Los trapos sucios y los nuevos tiempos

La reciente creación de un «Estado Mayor» de combate a las mafias del crimen organizado no es una noticia menor. Pero, entre otras razones, debido a la falta de una adecuada comunicación, la sociedad aún no percibió el posible positivo alcance de ese paso.

Esas mafias vienen gozando desde hace años de muy buena salud. La radical opción adoptada por las pasadas administraciones en transformar al Uruguay en una plaza financiera en que manda el «vale todo» estimuló la acción de estas organizaciones.

Detrás de la impúdica apertura ingresaron capitales procedentes de un amplio espectro de actividades ilícitas. Un rápido repaso de los episodios y casos que tuvieron resonancia pública permite recordar en la década de auge del neoliberalismo y la patria financiera, las acciones de los cárteles de la droga (Juárez, Medellín, entre otros), tráfico de armas (triangulación a través de sociedades uruguayas de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia), tráfico de oro y fuga de divisas (PC Farías, tesorero de Collor de Mello), captación de coimas (IBM-Banco la Nación argentino), entre tantos.

La permisividad de la legislación y, peor aún, de los controles de las autoridades, propició que nuestro país adquiriera la imagen de paraíso de dineros sucios a buen resguardo.

Uruguay fue en los noventa una suerte del «pozo negro» de la región. Fue necesaria la presión internacional para que los dos últimos gobiernos reaccionaran y, al menos, accedieran a impulsar una legislación más dura y compatible que la del resto de los países. Pero la nueva normativa legal no estuvo acompasada por la voluntad política de cerrar el paso a estas mafias sin frontera.

Las sociedades anónimas de inversión financiera (SAFI) siguieron usufructuando de la total impunidad para transformarse en los vehículos de los grandes negociados que conmovieron la región. El otro instrumento al servicio del crimen organizado fue el polémico instituto del secreto bancario, más bien el uso y abuso que se hizo del mismo ante la pasividad de los organismos de control, el Banco Central en especial.

Hoy, los nuevos tiempos parecen llegar acompañados de firmes intenciones de atacar este flagelo para que todos los uruguayos, y no los vivos de siempre, podamos ganar en calidad de vida, en seguridad ciudadana y en imagen de país serio y responsable.

El Estado Mayor contra el crimen organizado tiene tres pilares en su acción que a priori se presentan suficientes como para cumplir con los objetivos de aniquilar o desalentar a estas mafias de nuestra sociedad. Primero, se basa en el cruce de información entre las dependencias del Estado que manejan información calificada (DGI, Aduanas, BPS, Migración, Inteligencia policial, Dirección Anti Drogas y Banco Central). Segundo, la concentración de toda la información en la Dirección Nacional de Inteligencia, que para dignidad del Estado uruguayo y felicidad de sus habitantes, tendrá a partir de ahora roles al servicio de la comunidad y no de grupos de poder). En tercer término, y nos parece una cuestión clave, los voceros de la reunión desarrollada en el despacho del ministro José Díaz y que congregó a más de una decena de jerarcas, enfatizaron en que no se permitirá «interferencia política alguna».

El tiempo dirá si esta iniciativa llega a buen puerto, si Uruguay gana en consideración internacional. Ojalá queden atrás hechos como los vividos cinco años atrás por el inspector general de Policía Roberto Rivero (*) quien fuera humillado por el poder político por querer investigar las actividades del cártel de Juárez en el país.

El combate al crimen organizado no es una cuestión de tal o cual gobierno, es una cuestión de Estado, y como tal debe abordarse a nivel nacional. Y, saber que lo que sucede a los uruguayos les pasa a muchos otros países del mundo. Por ello otro requisito necesario es el abordaje del desafío sin prejuicios, se deberá coordinar con otros Estados en cuestiones que no interesa las ideologías u orientaciones de los gobiernos de turno. Lo que está en juego es la calidad de vida de los ciudadanos, del país y del mundo. *

(*) Roberto Rivero ha sido reivindicado por la presente administración y hoy ejerce la Presidencia de la JuntaHonoraria Asesora del Ministerio del Interior.