Maldonado, entre las torres y el agua

El senador de Correntada Wilsonista y candidato a la reelección, Enrique Antía, fue el primero en tirar sobre la mesa la discusión sobre el agua y el saneamiento, sólo algunos días después de que la voluntad ciudadana mediante plebiscito reafirmara su convicción de que el agua debe ser patrimonio del Estado y no puede estar en manos de privados.

El entonces intendente de Maldonado fue el primero en salir a la palestra proponiendo una salida al litigio que, seguramente terminará al menos con Uragua yéndose de nuestro país, no sólo por lo dictado en las urnas sino por los incumplimientos constatados por las autoridades en el cronograma de obras previsto, cuyo monto es de varias decenas de millones de dólares.

La pasada semana, el propio Antía presentó en el Senado un proyecto de municipalización de los servicios en el departamento de Maldonado, basándose en la imposibilidad de que el Estado pueda llevar adelante las millonarias obras, y en experiencias de otros municipios del mundo. Esto es tema de cada acto donde hacen uso de la palabra su primer suplente, el ex diputado herrerista Ambrosio Rodríguez, y los actuales legisladores Federico Casaretto y Nelson Rodríguez.

El tema Uragua ha sido incluido sistemáticamente en los actos políticos principalmente del PN y del EP-FA-NM, donde al menos el diputado Oscar de los Santos (Alianza Progresista), uno de los grandes rivales de Antía, también ha dejado entrever la posibilidad de una asociación mixta entre el Estado y el municipio para encarar el tema.

En tiendas de otros partidos (Colorado e Independiente), prácticamente poco se ha hablado de este tema. Tal vez por el bajo nivel de interés que despiertan los colorados, aun sumidos en graves problemas internos y afligidos más por mantener a sus propios dirigentes, y la escasa exposición pública del candidato del Partido Independiente, Heriberto Sosa.

Mientras esto ocurre, altos dirigentes blancos permanentemente están señalando que las empresas privadas que operan en Maldonado se deben ir porque así lo decidió «la ciudadanía». Para algunos analistas locales, esto es en realidad un ataque por tabla al nuevo gobierno del doctor Tabaré Vázquez para que defina con prontitud este asunto y deje al descubierto la posición de la izquierda en el propio departamento de Maldonado.

 

Los grandes proyectos

El otro gran tema que figura en la agenda de todos los partidos a nivel departamental, aunque sólo dos de ellos han salido a discutirlo a veces hasta con vehemencia, es el relacionado con los grandes proyectos edilicios aprobados entre diciembre de 2004 y febrero último en el ámbito de la Junta Departamental.

Casi veinte grandes proyectos, fueron aprobados con los votos blancos y colorados en la Junta Departamental, y promulgados por Antía en su momento (más de 10) y el actual intendente Luis Eduardo Pereira en las últimas semanas (otros 7). La férrea oposición del EP-FA-NM en la Junta Departamental trasladó las discusiones incluso a ámbitos nacionales, en la medida en que han opinado en favor o en contra desde ministros a juristas de diferentes partidos.

Acá en Maldonado, mientras la izquierda con el apoyo de dos votos de los partidos tradicionales, ha interpuesto sendas impugnaciones ante el Parlamento, el PN se encarga de acusar al EP-FA-NM de estar negando la posibilidad de generar miles de plazas de trabajo, pero no responde a las acusaciones de amiguismos e intereses políticos para que algunos proyectos se hagan realidad.

Pero la lectura que hace la izquierda en torno a los grandes proyectos, no parece ser de índole estrictamente política, habida cuenta de la similar postura asumida por otros sectores, integrados por adherentes a todos los partidos. La posición contraria a muchos de los grandes proyectos, es apoyada por varias gremiales vinculadas al sector turístico, y organizaciones de vecinos. Desde allí insisten en que no se ha mirado el futuro de la zona costera, que Punta del Este puede transformarse en una gran mole de cemento en lugar de mantenerse como actualmente es, una ciudad con amplios espacios verdes, costas cuidadas; que se están violando las normativas en materia de construcción y que se está traicionando a quienes en algún momento invirtieron sumas millonarias convencidos de que jamás les «plantarían» una torre frente a su puerta, para favorecer a otros.

Aquí también ha incidido la postura del hoy ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecto Mariano Arana, quien durante varias visitas a nuestro departamento ha apuntalado a quienes rechazan estos proyectos, provocando inmediatamente la reacción de los nacionalistas que meses atrás lo acusaban por «entrometerse en asuntos que son de los maldonadenses».

El PN acusa a la izquierda de frenar el progreso y fundamentalmente de impedir que se creen miles de fuentes de trabajo. El EP-FA-NM subraya que en el departamento de Maldonado se pueden potenciar muchas áreas para generar trabajo, en lugar de excusarse en excepciones que pueden afectar el presente y el futuro urbanístico y medioambiental de algunas zonas. *