. «Hasta que no haya notificación, Uragua no abrirá la boca», manifestaron fuentes de la empresa.

 

Quedará sólo Aguas de la Costa

Antes de finalizar el presente año, el Estado uruguayo tendrá bajo su responsabilidad, el suministro de agua potable del 99,7% de los actuales usuarios. Sólo un 0,29% estará en manos privadas, a partir del contrato vigente hasta el año 2018 de la empresa Aguas de la Costa. El gobierno entiende que la reforma constitucional no es retroactivo, y en este caso, el Estado asumirá el control, cuando venza el contrato.

Actualmente OSE tiene a su cargo el 92,38% de las conexiones de agua potable, lo que representa un total de 737.734 clientes. Trece cooperativas suministran el servicio a 7.667 familias (0,96%). Uragua presta servicios a 50.873 conexiones (6,37%) y Aguas de la Costa a 2.298 (0,29%).

A la brevedad, el Estado asumirá el control de los servicios prestados por Uragua, debido a la caída de la concesión por incumplimiento de contrato, y en pocos días de las conexiones realizadas por las cooperativas, que carecen de contrato, lo que lleva directamente a que OSE se haga cargo de los mismos.

El Estado uruguayo no tendrá injerencia en 2.298 conexiones que son las efectuadas por Agua de la Costa, que tiene contrato por 13 años más. *