Técnicos ya trabajan en el Batallón 13

El equipo multidisciplinario de los profesionales universitarios que instrumentarán las prospecciones ingresó ayer por primera vez al predio del Batallón de Infantería Blindado Nº 13. Utilizaron una puerta trasera, y fueron escoltados por dos camionetas militares.

Los profesionales conducían una camioneta de la Universidad que arrastraba un trailer con instrumentos científicos y carpas donde instalarán sus áreas de trabajo. Dentro del predio, los militares ya habían colocado contenedores metálicos y varios baños químicos.

Los universitarios se fueron antes de las 14.00 horas, luego de hacer una inspección ocular de la flora superficial para comparar con las observaciones que hicieron de las fotos aéreas de distintas fechas que permitieron definir los «cinco sitios de interés arqueológico».

La observación primaria de la flora superficial, y su posterior análisis, permitirán a los científicos determinar con una precisión absoluta los lugares donde los militares removieron la tierra para exhumar y ocultar los cadáveres de los detenidos desaparecidos.

En caso que las «prospecciones arqueológicas» para comprobar que hubo remociones de tierras arrojen como resultado el hallazgo de restos humanos, los científicos comenzarán después una segunda etapa de «excavaciones antropológicas» para identificar cuerpos.

Una comprobación por métodos científicos que hubo «remociones de tierra» daría plena credibilidad a versiones militares, según las cuales, los detenidos desaparecidos fueron inhumados en predios militares, y luego exhumados para ser ocultados en otros lugares.

Ayer, el movimiento en el Batallón 13 comenzó cerca de las 8 de la mañana cuando camiones del Ejército Nacional ingresaron por un portón trasero, con material para cercar todo perímetro donde los científicos harían las tareas preparatorias de las prospecciones.

Luego ingresaron los profesionales en una camioneta blanca con el trailer que transportaba los pertinentes instrumentos científicos.

Cerca del mediodía, militares instalaron carteles que decían «Zona Militar. Prohibido Pasar» y luego, más abajo, colgaron otro cartel que aclaraba: «A disposición de la Presidencia de la República».

LA REPUBLICA pudo observar a uno de los universitarios cuando observaba el terreno, más precisamente en torno a la cancha de fútbol donde se denunció que enterraron varios presos políticos. Al costado de la cancha estaba estacionada la camioneta blanca.

Cuando culminen los trabajos en el Batallón 13, los universitarios harán un estudio similar en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, donde aún prosiguen con el correspondiente relevamiento comparativo de las fotos áreas para definir los «sitios de interés».

Las investigaciones continuarán después en otros predios militares y también en cierto padrones particulares donde se sabe que hubo lo que ya se conoce como Centros Clandestinos de Detención (CCD). Son lugares donde podría haber evidencia de remociones de tierra.

Las prospecciones podrán avanzar más rápido si el Poder Ejecutivo dispone fondos para que la Facultad de Ciencias pueda comprar un «georradar», instrumento para la medición geofísica de estructuras subterráneas, que alcanza los dos metros y medio de profundidad.

Las estructuras terrestres de los predios militares que hayan sido alteradas por remociones de tierras para exhumar y luego ocultar cadáveres dejan evidencias que demoran siglos en recuperar su apariencia anterior. Una remoción arroja sospecha de exhumación.

«Ya comenzaron» y «están avanzadas» las conversaciones con una fábrica española que se manifestó dispuesta a vender a Uruguay un georradar por unos 40 mil euros, una cifra considerada muy baja según los actuales valores de mercado para equipos similares.

Además, el georradar se financiaría con facilidad mediante su arrendamiento al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y a las propias empresas viales, para realizar controles de calidad en los cimientos de las carreteras y en las cabeceras de los puentes.

Las conversaciones en curso con la fábrica española están a cargo de los propios profesionales del equipo multidisciplinario que, por una decisión del Poder Ejecutivo, trabaja bajo la «coordinación» de Daniel Panario, el profesor grado 5 de la cátedra de Geomorfología.

Junto a Panario trabajan, entre otros, la licenciada en arqueología y geografía Ofelia Gutiérrez, y la antropóloga Elizabeth Onega. Los tres profesionales son docentes de la Universidad de la República, y todos han realizado varios cursos para maestrados y doctorados.

Se estima que todos los trabajos -incluidas las prospecciones, las eventuales excavaciones y los bancos genéticos de las familias de los desaparecidos- insumirían una inversión de 150 mil dólares, que esclarecerían las desapariciones en Argentina y en Uruguay.*