Prorrogarán las ejecuciones judiciales

Estos lineamientos fueron adoptados ayer por una comisión que sesionó toda la tarde en el Edificio Libertad, lo que desembocaría en un decreto del gobierno que se anunciaría el lunes próximo.

En la reunión, estuvieron presentes los subsecretarios de Economía, Mario Bergara y Agricultura, Ernesto Agazzi, y directores del Banco República, el fideicomiso, Banco Central así como diez legisladores oficialistas, incluido Jorge Saravia.

La reunión descomprimió la más grave crisis interna del gobierno, tras el contundente rechazo público del ministro Danilo Astori al proyecto de ley de Saravia que proponía, entre otros aspectos, suspender por seis meses las ejecuciones.

«Estamos convocando a los deudores para que en estos sesenta días se presenten a la institución acreedora», dijo el senador Enrique Rubio (VA), que fue el vocero de la reunión en una conferencia de prensa convocada anoche. «Es una última chance para personas que tenían remate programado o inminente».

Rubio explicó que la comisión seguirá afinando las pautas para los planes de refinanciación, que se seguirán realizando caso a caso, como hasta ahora. También se promoverá la creación de una comisión parlamentaria multipartidaria y bicameral para estudiar el tema del endeudamiento interno.

El senador recordó el compromiso de Tabaré Vázquez el 1º de marzo, cuando dijo que ningún uruguayo que se haya endeudado para trabajar y tenga voluntad de pago verá rematada su propiedad única.

 

Las cifras

En la reunión se manejó la existencia de 55 mil deudores de todo el sistema financiero. El 78% le debe a la banca estatal. Los deudores del Caja Obrera, Comercial y Montevideo son 6.500, del Nuevo Banco Comercial, 2.200, de otras instituciones estatales, 2.500. Esto suma un 82% de los deudores en manos del Estado.

Los deudores de la banca privada son 2.200.

Saravia manejó en la reunión que había 30 mil juicio iniciados, pero Mario Bergara, subsecretario del Ministerio de Economía se constató que muy pocos llegan a la ejecución. En los últimos tres años, dijo Rubio, han habido 300 remates por año (1%) y en general corresponden a deudas de antes de 1997 sobre las que no se han manifestado ninguna voluntad de negociar una solución.

Esta proporción deja una probabilidad de que unos 10 remates correspondan a acreedores privados en los próximos dos meses.

Juan José Cladera, director del Banco República e integrante del fideicomiso, dijo que el 80% de los que acordaron el «Cupón Cero» en 2001 están al día.

 

Privados

Los bancos e instituciones del Estado, prorrogarán los remates. No se usa la palabra «suspender», porque interferiría con el proceso judicial.

Con la banca privada, además de invitarla a plegarse a la prórroga, el gobierno intentará coordinar pautas de negociación con los deudores.

Cladera explicó que actualmente el BROU tiene mucha disparidad de criterios en relación a sus deudores y a veces sus condiciones son más exigentes que las de los bancos privados. «Es muy difícil uniformizar a ciento veinte sucursales en todo el país –explicó–. Pero es lo que estamos tratando de hacer».

Saravia, que en la reunión de ayer insistió en la necesidad de una ley, finalmente se avino a la prórroga acordada. Empero, insistió en que se deben elaborar pautas clasificando a los deudores, pautas que considera que deben publicarse para mayor transparencia.

Otros integrantes de la comisión coinciden en la necesidad de afinar pautas, pero no de publicarlas. «Se trata de una negociación de cada deudor con la institución acreedora. Si se publica la pauta, jugamos con las cartas vistas», se dijo.

Rubio explicó que «hay miles de situaciones», que difieren «por tramos de monto, por sectores productivos, por antigüedad de la deuda, por comportamiento y por otras muchas variables».

Las formas de acuerdo incluyen modificaciones en las tasas, los montos (quitas) y los plazos.

 

Usureros

En cuanto a las deudas entre privados, se acordó que la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas va a instalar una línea telefónica para informar a los deudores.

«Muchos ciudadanos ignoran sus derechos y hay casos en que no se cumple la legislación sobre préstamos, que es muy limitada y aún así no se cumple y se presta con usura», dijo Rubio, que el oficialismo va a cambiar la ley para combatir la usura.

El senador frenteamplista insistió en que la situación de la deuda interna era heredada de gobiernos anteriores. Explicó que la solución acordada tiene en cuenta la necesidad de preservar la previsibilidad de las reglas de juego y la estabilidad, porque la inseguridad corta la cadena de ahorro e inversión, pero también de preservar el entramado social, castigado por la crisis.

Dijo que aunque fuera un solo caso, «hiere nuestra sensibilidad cualquier remate que afecte bienes de propiedad única, como puede ser una vivienda». *