José Díaz busca una salida política de consenso para la emergencia carcelaria

Díaz anunció los principales lineamientos de la iniciativa que incluye, entre otros objetivos, una fuerte inversión en ampliación de edificios penitenciarios con fondos propios del Ministerio para obtener 1.700 plazas nuevas y la posibilidad de habilitar libertades anticipadas. El proyecto, que se remitirá en pocos días al Parlamento, incluirá una reforma «minimalista» del Código del Proceso Penal tendiente a eliminar algunos delitos de la ley de seguridad ciudadana de 1995.

El informe presentado por Díaz al Parlamento generó en el diputado nacionalista Alvaro Alonso (Alianza Nacional) la convicción de que el ministro rebajó sus objetivos, además de que «ya no tiene tanto apuro».

El diputado herrerista Luis Alberto Lacalle, que fue quien promovió la convocatoria de Díaz a la comisión parlamentaria, opinó que para lo que pretende el gobierno ni siquiera es necesaria la elaboración de una ley, sino ajustar el funcionamiento del Poder Judicial.

El colorado Daniel García Pintos (Lista 15), que tenía intenciones de llamar a Díaz a Sala en régimen de Comisión General, se mostró ayer más cauto a la espera del proyecto del gobierno. De todas formas, manifestó alivio cuando el jerarca confirmó que no tiene intenciones de promover la eliminación del delito de copamiento que estableció la ley de seguridad ciudadana de 1995.

Por su parte, el diputado colorado Washington Abdala responsabilizó al funcionamiento del Poder Judicial por la situación de hacinamiento en las cárceles.

«Cuanto menos reclusos salgan en libertad, para nosotros va a ser mucho mejor, para la inmensa mayoría de la población. El tema de fondo es el proceso penal y en esto coincido con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, ahí está el nudo gordiano del asunto. Acá lo que ha funcionado mal es el proceso penal, que tiene lentitud, que tipifica situaciones que no son suficientemente claras», dijo. El llamado a Sala quedó además descartado, cuando ya se habían iniciado conversaciones entre el Partido Colorado y el Partido Nacional y le habían comunicado la intención al Encuentro Progresista. De esta manera, la oposición mostró «otro talante», según el diputado nuevoespacista Diego Cánepa, distinto al de los días previos, en que se habían multiplicado las críticas públicas al secretario de Estado. El diputado frenteamplista Edgardo Ortuño (Vertiente Artiguista) entendió que el oficialismo se centró en «cobrarle» a Díaz sus anuncios en la prensa, pero que su presencia en el Parlamento permitió ordenar su mensaje.

El Parlamento conformará una amplia comisión especial para abordar el proyecto que remitirá el Poder Ejecutivo.

 

Reacciones

Díaz señaló que las críticas de la Suprema Corte de Justicia por la idea de otorgar libertades anticipadas a presos con media pena cumplida fueron hechas en base a un cuarto borrador entregado a la corporación. Si bien no quiso descartar la medida, fuentes políticas aseguraron que «la orientación es que sea para presos con dos tercios de pena» cumplida, es decir, lo establecido en el régimen vigente. Además, sostuvieron que el primer borrador elaborado por técnicos del Ministerio tampoco fue aceptado por la bancada parlamentaria oficialista.

Mientras aún se esperan los informes definitivos del Instituto Técnico Forense, el ministro adelantó que serán algunos cientos de reclusos quienes se beneficiarán con las libertades anticipadas y que no llegarán a ser mil. Díaz calificó como «inventos que no sé de dónde salieron» las cifras superiores al millar que se han manejado públicamente y explicó que la evaluación de los criterios para otorgar las libertades deben conciliarse con la capacidad del Patronato de Presos y Liberados para asistir a los beneficiados.

A su vez, anunció que se creará un centro para la atención de víctimas de violencia en la órbita de la Dirección de Prevención Social del Delito, lo que fue recibido con beneplácito por los representantes de los partidos tradicionales.

Por otra parte, detalló la refacción y ampliación de varios establecimientos penitenciarios de forma de obtener 1.700 nuevas plazas. Según lo proyectado, además de las 700 nuevas locaciones que ya se empezaron a construir en el Penal de Libertad, se anexarán 500 en la cárcel de Canelones, 300 en el Complejo Carcelario Santiago Vázquez (Comcar) y 200 en el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR, ex Musto). La planificación es coordinada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Facultad de Derecho.

Ante las críticas de la oposición por enfocarse en la problemática de los presos antes que en la seguridad de los ciudadanos, Díaz recalcó que su prioridad es la «defensa del orden público».

Fuentes del oficialismo indicaron que serán cerca de 800 en todo el país los nuevos oficiales destinados a tareas de campo que antes cumplían tareas administrativas. Díaz destacó su preocupación por reordenar el instituto policial, al que consideró «caotizado», así como potenciar las comisarías. Al respecto, indicó que se modificó una norma que impedía que comisarios inspectores estuvieran al frente de las comisarías. *