Justicia porteña prohibió a las "off shore" uruguayas para evitar ilícitos económicos

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires aprobó una serie de resoluciones que procuran poner fin a las actividades ilícitas que, a través de sociedades «off shore» creadas por estudios jurídicos de Uruguay, se han venido verificando en Argentina durante los últimos decenios.

El caso de la muerte de 192 jóvenes en el incendio de la Discoteca República de Cromagnon, que figuraba como propiedad de una Sociedad Anónima Financiera de Inversión (SAFI) uruguaya, se constituyó en el disparador de la medida, calificada en el diario La Nación como el «punto final» a las «off shore».

La Resolución 02/2005 aprobada a mediados de febrero por la Inspección General de Justicia (IGJ) de Buenos Aires implica que las «off shore» que no puedan acreditar legitimidad, tenencia de activos (bienes o créditos) y actividad empresarial en su país de origen no podrán operar en la city porteña.

Estas «firmas fantasma», bajo las cuales se han ocultado numerosísimas ilegalidades en la región, serían borradas del Registro Público de Comercio porteño, y sólo podrían continuar operando si se convierten en una sociedad anónima argentina, con acciones nominativas y garantía de sus directores.

La medida que hasta la fecha rige exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires, podría ser ampliada, si se aprueba un proyecto de ley presentado en el Congreso del vecino país, por el cual la decisión de la IGJ implicaría a toda la República Argentina.

La decisión promete generar un fuerte impacto en la operativa comercial y financiera que muchas de estas empresas realizan en la capital del vecino país a través del empresas uruguayas que en realidad solo son una «carpeta» en un estudio contable de Montevideo, se indicó a LA REPUBLICA.

 

Las malas compañías

Desde comienzos de los años noventa, cuando la SAFIs tuvieron su mayor impulso y una serie de estudios jurídicos se transformaron en verdaderos «fabricantes» de este tipo de sociedades anónimas para «todo uso», estas «compañías» uruguayas aparecieron detrás de importantes casos delictivos.

Fueron «off shore» uruguayas como la sociedad Alfa Trading de Montevideo, las que operaron en el caso de lavado de dinero en Brasil donde quedaron implicados el ex presidente Fernando Collor de Mello y su amigo P. C. Farías, quien luego aparecería asesinado.

El juez federal argentino Jorge Urso, implicó a las firmas «made in Uruguay» Daforel SA, Elthan Trading, Delbote SA, Hayton Trade y Debrol SA como parte del sistema de transferencia de dinero para el sonado caso de tráfico de armas entre Argentina, Ecuador y Croacia,

Las investigaciones contra el MTB Bank de Nueva York mostraron que esas firmas operaron en el lavado de dinero entre Argentina, Uruguay y Brasil. La cuenta 0120064/6 en la que depositaban el dinero, fue prueba para encarcelar al ex presidente argentino Carlos Menem y su cuñado Emir Yoma.

La empresa argentina Mercado Abierto habría lavado el dinero del Cártel de Juárez a través de las sociedades uruguayas Tamilur SA, Clunan SA y South Pacific Trade; y del mismo origen era American Exchange y Filesa, implicadas en el soborno de la Causa IBM-Banco Nación.

El Banco General de Negocios (BGN) de Argentina operaba con la off shore Compañía General de Negocios (CGN) en Uruguay y ambas aparecen en el lavado de dinero argentino. También era un off shore «yorugua» el Trade and Commerce Bank (TCB) del grupo Peirano que generó la estafa bancaria.

La operación «Faro de la Colina», investigación sobre lavado de dinero, evidenció intrincados vínculos de empresas que iban desde el vaciamiento del Banco Banestado de Brasil con la financiera Beacon Hill, y alcanzaban a las maniobras del extraditable «il comendatore» João Arcanjo Ribeiro.

Empresas uruguayas llegan a aparecer con las cuentas secretas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena y el general Augusto Pinochet y también en el lavado de 50 millones de dólares del peruano Vladimiro Montesinos, hombre fuerte del régimen de Alberto Fujimori.

 

¿Permiso para estafar?

En una investigación publicada por LA REPUBLICA el pasado 31 de enero se recordaba que el Informe del Congreso argentino sobre lavado de dinero, señalaba particularmente a estas «holding» uruguayas como una herramienta para cometer todo tipo de «delitos comerciales».

Un estudio de la Auditoría Interna de la Nación de Uruguay confirmó que sólo en el año 1999 se crearon 4.374 Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) que están protegidas por el secreto bancario, fiscal y profesional, y apenas tributan un 0,3% anual sobre su capital.

Estas empresas que sólo requieren de un accionista, se pueden crear en apenas 72 horas, según se explica en la página web de un estudio jurídico y contable donde se ofrece la creación de la sociedad off shore que se necesite a través de la propia internet.

«Las SAFIs uruguayas le permiten al «adquirente» desarrollar todo tipo de operaciones fuera de Uruguay, con agilidad y bajos costos en el país. A través de éstas se pueden manejar cuentas corrientes y depósitos en cualquier lugar del mundo», promociona la web especializada.

Los depósitos «a nombre de una SAFI brindan anonimato al inversor, a su vez ventajas impositivas en el país donde se efectúa dicho depósito por parte de un inversor no resistente» y «facilita la compraventa de paquetes accionarios y permite mantener a los titulares de la operación en un completo anonimato», se promete.

En el Capítulo 10 del «Informe Carrió» sobre lavado de dinero, varios estudios jurídicos uruguayos son mencionados como «fabricantes» de estas sociedades anónimas: Hughes & Hughes, Oliveira & Delpiazzo, Guyer & Regules, Bado, Kuster, Zerbino & Rachetti, Posadas, Posadas & Vecino y Galante & Martins.

Otros estudios jurídicos y contables como Vignolli, Laffitte & Lublinerman o Estudio Etcheverrito, también se repiten como las matrices donde se crearon las sociedades anónimas uruguayas que hoy son propietarias de unos 16 mil inmuebles de alto valor en Argentina, según explica La Nación.

Diversas publicaciones argentinas han señalado como una curiosidad el que varios de los principales integrantes de esos estudios jurídicos o contables, hayan ocupado cargos de relevancia en los equipos económicos de sucesivos gobiernos uruguayos.

Al explicar las razones por las que la IGJ porteña aprobó la Resolución 2/2005 contra las «off shore», el ministro de Justicia argentino Horacio Rosatti subrayó que se busca «evitar que una empresa tome a la Argentina como pista de aterrizaje para realizar actividades de las que nadie se hace responsable».

Un punto de la resolución concluye: «Las estructuras societarias off shore constituyen  generalmente  instrumentos destinados a violar la ley, el orden público, la buena fe o los derechos de terceros o encubren la consecución de fines extrasocietarios, nada de lo cual debe ser tolerado por este organismo». *